Techo Digno: dos ex intendentes son sobreseídos por el juez Gandolfi

Revisó las acusaciones contra Iud y Mas. El fallo favorece también al constructor Castelli. La contradicción con media docena de jueces. El brazo político de la resolución.




Las investigaciones por “defraudación a la administración pública” de los fondos para viviendas de Techo Digno en las gestiones de San Antonio, de Javier Iud y de Conesa, Alejandra Mas concluyeron ayer cuando el juez Ignacio Gandolfi falló en contra las imputaciones de los fiscales y, directamente, resolvió sus sobreseimientos.

Ambos ex mandatarios -conjuntamente con el constructor Juan Castelli- estaban imputados por las irregularidades en la utilización de esos ingresos nacionales, destinados a barrios en sus localidades. En el inicio de agosto, el juez Juan Martín Brussino aceptó esas acusaciones y avaló la continuidad de las pesquisas. Por una apelación de la defensa, Gandolfi analizó lo actuado y, sorpresivamente, avanzó en el proceso para concluir con los sobreseimientos.

Esa conclusión judicial sorprendió cuando subsisten más de media docena de causas similares por Techo Digno, con iguales acusaciones, que fueron avaladas por seis jueces para profundizar con las investigaciones de las irregularidades denunciadas por los fiscales.

Las causas involucran a ex intendentes del Frente de Todos (algunos, hoy parlamentarios, como la legisladora Mas), por lo cual, las defensas siempre aludieron a cuestiones políticas.

La resolución de Gandolfi parece ir en ese sentido, a partir de los innegables vínculos del juez con el oficialismo provincial, que quiso y quiere desactivar estas causas penales por diferentes razones. Entre otras, el rescate de Iud.

En sus argumentos, Gandolfi afirmó que las imputaciones deben estar fundadas y, en ese sentido, no avaló la teoría de los fiscales contra los ex legisladores Iud y Mas. Las irregularidades se repiten en todos los expedientes de Techo Digno. Las mismas están en la inconsistencia entre los envíos de Nación y el nivel de construcción de los barrios, incluyendo certificaciones falsas de ejecución para requerir nuevas transferencias.

Hasta ahora, Brussino y cinco jueces de otras circunscripciones convalidaron exactamente el enfoque planteado por los fiscales en la continuidad de las evaluaciones de las maniobras irregulares, según las acusaciones.

Sólo la cipoleña Alejandra Berenguer, en la apelación, observó la falta de precisiones -entre ellas, cuáles eran las certificaciones falsas- y no aceptó los cargos, que inicialmente fueron avalados por su par Laura González Vitale. En su fallo, Berenguer liberó al diputado nacional Pedro Dantas por su gestión local en Campo Grande aunque está situación será analizada próximamente por el magistrado Guillermo Baquero Lazcano.

Hay imputaciones pendientes y siguen las causas penales contra el actual mandatario Luis Ivancich (Godoy) y los ex intendentes Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado) y María Eugenia Martini (Bariloche).


Iud tenía razón: “La Justicia no es objetiva”


El ex legislador peronista y ex intendente de SAO, Javier Iud, favorecido ayer con el fallo del juez Ignacio Gandolfi, no ocultaba su descreimiento con la Justicia.

“No creo en su imparcialidad y no es objetiva”, dijo el 5 de agosto cuando la fiscalía presentó acusaciones contra él, en relación al uso de fondos públicos nacionales de un plan de viviendas de Techo Digno cuando era jefe comunal. En esa audiencia, el juez Juan Brussino habilitó seguir con la investigación pero Gandolfi revocó ayer esa intención. Su decisión profundizó en favor de los imputados con el dictado de los sobreseimientos que favorecen también a la ex jefa comunal de Conesa y actual legisladora del FdT, Alejandra Mas y al constructor Juan Castelli.

Esta resolución cierra el proceso por defraudación a la administración pública, que es central en la maniobra expuesta por los fiscales.

¿Cómo explicar esta revisión judicial cuando seis de los siete jueces anteriores sostuvieron la investigación? Y la séptima magistrada observó su expediente por imprecisiones.

En su caso, Gandolfi avanzó en el análisis del hecho cuando sus pares entienden que la audiencia de cargos es una instancia preliminar y, salvo vicios formales, se convalidan la continuidad de esas pesquisas penales.

Esas contrariedades en la Justicia afloran por las múltiples interpretaciones de jueces de garantías o de juicio, que conllevan una solapada pulseada de poder con los fiscales, ascendidos en sus roles en el sistema acusatorio. La unidad de criterio técnico es un punto por resolver -cuanto antes- por parte del Poder Judicial.

Pero, el camino elegido por Gandolfi expone el brazo político en la Justicia, que ya se insinuó cuando la mayoría de los acusados -entre ellos, Iud- nombraron como defensor al apoderado de JSRN, Damián Torres.

Desde hace un tiempo, el vínculo político y afectivo del ex legislador Iud y el senador Alberto Weretilneck se hizo evidente. Por caso, esta causa penal frustró -hasta ahora- el acceso del peronista al gobierno provincial, pues la gobernadora Arabela Carreras entendió inconveniente -en su momento- su designación como secretario de Pesca.

Hace menos de un mes, el sanantoniense transparentó su adhesión al oficialismo, tras una publicitada reunión y foto con Weretilneck.

En cambio, la pertenencia de Gandoldi no tiene giros y se sabe de su histórica ligazón al ex gobernador. Llegó, en el 2015, a la magistratura cuando era segundo de la Función Pública de Río Negro, siempre con el aval del todopoderoso presidente del bloque oficial, Facundo López.

Lo sabía y bien lo expresó Iud sobre la parcialidad de la Justicia. Y, en definitiva, él supo dónde ubicarse.


Las audiencias pendientes de imputaciones y sus convocatorias


Aún están pendientes dos audiencias de imputaciones de los expedientes iniciales de la mega causa de Techo Digno. Esos encuentros fueron postergados por cambios de las defensas.

Según la nueva programación, el viernes 24, en Viedma, se cumplirá el debate de acusación contra el jefe comunal de Sierra Grande, Renzo Tamburrini por el financiamiento de un plan de viviendas en su primer mandato. Lo defiende al abogado oficial Pedro Vega.

Se prevé en Cipolletti para el 1° de octubre que se realice la audiencia donde la a fiscalía presente las acusaciones contra el ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, con la defensa de Guillermo Oviedo.

Luego, el 4 de octubre, el Tribunal de Impugnación escuchará las partes en la causa penal de Campo Grande donde se imputó al diputado nacional Pedro Dantas aunque, posteriormente, la jueza Alejandra Berenguer revocó por imprecisiones.


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