Un campo complica al juez acusado de ayudar a los narcos

La Justicia federal de Salta investiga si Raúl Reynoso, acusado de cobrar coimas para favorecer a traficantes, recibió 700 hectáreas como parte de un pago. El magistrado se negó a declarar.



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El magistrado negó los hechos que le imputan, denunció amenazas y recusó al juez Bavio, que lo investiga en la causa.

SALTA (DyN/Télam).- El juez federal de Orán, Raúl Reynoso, sospechado de cobrar coimas para liberar a narcos, no se presentó ayer a declarar en la causa y recusó al magistrado que lo investiga, a la vez que fue acusado de recibir un campo de 700 hectáreas a cambio de sobreseer a un acusado y luego inscribir esa propiedad a nombre de testaferros. En las últimas horas, un empleado judicial y su hermana fueron detenidos, acusados de integrar una asociación ilícita que, “a cambio de dádivas y/o dinero”, beneficiaba a imputados en causas de narcotráfico, que presuntamente lideraba Reynoso. Reynoso había sido citado para ayer a la mañana en el juzgado de Julio Bavio, pero no compareció e hizo llegar una recusación contra su colega. Sin embargo, Bavio dictó un fallo ampliando la imputación a Reynoso porque habría recibido “la propiedad ‘Finca Mollinedo’ o ‘Puesto Mollinedo’, de 700 hectáreas, ubicada en el Departamento de Rivadavia”, a cambio de sobreseer “ilegítimamente” y “arbitrariamente” al dueño del campo, Pablo Raúl Vera, detenido y acusado en 2011. La mujer declaró que dos meses después de ser beneficiado, Vera le transfirió a su nombre “una finca en el departamento de Rivadavia, de 700 hectáreas”, y que su esposo le aclaró siempre que “esa propiedad no era de ellos, sino de Raúl Reynoso”, informaron fuentes judiciales. Bavio también decretó órdenes de captura contra dos empleados del juzgado de Reynoso, César Julio Aparicio y Rosalía Candelaria Aparicio por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes fueron arrestados en la mañana de ayer. El juez de Orán ha sido imputado porque en once causas que tramitaban en su juzgado habría coordinado el cobro de coimas para ceder la libertad a detenidos por narcotráfico, según la acusación. Entre los expedientes que incluye la investigación está el caso del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, que fue capturado cuando ingresaba una tonelada de cocaína al país y quien, se estimaba, habría pagado unos 350.000 dólares por su liberación. Entre ayer y el lunes prestaron declaración otros dos implicados en el caso, los abogados René Gómez y María Esper, que quedaron con detenciones domiciliarias. Además de Reynoso, Esper, Gómez y los Aparicio, se encuentran imputados Lucinda Segovia, Arsenio Gaona y Ramón Antonio Valor, empleados del Juzgado Federal de Orán. Según la fiscalía, Reynoso ostentaba “el carácter de jefe” de la asociación ilícita en la cual intervenían cinco abogados, otros dos empleados del juzgado y terceros intermediarios.

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