Techo Digno: avanza la causa con más datos aportados desde Jacobacci

La Justicia recibió documentación que estaba en el municipio sobre el plan de 50 casas licitado durante la gestión del FpV.



El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal 3 de Bariloche. Foto: José Mellado

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal 3 de Bariloche. Foto: José Mellado

Por pedido de la Justicia, el municipio de Jacobacci volvió a remitir documentación relacionada a las 50 viviendas que se construyeron en esta ciudad durante la gestión anterior del gobierno nacional.

Hace unos días, el municipio recibió el oficio digital N° 1083, proveniente de la Unidad Fiscal Temática 3 de Bariloche, a cargo de Guillermo Lista, en el que le solicitaba toda la documentación existente, ya sea en soporte papel o digital, concerniente al plan de viviendas Techo Digno.

A fines de mayo de 2017, en el marco de un allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadío, personal de Gendarmería se llevó gran parte de la documentación original que tenía el municipio relacionado al plan.

“Ya habíamos enviado documentación a requerimiento de la Fiscalía. Ahora nos la volvieron a solicitar y enviamos copias que nos habían quedado” señaló la asesora legal del municipio, Glenda Altamirano.

La documentación requerida fue relacionada con la contratación de la empresa que ejecutó la obra y los pagos que le realizaron. El miércoles, con custodia policial, la misma fue remitida por el municipio al fiscal Lista.

Los fondos recibidos

22,4
millones de pesos fueron remitidos desde Nación para la ejecución de las viviendas en la ciudad de la RegiónSur.

El programa Techo Digno comenzó a ejecutarse durante la gestión de Mario Del Carpio (FpV). Para tal fin el gobierno nacional envió al municipio $ 22.482.905. Sin embargo luego de asumir Carlos Toro (UCR) se constató que hasta diciembre del 2015 se había ejecutado el 57% de la obra, mientras que el municipio había certificado el 100% y pagado a Urban S.A. $ 19.893.319. Del resto se habían utilizado $ 1.378.430 en el pago de una obra de gas y en la compra de camión recolector y no encontraron comprobantes que acreditaran en qué se habían gastado los restantes $ 1.211.156.

Estas irregularidades trababan la continuidad de las casas. Para podervanzar, el municipio debió judicializar este faltante y presentó el resto de la documentación ante la Dirección Nacional de Políticas Habitacionales. Luego, a través de un convenio entre el municipio, el IPPV y la Nación se inauguró el barrio en septiembre de 2018.


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