Subsidios electorales

Esta semana sonaron otra vez las alarmas presupuestarias, ya que los subsidios del Estado para mantener bajas las tarifas de servicios volvieron a dispararse y amenazan con generar fuerte impacto en el gasto público. Lo peor es que el esquema indiscriminado que se aplica no beneficiará a los más pobres sino que transfiere ingresos a las clases medias y altas.

Un informe de Ecolatina reveló que los subsidios saltaron un 100% en 2020 y casi un 80% en el primer trimestre de 2021, duplicando la inflación. Y pasarán del 1,6% del PBI al 3% este año. También la Asociación Argentina de Presupuesto y administración Financiera Pública (ASAP) dice que los subsidios volvieron a sobrepasar el déficit financiero y triplicaron el monto del déficit primario, tras seis años.

El servicio siempre se paga. Lo hacemos directamente como consumidores o indirectamente a través del Estado, que con subsidios evita que mucha gente abone el precio real, que no podría afrontar. En Argentina el mayor peso está en el sector energético, adonde van dos de cada tres pesos que el Estado destina a la economía.

El tema comenzó en 2002, cuando tras la crisis se renegociaron los contratos de las empresas de electricidad, agua, gas y transporte, cuyas tarifas estaban atadas al dólar, y se decidió no actualizarlas automáticamente (lo que hubiera multiplicado los precios) para no afectar a los más pobres. Luego hubo intentos para ir ajustando los valores a la suba de costos (insumos, salarios, tipo de cambio, inversiones, precios internacionales) en los gobiernos de Duhalde y de los Kirchner, pero todos naufragaron por lo impopular de su aplicación. La gestión Macri realizó una importante baja de subsidios, pero a costa de un fuerte aumento de tarifas que afectó el ingreso de las familias e impactó en la inflación, lo que derivó en un congelamiento en 2019. La parálisis económica por la pandemia de 2020 obligó no solo a mantener los subsidios sino a incrementarlos.

Ahora el gobierno plantea un descongelamiento gradual de tarifas. Para algunos de sus miembros debería llegar al 30% este año, discriminando sectores, pero el kirchnerismo ortodoxo pretende sólo un 9% general, argumentando las consecuencias sociales de la pandemia y que una suba abrupta aumenta la inflación y afecta sus chances electorales.

Tal postura parece imponerse, pese a las advertencias del ministro de Economía, Martín Guzmán, de que es un esquema “pro-ricos”. Los números le dan la razón al ministro. Con el sistema actual, se calcula que los subsidios llegarían a fin de año a un 5% del PBI, lo que aumenta el déficit fiscal, acelera la emisión monetaria y presionaría aún más a la inflación, que impacta a los más pobres. Por otra parte, en valores absolutos, con tarifa plana quienes tienen más poder adquisitivo reciben mayor proporción de subsidios totales, ya que usan más electricidad y gas. Es decir, el beneficio es mayor mientras más alto el ingreso y consumo.

La discriminación es geográfica también: los precios de la energía en el interior son mayores a los del AMBA, con lo cual un hogar pobre del interior recibe menos subsidio que uno de clase media. Además, el uso de energía es sensible al precio: las tarifas bajas estimulan el consumo y el derroche en vez de la eficiencia energética, sube la necesidad de subsidios y presiona para importar combustibles, exigiendo más divisas al país. Al no haber una política sustentable de precios a largo plazo, las empresas dejan de invertir. En esta década los subsidios energéticos se destinan en un 85% a gastos corrientes de las empresas y apenas el 15% a inversiones, según el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”.

El esquema de “subsidios para todos” es insostenible para las cuentas del Estado y socialmente injusto. Existen herramientas como la tarifa social y cruces de información para focalizar la ayuda en los hogares más pobres y que los de clase media y alta abonen precios más normales que pueden afrontar. Lo contrario es un despilfarro de recursos públicos que genera presiones inflacionarias a futuro y afecta negativamente a la producción energética y a la economía.


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