Solano: policías no irán a la Isla Chica

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VIEDMA/CHOELE CHOEL (AV/ AVM).- Los policías detenidos por el caso Solano no irán a la Isla Chica, como se había anunciado hace una semana, pero su traslado de Lamarque “es inminente”, según se reiteró en el gobierno provincial. Ayer se cumplió -sin novedades- un mes de la orden judicial que dispuso su retiro de esa localidad. Poca urgencia se advirtió aunque se sumaron últimamente elementos y derivaciones. Ya existen denuncias de que los detenidos tienen plena autonomía en su lugar de detención. El intendente Sergio Hernández admitió a “Río Negro” haber notificado al gobierno del relato de una vecina que observó a uno de los presos cómodamente en el portón de afuera. Además, el jefe comunal confirmó que la provincia desistió del traslado a la abandonada escuela 74 de Isla Chica “tras una inspección del Servicio Penitenciario, advirtiendo que no cumplía los requisitos”. Hace una semana, el gobernador Alberto Weretilneck había adelantado que esos procesados irían a ese edificio, distante a unos 11 kilómetros de Lamarque. Además, Hernández aseguró que el gobierno le anunció del “traslado inminente” pero dijo no saber adónde sería. En realidad, la reacción de productores y la confirmación de las flexibles condiciones de detención motivaron el cambio de planes. Una vecina de Choele Choel se contactó con Hernández y denunció lo observado frente al dúplex donde están los policías detenidos. El intendente identificó a la mujer, creyó y trasladó la denuncia a las autoridades provinciales. La denunciante también habló con FM Visión de Lamarque. Narró su “inquietud” porque, de paseo por Lamarque con su hija de cinco años, al pasar “al lado de la comisaría” observó que estaba uno de los policías detenidos -al que identificó como Sandro Berthe- “a dos pasos de la salida, en el portón gris donde salen los autos del municipio. Me preguntó: está gente está presa o qué. No pueden manejarse con tanta impunidad. Estaba fumando un cigarrillo tranquilamente. Así se maneja la Justicia. Supuestamente son presos, pero están libres. Algo no está funcionando”. El pasado 8 de julio, el juez Víctor Soto aceptó una propuesta de la secretaría de Seguridad para trasladar a unidades carcelarias a los seis policías procesados que están en Lamarque. Propuso una negociación de partes pero, frente a la negativa, preveía su transferencia incluso con “el uso de la fuerza pública”. Los mandos de la policía no aceptaron esa posibilidad, lo cual derivó en una crisis entre esa Jefatura y el equipo de Seguridad que lidera Martha Arriola. Weretilneck medió pero Gobierno no pudo aún concretar los traslados. El ministro Luis Di Giacomo pretendía reacondicionar la vieja escuela de Isla Chica como lugar permanente para policías detenidos, pero esa opción ya fue desechada. La desaparición y presunto asesinato del joven trabajador Daniel Solano tuvo por estos días otras repercusiones. La abogada de Valle Medio María Cecilia Costanzo criticó al gobierno provincial y, puntualmente, sostuvo que el caso es una “mentira” y que todo gira en torno al abogado Sergio Heredia, a quien cuestionó y calificó de “fantasioso”. Costanzo, prima de la jueza penal Natalia Costanzo, quien lleva la investigación, fue duramente criticada por su vinculación con la empresa “Agrocosecha”, firma que trajo a Solano y a otros trabajadores norteños a la zona. Por otra parte, el bloque de Legisladores del Frente para la Victoria recibió al padre y al tío del joven desaparecido en noviembre de 2011. Participaron los legisladores Pedro Pesatti y Susana Diéguez y el secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso. Luego emitieron un comunicado expresando que “hay un entramado de complicidades que vienen entorpeciendo la marcha de la investigación y que no sólo involucra a los policías procesados sino también a otros actores y empresas directamente implicadas en la explotación de los obreros que, como Solano, eran traídos del norte para trabajar para Expofrut en condiciones medievales”.