Time Warp: imputaron a dos empresarios

BUENOS AIRES (DyN).- El juez federal Sebastián Casanello imputó y citó a declarar a dos empresarios y ordenó suspender eventos organizados por Dell Producciones, en el marco de la causa por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, mientras dispuso el secreto de sumario y advirtió que “la venta de estupefacientes era indiscriminada”.

El magistrado citó a indagatoria para el 16 de mayo al productor de fiestas electrónicas Martín Gontad, al que mencionó como uno de los organizadores, y al empresario Diego Hernán Herrera, considerado socio de la firma organizadora del evento del viernes en Costa Salguero, Dell Producciones, cuyo presidente Adrián Conci permanece prófugo.

Casanello dispuso, además, suspender en forma preventiva cualquier evento o festival público o privado en la Ciudad de Buenos Aires en el que participen Dell Producciones y otras firmas vinculadas a esa compañía.

El juez advirtió que testigos manifestaron que “la venta de estupefacientes era indiscriminada una vez franqueado el ingreso” al predio de Costa Salguero.

“En varias ocasiones durante la noche les ofrecían ketamina, cocaína, LSD, popper, y pastillas de éxtasis, y que no observaron que el personal de seguridad ni policial hiciera algo para impedirlo”, dijo el juez en base a declaraciones de testigos.

Asimismo, afirmó en su resolución que “el personal de seguridad privada no les permitía recargar agua en los escasos baños con canillas existentes en el lugar”.

“Se recabaron testimonios que dan cuenta de que el precio de las botellas de agua, que partió desde los cuarenta pesos, se llegó a pagar cien alrededor de las cuatro de la mañana y que incluso cerca de las cinco las barras dejaron de venderlas”, sostuvo Casanello.

En el marco de la causa, en la que detuvieron a tres personas acusadas de vender drogas, continúa prófugo el organizador del evento, Adrián Conci, mientras Casanello citó a declaración indagatoria a 28 imputados, entre funcionarios y concesionarios, apoderados y prefectos.

El padre de una víctima mortal de Cromañón, José Iglesias, la madre de un fallecido en la tragedia ferroviaria de Once, María Luján Rey, y el legislador porteño y presidente de la organización civil La Alameda, Gustavo Vera, presentaron un escrito para ser considerados “amicus curiae”.

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