Todo el Deliberante de La Angostura quedó bajo investigación durante un año

Lo pidió la fiscalía y lo autorizó un juez. Acusan a siete concejales y concejalas de incumplir una orden judicial, porque sesionaron para destituir a un funcionario. Denuncian persecución.

Los siete concejales y concejalas que integran el cuerpo legislativo de Villa La Angostura serán investigados por presunta desobediencia a una orden judicial. El caso fue declarado complejo, por lo que la fiscalía dispondrá de un año para hacer su trabajo.

La incómoda situación generará interferencias con la vida institucional y política de la ciudad. El fiscal jefe Fernando Rubio anticipó que «estamos analizando otras hipótesis conductuales que podrían derivar en otras figuras delictivas», lo que no haría sino profundizar la crisis.

Así se resolvió este viernes a la mañana en la audiencia de formulación de cargos pedida por el fiscal Rubio a la que asistieron, vía Zoom, los y las siete imputados. El juez de Garantías fue Nazareno Eulogio.

La audiencia de formulación de cargos a los concejales se realizó vía Zoom.

La orden judicial que presuntamente desobedecieron fue la de no sesionar y no destituir a un funcionario del gabinete del intendente Fabián Stefani (MPN). La dictó el juez procesal administrativo Matías Nicolini el 14 de enero.

La estrategia procesal de las y los concejales fue aceptar pasivamente la formulación de cargos, y el desmesurado plazo de investigación de un año. Apuestan todo a que ganarán el caso por otra vía y en otra instancia.

Es que como informó Río Negro, presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en el que aseguran que Nicolini nunca debió intervenir porque no es competente.

Además, según su criterio, el juicio político debió revisarse después, en vez de intentar impedir que se realizara.

En la audiencia de hoy, los concejales dijeron a través de sus abogados que la investigación del fiscal Rubio no puede avanzar hasta que el Tribunal Superior de Justicia se expida.

Pero el juez Eulogio no estuvo de acuerdo, les rechazó esa pretensión y quedaron desarmados.


«Persecución política»


Los imputados e imputadas son David Tressens Ripoll, Melisa Salamanca y Walter Espíndola (del MPN); María Eugenia Mesa y Sergio Troche (Frente de Todos), Marta Cicconi (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura). Las defensas las ejercen Sebastián Leguizamón; Javier Carbonari; Sol Valero y Nicolás Montero.

Mesa y Troche fueron los únicos concejales que hablaron brevemente.

«Me preocupa que se está avasallando la división de poderes, incluyendo las decisiones políticas de este cuerpo», dijo la primera. «Entiendo que esto es una persecución política, un intento de domesticar, de amedrentar no sólo a estos concejales de Villa sino a todos los Concejos Deliberantes de Neuquén, con el objeto de evitar juicios políticos a funcionarios del gobierno oficialista», afirmó el segundo.

El funcionario que destituyeron de manera unánime es Daniel Brito, secretario de Hacienda. Se le atribuyó, no penalmente, no informar sobre contrataciones de artistas (por unos 4 millones de pesos) entre ellas la de Jimena Barón, y por maltrato y amenaza a empleados municipales.

Marta Cicconi, concejal del Pro, expresó: “No quiero que quede como anecdótico en esa persecución política de la que soy víctima que acá hay graves actos contra el dinero de los vecinos. Eso se intenta ocultar con este circo con carpa y payasos”.

Luego de la audiencia de formulación de cargos, Cicconi, acompañada por Nicolás Montero, abogado patrocinante, manifestó: “viendo cómo se manejan, parece que quieren que les demos las llaves del concejo y cerrarlo”.

La conectividad fue entre regular y mala. El desarrollo de la audiencia resultó de relativa sencillez porque casi no se registraron controversias ni debates, y de todos modos se complicó por cortes en las comunicaciones.


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