Tiempos más exigentes

DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Si, desde el comienzo de su gestión, Alberto Weretilneck y sus funcionarios han apelado a atribuir a “la herencia recibida” las falencias que se registran en el Estado rionegrino, el tiempo resquebraja día a día ese argumento hasta volverlo viejo y, por eso mismo, insuficiente. A un año de asumir, el remanido recurso se vuelve una túnica más y más estrecha, que poco puede disimular ya la escasez de ideas, proyectos y acciones en varias de las áreas en las que el Estado rionegrino sigue mostrando baches, desorganización y carencias. Mantener los edificios escolares en condiciones para el normal dictado de clases sigue siendo un objetivo a alcanzar. Si bien nadie duda de que había tanto para hacer que la solución no sería rápida, preocupa que ni los métodos ni los actores permiten suponer que se produjo el cambio prometido. La situación de las cárceles de la provincia es, por motivos dispares, igualmente seria. Con un agravante: es en los centros de detención donde las demoras, el desfinanciamiento, la falla en la conducción y la ausencia de personal capacitado y bien remunerado muestran su rostro más cruel. Internos y guardias penitenciarios padecen del mismo modo a un lado y otro de las rejas. Mientras, el Estado pisotea elementales derechos de las personas privadas de su libertad y de sus propios trabajadores e incumple, por impericia o desatino, los fallos judiciales que le imponen la obligación de brindar un servicio conforme a los preceptos de la Constitución y las leyes. Difícilmente un análisis que busque esclarecer los motivos por los cuales la gestión del Frente para la Victoria que conduce Alberto Weretilneck no ha podido cumplir los estándares mínimos en materia de reparación de escuelas y de manejo de cárceles en la provincia pueda omitir lo que dentro y fuera del gobierno se plantea ya como una característica crucial: la falta de compromiso, de mística y de proyectos en un equipo de funcionarios a los que la muerte de Carlos Soria enfrentó súbitamente con un escenario inesperado. En lo operativo, esa carencia se manifiesta en las trabas que vuelven tortuoso el trámite de los expedientes y la presión para soslayar controles internos en lugar de apuntar a mejorar la calidad de la gestión. Eso, sin contar que los trámites son en su mayoría relativamente simples y habituales, precisamente por la falta de proyectos de envergadura en las carpetas ministeriales. Más allá de esas manifestaciones fácticas, en el modo en que se tropieza una y otra vez con piedras pequeñas tal vez se esconde el interrogante principal que va tomando forma de palabras y gestos aun entre los integrantes del equipo de gobierno: la indefinición política e ideológica de la actual gestión que, sea por la característica personal o por la pertenencia sectorial de Weretilneck –integrante del Frente Grande–, sigue estando en la invisibilidad de una nube. Tanto es así que, en el encuentro realizado a fines de febrero en el balneario El Cóndor y que congregó a unos 200 funcionarios entre el gobernador, sus ministros y sus colaboradores inmediatos, varios expositores le pidieron al mandatario que defina al menos tres o cuatro políticas de Estado como líneas directrices que los ayuden a tomar decisiones y a fijar prioridades. “¿Qué somos?” y “¿hacia dónde vamos?” son interrogantes esenciales a la naturaleza humana. Pero cuando representan el pensamiento de funcionarios de gobierno son alertas que hablan de problemas de conducción y de comunicación. En Educación, si bien hay edificios que siguen teniendo deficiencias, la marcha en general del sistema –en cuanto a lo pedagógico– se ha oxigenado y la opinión generalizada es que los cambios iniciados van en un camino correcto. El tiempo dirá si esa impresión se consolida. En cambio, en materia de seguridad y establecimientos carcelarios, el gobierno no ha alcanzado hasta el momento a cubrir la expectativa por él mismo creada al incorporar una conducción civil en la Policía y prometer afianzar los lazos con la comunidad y sus instituciones intermedias. Nadie supone que es un tema de fácil resolución. Al contrario, su complejidad es evidente. A la luz de ese prisma, el gobierno asumió el riesgo de poner al frente del área a un funcionario que había ocupado el cargo en anteriores gobiernos radicales. Y, también por ello, la evaluación de resultados es más exigente e impiadosa. Por el momento, se advierte que la gestión del presupuesto del área sigue siendo trabada e insatisfactoria, sin que la emergencia aprobada por ley exhiba resultados concretos. • Mientras se dispone de cuantioso dinero para compras –se acaba de anunciar que se destinarán 30 millones de pesos a adquirir 200 patrulleros– el gobierno no puede aún transformar la dinámica de funcionamiento y de relaciones humanas que convierte a las cárceles de la provincia en reductos inhabitables y perversos. • El personal del Servicio Penitenciario Provincial no es el suficiente ni el adecuado y sus integrantes no reciben hasta el momento una formación ni una paga acordes con la responsabilidad y el riesgo que enfrentan. • Los edificios de las cárceles no son adecuados para resistir los intentos de fuga ni la violencia de los motines que en ellos se producen. Por ello, si al momento de su inauguración eran impropios, se vuelven cada vez más ruinosos. Destinar dinero a reparar lo que nadie evitará que vuelva a ser destruido alimenta un círculo vicioso que tiene como resultado dilapidar fondos públicos y continuar generando violencia intra y extramuros. Pese a tal gravedad, la cuestión de la seguridad no se limita al estado de las cárceles, sino que integra un sinfín de hilos que vinculan a la Justicia, a la Policía, a Desarrollo Social, a los municipios, el empleo y la economía, entre otros. Y, para colmo, no es el único desafío que el gobierno de Alberto Weretilneck enfrentará este año. El demorado cumplimiento de los compromisos con proveedores del Estado obligará a aumentar los pedidos de ayuda al Banco Patagonia. Y el promocionado equilibrio financiero, que encubre la inactividad de amplias áreas del Estado, crujirá en cuanto se busque revertir el desempleo generado por la falta de obras y trabajos públicos. Mientras tanto, la ecuación política sigue fijando prioridades de poco alcance. Para el gobernador, neutralizar voces adversas conformando pequeñas aspiraciones es un leit motiv. Aun cuando incremente los gastos o la heterogeneidad que complica al Estado. El proyecto de ampliar a cinco el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia –sin bases técnicas ni efectos en cuanto a mejorar el servicio– mantendrá ocupado a un gran número de políticos, abogados y funcionarios. En un año con ritmo electoral –del cual Viedma es, hoy, el primer paso– la gestión del Frente para la Victoria volverá a enfrentar la necesidad de superar su promedio. Si hasta ahora el desprestigio de sus rivales le concedió un lapso para acomodarse, los tiempos se volverán más exigentes.