Su barrio que quedó dentro de una comunidad mapuche y piden acceder a sus predios

Unos 20 vecinos del barrio Pilar 2 celebraron el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que anula una resolución de Magdalena Odarda, como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que reconocía la propiedad de un terreno a la comunidad mapuche Buenuleo.

Silvia Rodríguez indicó que el conflicto con la comunidad Buenuleo comenzó en 2010. “Todos tenemos boletos de compra venta a Antonio Buenuleo, pero en 2010, formaron la comunidad y el INAI avanzó con una resolución, reconociéndolos en 2019. Todo se complicó”, dijo la mujer.

“Es como si mi abuelo hubiera vendido unos terrenos y años después, cayeron mis bisnietos para exigir ese predio”, agregó Víctor Felley Sánchez.

Los vecinos aseguraron que, a partir de la resolución del INAI, la comunidad dispuso una tranquera en el predio y no permite el ingreso a sus terrenos. “Este nuevo fallo nos da esperanzas para avanzar con las denuncias penales y reclamar que la provincia avance en la regularización de los planos”, señaló Rodríguez.

Felley Sanchez recordó que “seis años atrás, el intendente Gustavo Gennuso nos pedía que lo votemos y nos prometía que iba a allanar el camino para que nos den el plano aprobado. Todavía estamos esperando”.

Marcelo Mora contó que, 40 años atrás, compró un predio en ese sector, junto con su hermano. “En ese momento, era un lugar inhóspito, complicado para acceder y tuvimos que hacer caminos. De repente, apareció una comunidad mapuche y con Emilio Friedrich comenzó la pelea. Pero detrás de Friedrich hay un montón de otros vecinos”, expresó.

En este momento, existen cuatro denuncias penales en trámite en la Fiscalía 5 por “situaciones de despojo y turbación de la posesión” en ese sector. “Este fallo (de la Cámara Contencioso Administrativo Federal) le quita la pretendida legitimidad que se invocaba para despojar a algunos vecinos de sus lotes comprados a Antonio Buenuleo”, manifestó el abogado Diego Breide, que representa a los vecinos.

«Es posible -agregó- que, junto con las denuncias penales, se presenten acciones civiles. Pero además, existen gestiones administrativas con el municipio y la provincia para la inscripción del plano de mensura y la subdivisión que pagaron los vecinos y que fue observado por Catastro«.

Dijo que hoy, un agrimensor de Viedma avanza en la reelaboración del plano y el gobierno provincial «se comprometió a solventar los costos para regularizar la situación de los vecinos del Barrio Pilar II».