Terreno inestable

LA SEMANA EN BARILOCHE

La intención del gobierno municipal de dar por enterrado el incómodo el caso Mazzaglia no prosperó. Trece meses después de la última suspensión “precautoria” (la tercera) que le fue impuesta al entonces Defensor del Pueblo por las acusaciones de maltrato laboral que pesaban en su contra, el STJ resolvió que aquellas ordenanzas fueron inconstitucionales.

El trámite institucional dado al asunto por el Concejo y el Ejecutivo municipal fue por demás vidrioso. Al margen de la arbitrariedad e ilegitimidad que la Justicia atribuyó a las suspensiones, persiste una indefinición evidente sobre la grave imputación que envolvió al ex Defensor y que nunca fue públicamente aclarada.

Vicente Mazzaglia asumió como primer Defensor del Pueblo de Bariloche en mayo de 2009. Tres años después fue suspendido por primera vez para que la secretaría de la Gestión Pública y Control de Gestión (hoy inexistente) investigue las denuncias por maltrato formuladas por cinco empleadas de la Defensoría.

Pasados 90 días la suspensión fue prorrogada para continuar con las actuaciones (que estaban inconclusas) y en enero de 2013 fue suspendido una vez más en forma “precautoria” y hasta el fin de su mandato, para el que faltaban cuatro meses.

El argumento de los concejales en ese entonces fue que no daban los tiempos para iniciarle una revocatoria de mandato, que es el único mecanismo previsto en la Carta Orgánica para apartar de su cargo al Defensor del Pueblo.

Justamente el STJ subrayó esa gruesa omisión y declaró la inconstitucionalidad de las suspensiones provisorias, porque al eludir el camino de la revocatoria el gobierno municipal “desvirtuó su sentido” y las transformó (a las suspensiones) “en una verdadera sanción disciplinaria, viciada por ello de ilegitimidad”.

La última ordenanza que marginó a Mazzaglia de la Defensoría en enero de 2013 citó en sus considerandos la disposición 7/2012 de la secretaría de la Función Pública que cerró las actuaciones, y transcribe como única referencia que “existió una situación de violencia laboral, maltrato psíquico y moral y violencia de género contra trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche impartida por el señor Vicente Mazzaglia” (sic).

A pesar de la concluyente afirmación, la “disposición” mantuvo hasta hoy su carácter reservado y no derivó en denuncia penal alguna contra el ex funcionario. Tampoco alcanzó para que los concejales adopten una determinación menos liviana que la de repetir la suspensión “precautoria”, que sin embargo no privó a Mazzaglia de cobrar puntualmente sus haberes mensuales hasta el último día de mandato, aunque no realizara tarea alguna.

El ex defensor asegura desde entonces que “no hay pruebas” en su contra y acusa a la cartera de la Función Pública de no tomar en cuenta sus argumentos de defensa, que presentó en “un escrito de 20 páginas y varios anexos”. Si el Ejecutivo municipal le brindó alguna respuesta nada se sabe, porque las actuaciones jamás fueron públicas.

Consultado por este diario hace un par de días, el ex defensor dijo una vez más que el contenido de la disposición que certifica los maltratos “es un bochorno absoluto”. Aseguró que “hay una definición, pero ninguna cuestión probatoria, ya que se analiza un supuesto hecho delictivo con un criterio caprichoso y sin ningún sustento legal”.

Los jueces del STJ dijeron que el camino correcto ante la primera sospecha hubiera sido someter a Mazzaglia a una revocatoria de mandato, como la que puso fin pocos meses después a la intendencia de Omar Goye.

Lo actuado, en cambio, “vulneró los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 22 de la Constitución Provincial y 77, 154 y 155 de la Carta Orgánica Municipal”.

Las omisiones y oscuridades de todo el proceso seguido contra Mazzaglia impidieron hasta hoy conocer qué ocurrió a ciencia cierta entre las paredes de la Defensoría.

Es verdad que no había antecedentes en el municipio de una investigación similar y tampoco estaban suficientemente claros los mecanismos de remoción para un cargo nuevo, que tiene amplias facultades pero no es electo por el voto popular.

Todo parece mostrar, sin embargo, que el camino elegido por los concejales y por el Ejecutivo municipal no fue el mejor. Además de neutralizar cualquier duda en el terreno legal, tan delicado asunto merecía -desde lo político- arribar a conclusiones clareas e irrefutables, y darles amplia publicidad.

dmarzal@rionegro.com.ar

Daniel Marzal