Endurecen las penas por la tala ilegal

La nueva ley de Bosques aprobada en segunda vuelta por la Legislatura Rionegrina establece multas más severas para los furtivos.

Lo novedoso es que además, serán sancionados no solo quienes corten árboles sino también los arquitectos que dirigen los proyectos y los propietarios de las tierras.

“Partimos de una muy mala situación con una ley de 1972 que tomaba como aforo básico el álamo, y se debía pagar -a precios de hoy-, multas de apenas 25 pesos por ejemplar. Las multas se apelaban, nunca se cobraban y se devolvían las herramientas en función del 14 bis de la Constitución”, especificó el legislador Alfredo Martín, autor de la iniciativa, junto con Silvia Paz.

A partir de la nueva norma, la multa mínima será de 3 sueldos de la administración pública lo que representa entre 40 y 45 mil pesos, con sanciones máximas en torno a los 450 mil pesos. Además, se retendrán las herramientas y los vehículos.

“Esta ley es una manera de mantener y proteger a los bosques andinos y sus variedades autóctonas, de contener la tala indiscriminada y el furtivismo. La forma de poner coto esos ataques al bosque es cobrando las multas como se debe”, agregó Martín.

El legislador de Juntos Somos Río Negro destacó además la iniciativa de la Dirección de Bosques de crear un nuevo cuerpo de inspectores, conformado por unas 15 personas, que contarán con acompañamiento policial.

Tala ilegal: multas más severas

La fiscalización de la indiscriminada tala de bosques es un tema cada vez más sensible en Bariloche y El Bolsón. Los ambientalistas ya denunciaron en varias ocasiones “zonas liberadas de desmontes”. El incremento de los procedimientos, aunque poco efectivos, llevó a los legisladores Silvia Paz y Alfredo Martín a proponer la actualización del esquema tarifario de las multas y ampliar las responsabilidades a otros actores involucrados.

“La Ley Forestal de Río Negro es del año 1972, cuando se creó el Servicio Forestal Andino para preservar las áreas boscosas. Pasó mucho tiempo y hoy, tenemos necesidad de implementar normativas más severas para proteger las zonas boscosas. Las multas eran irrisorias porque hace muchos años que no se actualizan. Hoy, la más cara alcanza los 2500 pesos. Entonces, lo cierto es que hoy conviene tirar abajo un ciprés que pagar la multa para dar lugar a un emprendimiento”, remarcó Martín.

De acuerdo al proyecto ingresado en la Legislatura Rionegrina, las sanciones arrancan desde los 300 hasta los 10.000 sueldos básicos de la administración pública provincial que rondan los 8 mil pesos, con lo cual las multas parten de 2,4 millones, las leves, hasta 80 millones de pesos, las más graves.

Con el nuevo esquema, otros actores también son pasibles de recibir sanciones. No sólo la persona física o jurídica que ejecute la obra de desmonte sino también todos aquellos que de un modo directo o indirecto, participen en la comisión del hecho.

“El empleado que cargue el árbol o lo transporte sin documentación también percibirá una multa. Se incorporaron muchas situaciones y se considera que todos son solidarios”, recalcó el legislador de Juntos Somos Río Negro.