Tiempos distintos

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Cuando de la economía se trata, el gobierno kirchnerista nunca ha manifestado mucho interés en el largo plazo. Sus prioridades son políticas, razón por la que siempre se ha preocupado más por el impacto inmediato de las medidas que toma que por las eventuales consecuencias. Puesto que a partir del 2003 el país se ha visto beneficiado por una coyuntura internacional excepcionalmente favorable que, por fortuna, parece destinada a prolongarse, la actitud así supuesta –apropiada para un gobierno que no espera durar más de un par de años en el cargo, pero no para uno que, como el kirchnerista, aspira a eternizarse– lo ayudó a acumular mucho poder político en un lapso asombrosamente breve, pero también significó que, andando el tiempo, tuviera que enfrentar una multitud de problemas atribuibles a su resistencia a pensar en lo que podría suceder en el futuro no muy lejano. De tales problemas, el planteado por el déficit energético creciente es el más urgente, ya que la necesidad de importar combustibles, a un costo anual ya superior a los 10.000 millones de dólares, está en la raíz de los frenéticos esfuerzos oficiales por frenar la salida de divisas con el cepo cambiario y un sinfín de trabas proteccionistas. El nuevo CEO de YPF, Miguel Galuccio, cree en la posibilidad de revertir esta tendencia negativa para que una vez más la Argentina sea autosuficiente en energía. La semana pasada introdujo un “plan estratégico” que, de concretarse, podría lograrlo pero, claro está, a lo mejor el plan comenzaría a brindar los resultados previstos a finales de la gestión actual de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mal que le pese a la mandataria, los tiempos del sector energético no son los de la política. Se miden en años, no en días o semanas. Aun cuando Galuccio consiguiera convencer a los inversores y las agencias crediticias de que les convendría apostar a la YPF renacionalizada, además de persuadir a las multinacionales principales del sector de que, no obstante las apariencias, en la Argentina la seguridad jurídica es algo más que un ideal utópico reivindicado por economistas reaccionarios contrarios a un proyecto nacional y popular, tendrían que transcurrir más de tres años, como mínimo, antes de que la producción aumentara al ritmo deseado por el gobierno. Según parece, la decisión de expropiar a los españoles de Repsol del grueso de sus acciones en YPF fue motivada por el descubrimiento de grandes reservas de shale oil en la formación de Vaca Muerta en Neuquén. El optimismo ocasionado por el hallazgo puede entenderse. En Estados Unidos y Canadá, la extracción de gas y petróleo encontrados en formaciones similares ha avanzado con tanta rapidez en los años últimos que, a juicio de algunos expertos, la superpotencia pronto dejará de depender de importaciones de regiones tan crónicamente inestables como el Oriente Medio y de países con gobiernos hostiles como Venezuela, lo que, desde luego, tendría implicaciones no sólo económicas sino también geopolíticas sumamente importantes. Con todo, aunque la Argentina parece poseer los abundantes recursos naturales que le permitirían desempeñar un papel destacado en la revolución energética que está en marcha, para hacerlo tendría que atraer inversiones en gran escala y contar con la colaboración de aquellas empresas “imperialistas” que monopolizan la tecnología precisa para aprovecharlos. Pues bien, ¿es YPF la empresa “normal” representada por Galuccio, un profesional respetado, o es que forma parte del botín político y simbólico que el viceministro de Economía Axel Kicillof y sus amigos de La Cámpora se las han arreglado para amontonar con el aval de la presidenta? Si no fuera por la sospecha de que el gobierno podría cambiar las reglas en cualquier momento por motivos presuntamente relacionados con las vicisitudes de la interna kirchnerista, el “plan estratégico” que acaba de presentar Galuccio podría resultar atractivo para muchos tanto aquí como en el exterior, pero para que ello suceda tendría que pasar cierto tiempo sin que la presidenta nos sorprenda firmando más decretos redactados por Kicillof, como el que, para disgusto tanto de los empresarios del sector como de los gobernadores de las provincias petroleras, dispuso la intervención de toda la industria de hidrocarburos.