Techo Digno: confirman la causa como «asunto complejo» en la investigación contra Reggioni

El proceso involucra a un empresario y a tres cooperativistas. De esta manera se extienden los plazos para investigar.





La jueza de juicio de Cipolletti Florencia Caruso confirmó la resolución de primera instancia y declaró el proceso de la causa por Techo Digno que involucra al exintendente de Fernández Oro Juan Reggioni  como  «asunto complejo».
Esto le permite a las partes duplicar los tiempos de investigación; el Ministerio Público Fiscal tiene plazo de un año para juntar pruebas que confirmen las acusaciones por defraudación a la administración pública.

Al igual que lo dictaminó la magistrada Agustina Baginole, Caruso entendió que estaban dados los requisitos en cuanto a la pluralidad de imputados y además ponderó la existencia de cinco “defensas activas”.


«Es cierto que se podía haber discutido en otra instancia, pero entiendo que están dadas las condiciones para declarar la causa compleja», esgrimió Caruso en una audiencia que se realizó vía Zoom. Al final de la jornada, la jueza hizo una advertencia a la Oficina Judicial y les informó que solo participará de la audiencia de Control de Acusación,  si es designada, en modalidad presencial.

El 6 de octubre, la justicia cipoleña admitió los cargos contra el exjefe comunal de Oro quien quedó imputado junto a Néstor Sarasola, titular de la empresa Eraiki que había obtenido la licitación de las obras de Techo Digno.

También fueron acusados formalmente Fabio Huenchunao, Luis Méndez y Diego Quintero -hijo de Reggioni , presidentes de las tres cooperativas. A Reggioni se lo acusa de darle otros destinos a los fondos que llegaban de Nación para construir viviendas en Fernández Oro.

Las investigaciones penales se iniciaron hace cinco años y en agosto pasado comenzaron con la ronda de acusaciones. El proceso involucraa a  exintendenres, diputados y empresarios de la región.


La megacausa, distribuida en los cuatro tribunales de la provincia , se enfoca en el uso público de casi 700 millones de pesos, enviados entre el 2013 y el 2015 por Nación a los municipios investigados. Esos desembolsos representaban entonces unos 80 millones de dólares. Su actual equivalencia en pesos estaría en los 14.000 millones.


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