Tratan hoy el proyecto de ley que crea un Registro de Violencia en Neuquén

La Legislatura de Neuquén tratará hoy el proyecto de ley que crea un Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Allí se incluirán a todas las personas que sean condenadas, con sentencia firme, que incumplan medidas cautelares o tratamientos terapéuticos.

La iniciativa fue presentada en su momento por el exdiputado provincial del Frente Grande, Raúl Podestá. Luego el Movimiento Popular Neuquino presentó el propio. Sólo le faltaba cosechar el despacho de la comisión de Hacienda, que logró este año en cuarentena.

El registro estará a cargo de la subsecretaría de Derechos Humanos. Tanto la inscripción como la baja será ordenada judicialmente. En las causas civiles, la dispondrá el juez o la jueza de oficio y en las penales deberá ser solicitada por el o la fiscal y ordenada por un magistrado o magistrada.

Mientras las personas figuren en el registro estarán inhabilitadas para ser candidatos a cargos electivos provinciales o municipales, ser designados funcionarios municipales o provinciales; acceder a concesiones, ser proveedores del Estado, recibir acuerdo legislativo para ocupar vacantes en el poder Judicial, ejercer la docencia, ingresar a las fuerzas de seguridad, ingresar al Estado provincial.

Además se invita a las cámaras de comercio, entidades crediticas y financieras a solicitar el certificado de no inscripción en el registro antes de otorgar créditos o productos similares.

En la discusión en comisión la diputada Maria Laura du Plessis (MPN) indicó que con el registro «no pretendemos erradicar la violencia pero entendemos que se trata de una herramienta más que tiene como fin persuadir al violento a que haga un tratamiento para superar su conducta distorsiva y antisocial”.

La legisladora de izquierda, Patricia Jure, se opuso al proyecto. Consultada por RIO NEGRO dijo que se trataba de una propuesta oportunista, de cara a un nuevo aniversario del «Ni Una Menos», que se cumplirá el próximo 3 de junio.

Planteó que en el registro se incluyen condenados con sentencia firme, y que son muy escasas las causas de violencia que llegan con una sentencia de responsabilidad. «Son muy pocas las que se animan, por toda la experiencia que significa denunciar», dijo.

Además agregó que las personas que incumplen con las medidas cautelares o con los tratamientos se les impedirá trabajar e incluso acceder a un crédito. «Estas personas estarían impedidas de ejercer un laburo lo cual se transforma en una condena extendida a los hijos, a las hijas a los hijes que después no van a tener el salario de esa persona. ¿me quedaría sin cuota alimentaria?», aseguró.