Techo Digno: Pichetto defendió a los imputados, pero dijo que no sabía del nivel de ejecución

Los exintendentes y empresarios se “desempeñaron con honestidad” en los planes de viviendas investigadas, dijo. Aclaró que no seguía su avance. “Lo mío fue político, no soy constructor”.





El ex senador Miguel Pichetto habló de su participación en los planes de Techo Digno, actualmente en debate en la Justicia. Alejado hoy de la política rionegrina, la aparición del último candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se concentró en la defensa de los exintendentes y los empresarios acusados por la Justicia.

Reiteró que era “un plan integral” y que los fondos fueron a los barrios. Empuñó la estrategia de los imputados, remarcando incluso la continuidad del financiamiento y el tratamiento del gobierno de Mauricio Macri con el municipio de Viedma.

Durante años, Pichetto -que encabezó durante 17 años la bancada oficialista en el Senado y cuatro presidencias de la Nación- fue clave en la obtención de obras en Río Negro y, entre ellas, las viviendas de Techo Digno para los municipios. Por eso, su nombre aparece reiteradamente en los testimonios en las audiencias y en las investigaciones.

En diálogo con RÍO NEGRO, el ex parlamentario justicialista resaltó esa labor política aunque se desvinculó del seguimiento de las construcciones, que es el punto de la discusión judicial.

“No tenía conocimiento del avance ni de la certificación. Lo mío es político, no soy constructor”. Insistió que su labor fue “la de siempre, la de 18 años de senador y 8 años de diputado. Así, impulsamos rutas, gasoductos, planes Promeba, y los edificios de la UNRN”.

– P: ¿Y cómo fue el plan Techo Digno en Río Negro?.

-R: Se acordó una relación directa de Nación y Municipios cuando eran muy pocas viviendas en construcción. Se empezó con Regina y Fernández Oro, y la mayor cantidad se suscribieron entre el 2012 y 2014. Era un plan integral, no sólo de las viviendas, también comprendía obras complementarias (servicios, calles). Existió un hecho político. Al asumir, Mauricio Macri cortó el financiamiento y plantea transferir a la provincia, salvo Viedma que sigue las obras complementarias y se le paga el movimiento de suelo ya realizado. Aún con el mismo empresario, se rescinden en San Antonio y Conesa, y se lo denuncia. Los intendentes y los empresarios se desempeñaron con honestidad, actuaron correctamente si no la Provincia no habría podido reconducir los contratos con los mismos empresarios.

-P: El Programa era integral, pero los convenios firmados y los financiamientos eran para las viviendas. ¿No es así?.

-R: El programa se llamaba de Construcción de Viviendas Techo Digno e Infraestructura. No es solo viviendas, hay que analizar correctamente el proceso integral de un barrio, empezando por nivel el terreno.

-P: La Justicia investiga el envío de Nación a los municipios de fondos convenidos para las casas, propiamente dichas. Y esas transferencias no fueron totalmente a esas construcciones.

-R: Habrán ido a otros proyectos que tienen que ver con la necesidad de realizar tareas previas para desarrollar el barrio.

-P: ¿Y ese desvío ya no es una irregularidad?.

-R: Bueno, es un plan integral. Pero no lo puedo analizar porque esa no era mi tarea. No estaba en la continuidad ni en el seguimiento de las obras, siempre intente ayudar para destrabar la situación. Nunca estuve en el detalle. Tres cosas: las viviendas están terminadas, todos los recursos fueron a esas obras, y los valores estaban subvaluados. La investigación podrá acreditar que la inflación se comía parte de los recursos. Esto empezó en la Justicia Federal con (Claudio) Bonadio, que tomó algunas medidas y, tres años después, se lo paso a la provincia.

-P: Los exintendentes aluden que es una causa política. ¿Ud. tiene la misma opinión?.

-R: No quiero avanzar en calificaciones de la Justicia. No es mi estilo, pero sí que sostenga una mirada más equilibrada, pues era un plan integral.

-P: ¿Ud. se reunió por este tema con funcionarios del gobierno de Macri?.

-R: Si. Acompañé a los empresarios cuando se reunieron con Frigerio, que siempre tuvo una mirada crítica, que no la mantuvo con Viedma.

– P: ¿Además de su gestión política, también existía aporte técnico? La pregunta está orientada a que los ex intendentes niegan las firmas de las certificaciones y apuntan a Buenos Aires.

-R: Yo no tenía conocimiento del nivel de avance ni de certificación. Lo mío es político, no soy constructor.

-P: ¿Tampoco existía participación técnica de su equipo?.

-R: Siempre colaboramos desde mi oficina, pero en ese tema -certificación de ejecución- se requería de la firma del intendente y del empresario. Nunca intervine en eso. Lo mío empezaba y terminaba con la gestión política. Los intendentes y empresarios son totalmente inocentes. Desafío que alguien me diga si alguna vez le pedí algo en todos mis años de gestión.

Los intendentes y los empresarios se desempeñaron con honestidad sino la Provincia no habría podido reconducir los contratos con las mismas constructoras”.

Miguel Pichetto.

La inflación, el financiamiento para Viedma y el engaño de Frigerio


Una dificultad repetida por Pichetto al analizar la ejecución de los barrios estuvo en “el proceso inflacionario” y la subvaluación de costos fijados por el Estado. “Al asumir el gobierno de (Mauricio) Macri, se subieron en un 50%, de 500 mil a 700 mil pesos”, recordó.

Habló de un engaño a los jefes comunales cuando la Nación promovió la rescisión de los contratos originales, “pedido en Choele Choel por el ministro (Rogelio) Frigerio, que les dice que la continuidad pasará a la Provincia. Aclara que si existiera alguna irregularidad sería el intendente el que haría la denuncia, pero ese documento nunca salió a la luz pública. Y, luego, los denunciaron”, remató.

Otra referencia estuvo que el “gobierno de Macri corta el financiamiento aunque lo mantiene en Viedma cuando existía el mismo avance y era el mismo empresario en SAO y Conesa, que si se suspendió”.

En otra parte, el exsenador remarcó que en Río Negro se concluyeron con los planes cuando, en el país, existen unas 45 mil casas paralizadas. Alude a la reciente ley nacional 27.613 para sus finalizaciones y “la liberación de los procesos judiciales civiles y penales”. Consignó que “en Buenos Aires, muchas viviendas no avanzaron porque los valores eran inferiores a los reales”, insistiendo en la subvaluación de los costos fijados para esas construcciones.


Presidenciable y el apoyo a Tortoriello


En lo político, Pichetto repite que está “retirado en la Provincia” y recuerda que, “desde hace cinco años” tiene domicilio en Buenos Aires, aunque “sigo interesado en Río Negro. Tengo parte de mi vida”.

Ratifica su apoyo para Aníbal Tortoriello en las Primarias. “Estoy en las cercanías del PRO. No soy un papel al viento. Apoyo a (Diego) Santilli en Buenos Aires y a (María Eugenia) Vidal en Capital Federal”.

Además, contó que arma el partido Peronismo Republicano para ser candidato en el 2023 dentro de Juntos por el Cambio. “Me ofrecieron ser tercero en Buenos Aires para Diputados, pero esa etapa está cumplida. Mi aspiración es discutir la presidencia en el 2023, con un partido propio, en el espacio de la oposición”.

Lo mío fue la gestión política, como siempre. Yo no tenía conocimiento del nivel de avance ni de certificación (de las construcciones). Lo mío es político, no soy constructor”.

Miguel Pichetto.

Diez imputados, con ocho exintendentes, y se consolidan dos “teorías” de los casos


La mega-causa Techo Digno ya acumuló diez imputados, ocho exintendentes y dos empresarios. Quedan audiencias, como la destinada a las viviendas de Sierra Grande ( fijada para el 30 de agosto) y las de Fernández Oro (programada, pero se postergó para septiembre).

El debate judicial por los barrios de Cinco Saltos todavía no fue requerido mientras sigue el análisis de los fiscales de Jacobacci, Cipolletti y Roca.

Hasta ahora, los imputados por defraudación a la administración pública en ocasión de sus gestiones municipales son Luis Ivancich (Godoy), Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes), Carlos Pilotti (Río Colorado), Alejandra Mas (Conesa), Javier Iud (San Antonio), María Eugenia Martini (Bariloche) y Pedro Dantas (Campo Grande).

En cambio, en los empresarios se detectaron evaluaciones distintas por parte de los jueces -por jurisdicciones- frente a iguales hechos y acusaciones (partícipes necesarios). Puntualmente, los dos roquenses -María Gadano y Julio Martínez Vivot- no aceptaron los cargos de los privados mientras que los magistrados de Viedma (Juan Brussino), de Cipolletti (Laura González Vitale) y de Bariloche (Ricardo Calcagno) avalaron imputaciones contra dos constructores de las obras involucradas: Juan Castelli y Luis Saiz.

Simultáneamente, dos “teorías del caso” se consolidan.

Las acusaciones fiscales se concentran en un hecho repetido en los planes observados: el ingreso a los municipios de envíos de Nación de fondos malhabidos, a partir de documentos que falsean los niveles de ejecución de los barrios, cuya certificación es la base de las transferencias. El posterior uso de los fondos es un debate aparte para el Ministerio Público.

La respuesta de la defensa se enfoca -en general- en que los fondos fueron usados en los barrios y se concentra en la integridad del plan, a pesar que los convenios y envíos eran por el levantamiento de las viviendas. Las obras complementarias tenían o preveían otros financiamientos. Frente a las certificaciones falsas, los acusados se desentienden, incluso algunos ya dijeron que las firmas que aparecen en los documentos no son de ellos.


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