Solicitan políticas claras que garanticen viviendas dignas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La dirección municipal de Tierras en conjunto con varias ONG y entidades vecinales reclamaron al gobierno provincial la urgente reglamentación de la ley de «regularización dominial», a fin de garantizar el derecho «a la vivienda digna y segura».

Señalaron que en los últimos años, a pesar de una «aparente» mejora de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, el acceso a la tierra y a la vivienda propia se tornó «cada vez más difícil».

Mencionaron el caso de las ocupaciones de terrenos, que sólo en Bariloche involucra «a más de 2.600 familias».

En la nota enviada al gobernador Miguel Saiz reclaman la reglamentación de la Ley 3.396, que definió la adhesión de Río Negro a la Ley Nacional de Regulación Dominial 24.374.

«Esta norma garantiza el derecho a habitar y como consecuencia a la vivienda digna y segura, que aún no cuenta con un marco jurídico ni con políticas que garanticen su protección a nivel provincial», refiere el mensaje firmado por la dirección de Tierras local, la Fundación Gente Nueva y la Asociación Un Techo para mi Hermano.

También adhirieron al reclamo los Equipos Pastorales de Tierra de Virgen Misionera y de El Frutillar, la Federación de Tierras y Vivienda, la Junta Vecinal Llanquihue y la Comisión de Vecinos de Nahuel Hue.

Cada uno de estos grupos cuentan con variada experiencia de trabajo con la demanda habitacional, que en los últimos años alcanzó en Bariloche niveles críticos debido al endurecimiento del mercado inmobiliario y a las escasas respuestas del Estado.

Las organizaciones que firman la nota advierten que «cada uno en el lugar que le toca ocupar tiene una cuota de responsabilidad» sobre el drama que enfrentan miles de familias sin casa propia, pero señalan con sutileza que «a mayor poder mayor responsabilidad y mayor compromiso con esa realidad».

Indican también que la ley 3.396 pendiente de reglamentación «resulta una alternativa eficiente para regularizar la tenencia de la tierra a familias que son poseedoras desde hace años».

«Se trata de un instrumento económico, rápido, eficiente y accesible en comparación con otros mecanismos -agregan-, ya que esta ley transforma en un proceso administrativo un complejo y costoso proceso judicial, preservando a su vez los derechos del titular registral».

Las entidades que firman la nota junto a la dirección municipal de Tierras señalan que la privación del derecho a la vivienda se agrava, entre otros factores, por «el creciente fenómeno de extranjerización, el incremento de la migración rural hacia centros urbanos, los precios inmobiliarios inaccesibles para el sueldo de los trabajadores, la escasez de alquileres permanentes y la falta de regulación de precio de esos alquileres».