Transportistas de Bariloche buscan una salida a la crisis

Ayer se reunieron con la gobernadora Carreras que tras ese encuentro anunció la prórroga del impuesto automotor. Buscan también otras medidas que ayudarían a paliar la situación.

Un grupo de más de 120 transportistas de Bariloche vinculados al turismo se autoconvocaron en busca de soluciones a la crítica situación que atraviesa el sector, por la falta de trabajo en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

Los agrupados mayoritariamente son propietarios de un vehículo dedicado al traslado de turistas en paseos, excursiones o viajes particulares. Pero también integran el grupo propietarios de flotas de colectivos que cuentan con personal a cargo.

Una encuesta interna del sector estimó que solo un 4% de los transportistas ha realizado algún trabajo de traslado durante los 70 días que lleva la cuarentena. Algunos con los permisos habilitantes a nivel nacional pudieron trasladar a viajeros repatriados.

En el sector estiman que «por cada mes no trabajado se requieren tres o cuatro de trabajo para poder acomodarse» e incluso admiten que como consecuencia de esta paralización, muchos podrían reconvertirse y dejar el rubro porque es «imposible sostenerse».

La realidad de los transportistas tiene varias aristas: algunos cobraron el IFE con la ayuda del gobierno nacional de 10.000 pesos, otros recibieron el aporte para el pago de salarios de empleados y otros gestionaron los créditos a tasa 0. Pero todos confluyen en problemáticas comunes para las que buscan alternativas.

Una de las problemáticas es la carga del impuesto automotor por la que ayer obtuvieron una solución inicial con el anuncio del Gobierno de Río Negro de otorgar una prórroga en las patentes hasta el 31 de diciembre para todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros, ya sea turistas como residentes a través de taxis y remises.

Transportistas del turismo se reunieron ayer en Bariloche con la gobernadora Arabela Carreras y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, para trasladar la problemática. Uno de los referentes dijo a RÍO NEGRO que hubo “buena predisposición” de la mandataria en atender la situación y valoró la decisión de la prórroga del impuesto provincial.

El anuncio del gobierno no exime del pago sino que establece una prórroga del vencimiento de las cuotas de abril y junio de este año hasta el 31 de diciembre, correspondiente al impuesto automotor. Se valuó esta medida con un impacto financiero de 70 millones de pesos.

Los transportistas locales destacaron la decisión y señalaron que además el gobierno se comprometió a eliminar la tasa de inspección de los vehículos que es exigida para realizar la verificación técnica vehicular.

También se busca una reducción del costo de la verificación técnica que los transportes de pasajeros deben cumplir cada seis meses y cuyo valor triplica el de un automóvil. Provincia afrontaría una parte del costo mediante la aplicación de una reducción del canon a la empresa prestataria del servicio de RTO y a su vez esta firma podría aplicar una rebaja para que los transportistas solo deban abonar un monto similar al de un vehículo común.

“Valoramos profundamente las gestiones y las soluciones brindadas y queremos que se continúe avanzando en otros aspectos”, señaló uno de los transportistas que también reconoció gestiones impulsadas por legisladores de la zona Andina como Ramón Chiocconi, la senadora Silvina García Larraburu y la diputada nacional Lorena Matzen.

Otra de las gestiones solicitadas es una extensión de la vida útil de los vehículos de transporte de pasajeros para recorrer el Corredor de los Lagos (que forma parte de un acuerdo interprovincial que habilita el tránsito en la cordillera).

Los vehículos deben tener una vida útil de 10 años para el corredor, sin embargo en Río Negro se habilita una antigüedad de 15 años. Los transportistas buscan que se equipare y se lleve a 15 años la antigüedad permitida para circular por el corredor.

En este punto, el subsecretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, gestiona un acuerdo interprovincial con Neuquén pero resta consolidar la extensión de la vida útil con las otras provincias que integran el corredor como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, por lo que se requiere de una intervención nacional que comprenda a todas las provincias de la Patagonia.


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