Hoy imputan a 7 concejales de La Angostura: guía para entender el escándalo
Es una de las crisis institucionales más graves de los últimos tiempos. Un juez tomó una decisión que pudo impedir una sesión del cuerpo legislativo, y mandó al ejecutivo a notificarlo. Hoy imputan a los concejales por desobedecer. El TSJ tiene la última palabra.
El Concejo Deliberante de La Angostura votó la destitución de Brito el 15 de enero. (Gentileza: laangosturadigital.com)
Los siete concejales de Villa La Angostura deberán presentarse hoy a una audiencia de formulación de cargos, acusados de incumplimiento de una orden judicial. Es uno de los coletazos de la grave crisis política que desde hace meses atraviesa a las instituciones de la ciudad, y que reconoce uno de sus orígenes en la fractura del partido gobernante.
En este escándalo-político judicial hay toda clase de ingredientes: un presidente de Concejo que vota en contra del intendente de su mismo partido; un juez que ordena suspender una sesión del Concejo Deliberante; una jueza que manda a investigar a los concejales; un fiscal que allana el Concejo Deliberante y ahora cita a sus integrantes para hacerles una imputación.
Algunos de los concejales consultados por Río Negro dijeron que se presentarán a la citación, pese a la gravedad institucional que le reconocen a la situación. En los siguientes párrafos tratamos de explicarlo de la manera más sencilla y con la menor cantidad de términos técnicos que sea posible sin perder el rigor que el caso merece.
Un fiscal apurado
Los imputados son David Tressens Ripoll, Melisa Salamanca y Walter Espíndola (del MPN); María Eugenia Mesa y Sergio Troche (Frente de Todos), Marta Cicconi (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura).
La audiencia de hoy había sido programada para el viernes 19, pero la fiscalía pidió su urgente reprogramación.
Hay motivos que habilitan a sospechar que el apuro de Rubio se debe a que los concejales presentaron una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia. En caso de prosperar, la imputación del fiscal podría quedar abstracta.
La causa penal causó el rechazo de buena parte del arco político provincial, que lo considera un avasallamiento del Poder Judicial sobre el Legislativo. No fue el único. Este escándalo institucional comenzó con un sencillo conflicto entre el intendente y el Concejo Deliberante.
Cómo empezó todo
Villa La Angostura es un punto estratégico para el MPN. Referencia para el turismo internacional y las inversiones en moneda extranjera, lugar de reposo del expresidente Mauricio Macri, posiciona a la provincia con su marca propia tanto como Vaca Muerta.
La tormenta institucional que atraviesa comenzó a gestarse el año pasado cuando la concejal Vaca Arenaza presentó un pedido de juicio político contra Daniel Brito, secretario de Economía y hombre clave en el gabinete del intendente Fabio Stefani (MPN).
La Carta Orgánica de la ciudad tiene la particularidad de que el Concejo puede hacerle juicio político no sólo al intendente sino también a los secretarios.
De los 7 concejales, 5 debían votar a favor. La oposición reúne cuatro y David Tressens, del MPN y presidente del cuerpo, aportó el quinto en la sesión del 18 de noviembre del 2020.
El motivo del juicio político fueron presuntas irregularidades, entre ellas la famosa contratación de Jimena Barón para la Fiesta de los Jardines (en la que no se presentó).
Hasta aquí era puro conflicto político, que avanzó por el quiebre interno del MPN, la falta de habilidad para solucionarlo por parte de los involucrados y la distracción o desinterés de las autoridades provinciales.
La puerta del laberinto
Brito no se quedó quieto. Judicializó el conflicto (¿tuvo un guiño oficial?), y abrió la puerta al escándalo institucional.
En diciembre se presentó ante el juzgado Procesal Administrativo del interior, a cargo de Matías Nicolini, y planteó que el juicio político en su contra es nulo. Ya durante la feria de enero, le pidió al juez que ordene la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante en la cual iba a tratarse su destitución.
Nicolini, un juez con antecedentes de fallos que agradan al oficialismo, le hizo lugar. El 14 de enero le ordenó al Concejo Deliberante que no sesione, y dispuso que los abogados de la municipalidad sean encargados de la notificación.
Es como si un juez dictara un fallo ordenando a la Legislatura que no sesione, y disponiendo que los abogados de la Asesoría General de la Gobernación deben notificar sobre esta decisión.
Sesión en marcha, Brito afuera
El 15 de enero a la mañana el Concejo Deliberante comenzó a sesionar. Una escribana intentó interrumpir la deliberación para notificar a los concejales sobre el fallo de Nicolini, pero no se lo permitieron.
La sesión continuó, y Brito fue destituido.
El escándalo se prolongó, en lo político y en lo judicial. En el primer aspecto, el intendente fue al Concejo en respuesta a una «invitación» (Stefani remarcó que no era una «interpelación») y propuso dar vuelta la página y construir una nueva relación.
Relación quebrada
Pero se notó que algo se había roto y costaría repararlo. El intendente dijo que sus funcionarios se sentían «perseguidos» por el Deliberante, y les recordó a los concejales que «el Ejecutivo también puede iniciar un juicio político».
El miércoles, como una respuesta, el Concejo aprobó un ajuste en el cuadro tarifario del 29%; Stefani había pedido el 47%.
Esto lo obligará a reformular el presupuesto 2021, que todavía no fue aprobado.
Tres carriles judiciales
En lo judicial, el conflicto tiene vida propia por tres carriles.
Brito, tras su destitución, se presentó ante la jueza de feria Ivonne San Martín para denunciar que el Concejo había desobedecido la orden de no sesionar.
San Martín le pasó la noticia al fiscal jefe Fernando Rubio, quien abrió la investigación penal.
Rubio, un fiscal que también busca agradar al partido de gobierno, allanó el Concejo Deliberante buscando el acta de la sesión, encontró diferencias entre el horario de comienzo de la misma y el registro fílmico, juntó alguna documentación más y armó la imputación contra los siete concejales.
Si su investigación llega hasta el final y los concejales son condenados, ¿beneficiaría en algo a Brito? Quizá. El objetivo parece otro, y lo dijo la legisladora Soledad Martínez: «busca intimidar a otros concejales que osen cuestionar a un intendente del MPN».
El TSJ entra en acción
Brito hizo más. Cuando Nicolini volvió de sus vacaciones, el exsecretario insistió con que la sesión -y su destitución- son nulas. El juez envió esta apelación a la sala procesal administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe.
Casi al mismo tiempo, otro expediente aterrizó en el Tribunal Superior de Justicia: es un «planteo de inhibitoria» presentado por los siete concejales. Lo firman los apoderados legales Claudia Crocco y Javier Carbonari
Lo que dicen es que Brito no debería haberse presentado ante el juez Nicolini (el que ordenó la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante) sino ante el Tribunal Superior de Justicia.
Es, por supuesto, materia opinable. Justamente por eso llega el caso al Tribunal. Lo interesante es asomarse a «qué pasaría si…».
Los desenlaces posibles
Si el Tribunal Superior de Justicia le diera la razón al Concejo Deliberante, muchas fichas de este dominó caerían hacia atrás.
La sesión que destituyó a Brito sería válida; no habría desobediencia a una orden judicial; la imputación a los concejales se caería; y el triunfo de los concejales sería completo en el terreno político y en el judicial. Stefani quedaría muy debilitado.
Un detalle: el expediente «Concejo Deliberante» tiene que resolverlo el Tribunal en pleno: Evaldo Moya, Germán Busamia, Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari. El expediente «Brito» tiene que resolverlo la sala Procesal Administrativa (como se dijo, integrada por los dos últimos vocales).
El fiscal que debe dictaminar es José Gerez, jefe de Fernando Rubio, el que impulsa la acción contra los concejales.
Qué pequeño es el mundo.
Un médico ahí
Fabio Stefani saltó de la dirección del hospital a la intendencia de Villa La Angostura. Traumatólogo de la provincia de Buenos Aires, ya había incursionado en política con una candidatura en la localidad de Puan en 2007.
Con el respaldo del gobernador Omar Gutiérrez obtuvo el 35,51% de los votos. Lo ayudó el aporte de las colectoras ya que el MPN sumó sólo el 20,58% (de todos modos fue la fuerza más votada).
Cuando asumió les propuso a los concejales “trabajar en conjunto y afrontar la gestión con madurez política”.
No resultó. Los concejales lo acusan de no responder pedidos de informes, de escamotear información pública, y finalmente aplicaron la herramienta del juicio político para destituir al secretario de Economía, Daniel Brito.
El discurso de Stefani se endureció. Habló de “un puñado de desestabilizadores y oportunistas políticos” que “desde el primer día han intentado desestabilizar este gobierno”.
El destinatario era el presidente del Concejo Deliberante, David Tressens, voto clave para el juicio político.
Después de la destitución de Brito cambió a casi todo el gabinete y fue al Deliberante, donde sostuvo un tenso cruce con los concejales. La sala, donde debía haber 10 personas, estaba colmada. Hubo roces y discusiones entre el público, conformado en su mayoría por funcionarios y punteros.
La judicialización del conflicto no ayudará a pacificar los ánimos. Por el contrario, todo indica que alejará la posibilidad de acuerdos.
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