Un excelente negocio sin riesgo ambiental

Ante la reciente nota de la senadora Luz Sapag en este diario se hace necesario una vez más aclarar los errores sobre el tema del acuerdo de cooperación nuclear entre Australia y la Argentina, que persisten a pesar de todas las explicaciones que ya se han dado sobre este tema por parte de juristas, de las academias científicas -inclusive la de Ciencias Ambientales-, de los mismos diputados y de las autoridades de la Cancillería, de CNEA y de Invap.

Se insiste en que el acuerdo implica el riesgo de que la Argentina se convierta en el «basurero nuclear» de los países desarrollados. En las líneas que siguen explicaremos nuevamente por qué este temor es enteramente injustificado y ha sido explotado -a veces de maneras harto inescrupulosas- por aquellas organizaciones que bajo la bandera de un ambientalismo sesgado en contra de la energía nuclear mucho más que contra otras fuentes mucho más reales de contaminación ambiental han tendido a inspirar temores injustificados en la población y -por lo visto- en algunos de sus dirigentes. En estas argumentaciones se ha repetido que el motivo por el cual Invap ganó la licitación en el 2000 no se debió a la excelencia de su proyecto sino a la aceptación de recibir los combustibles quemados en su territorio. Esta afirmación es un insulto a los técnicos argentinos e implica una especie de colonialismo mental en el sentido de no poder aceptar que la Argentina sencillamente pueda hacer algo mejor que otros países, aun los más desarrollados, sin pagar por ello un precio insostenible desde el punto de vista de nuestra soberanía. Una simple consulta a los medios internacionales especializados introduciría a los interesados en las excelencias de un proyecto que está cercano a su terminación y que suscita la admiración de los especialistas. Por otra parte, hay muchos otros argumentos inexactos en el análisis de la senadora. El acuerdo no estipula que los combustibles quemados deban tratarse en la Argentina y, de hecho, hay varios otros países interesados en hacerlo, entre ellos los Estados Unidos.

Por otra parte, el acuerdo estipula taxativamente que los residuos producidos por tales tratamientos -donde quiera que se realizaren- serán devueltos a Australia en su totalidad. Australia no hace ese tratamiento porque no tiene sentido para ese país desarrollar una instalación costosa para tratar los pocos kilogramos por año de combustibles quemados que producirá su único reactor, el que estamos construyendo los argentinos. Es posible no dar crédito a un argumento tan sencillo como ése, tal vez porque es demasiado sencillo… en cambio, la CNEA tiene las instalaciones y la tecnología necesarias para hacerlo, ya que la Argentina es un «país nuclear» desde hace más de medio siglo y Australia no lo es.

No entraremos nuevamente en el tema de las interpretaciones de la Constitución y de su artículo 41. Est estipula que todos tenemos el derecho a un ambiente limpio, y si ello se cumpliera en su integridad el país no tendría los graves problemas derivados del defectuoso o nulo tratamiento de los residuos industriales, domiciliarios y patógenos. El tema nuclear es sólo uno entre muchos que se mencionan en ese artículo. Créase o no, los radioactivos -justamente por su peligrosidad si son mal manejados- son los únicos residuos bien controlados en este país del «todo vale». Por lo que hace a la cuestión nuclear, contra la opinión de un solo constitucionalista -que es a la vez presidente de una ong ambientalista que se opone a todo lo nuclear- se han manifestado varias opiniones en sentido contrario; al margen de la discusión -admitidamente un poco bizantina- acerca de que legalmente los combustibles quemados no son residuos. Por otra parte, el mismo texto constitucional es ambiguo, ya que la referencia a residuos «actual o potencialmente peligrosos» implica un enorme grado de arbitrariedad que admite opiniones variadas, al margen de que algunos ambientalistas crean que la redacción del artículo 41 es inequívoca. En efecto, ¿cómo se define qué es «potencialmente peligroso»? Resulta evidente que muchos de los elementos de nuestra vida diaria son real y no sólo «potencialmente» peligrosos: por ejemplo, los automóviles, que matan a cerca de veinte argentinos todos los días, uno por hora. Parece que el uso de los condicionales y los potenciales es una forma gramatical típica de los que suelen dar mayor importancia a los peligros potenciales o imaginarios que a los efectos muy reales de la degradación ambiental debida a docenas de causas. Por otra parte, tanto la presidenta como el vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos de la Convención Constituyente de 1994 -a la que también perteneció la senadora Sapag- son de opinión manifiestamente diferente de ésta en cuanto a los alcances del acuerdo con Australia en su relación con el tema ambiental y el artículo 41.

La existencia o no de plantas de tratamiento de combustibles quemados en el país es otro de los temas sobre los que se polemiza desde la ignorancia: por lo pronto, el país posee una importante cantidad de combustibles quemados provenientes de décadas de funcionamiento de las dos centrales nucleares, y existe un compromiso de la CNEA para proponer una política para el tratamiento de esos materiales. Por otra parte, lo que vendría de Australia -e insistimos en el potencial, ya que existen varias otras alternativas y el acuerdo no nos obliga más que a «ocuparnos del tema»- son unos 75 kilogramos anuales, un paquete que con blindaje radiológico y todo tiene un tamaño de menos de medio metro cúbico. Se trata de dos problemas muy diferentes por las enormes diferencias de escala. La única relación entre ambos problemas es que la resolución de un problema menor dará a los especialistas de CNEA mayor experiencia en el manejo de estos materiales. Y la CNEA posee las tecnologías e instalaciones para procesar los pocos kilogramos provenientes de reactores experimentales, mientras que el tratamiento de los combustibles de las centrales de potencia es un problema de un orden de magnitud enormemente mayor a pesar de que éste también deberá encararse algún día, no obstante las importantes inversiones involucradas. Si cupiese la posibilidad de tratar los combustibles australianos en la Argentina, el probablemente alto valor del contrato respectivo daría los medios para completar lo poco que falta de las instalaciones, que -lo repetimos- son enteramente diferentes de aquellas necesarias para el tratamiento de los combustibles de las centrales que, ésas sí, necesitarían importantes desarrollos.

Por último, se argumenta que todo el negocio australiano sería conveniente para una sola empresa, al costo de los peligros a los que sometería a la totalidad de la población. Y es obvio que tal cosa no sería justa ni admisible. Pero ocurre que ello tampoco es cierto. Al margen de que el alegado riesgo ambiental es inexistente, es cierto que la que ejecuta la obra es una sola empresa. Pero es una empresa que marca rumbos en la dirección que deberá tomar la Argentina si alguna vez queremos salir de la dependencia de la exportación de recursos naturales y de «commodities» y otros productos de bajo valor agregado. Es una empresa que, por haber nacido de los más de 50 años de esfuerzos de desarrollo de ciencia, tecnología y recursos humanos efectuados por la Argentina, actualmente es capaz de construir satélites artificiales y sus sistemas de control, radares para el control de nuestras fronteras sin menoscabo de nuestra soberanía, sistemas de conservación de alimentos, equipos de medicina, equipos de última generación para la exploración petrolera, sistemas de control de las actividades pesqueras y muchos otros sistemas de alta complejidad tecnológica, creando centenares de empleos genuinos de alta calificación para profesionales jóvenes que de otro modo tal vez deberían sumarse a la fuga de cerebros. Se trata de negocios de alto nivel de excelencia para todo el país, ya que, además de los empleos directos, se generan pymes que rodean a Invap cual un enjambre, aprendiendo a mejorar sus estándares hasta alcanzar la posibilidad de otras exportaciones de alto nivel tecnológico y, por consiguiente, de alto valor agregado.

Y ello no va en menoscabo de la calidad ambiental de nuestro país ni de nuestro honor mancillado por convertirnos en el «basurero nuclear del mundo». Las afirmaciones de que el acuerdo con Australia sería el primer paso para tratar los residuos nucleares del mundo es sencillamente un inadmisible y tendencioso juicio de intención, intención que de ninguna manera inspira el acuerdo con Australia que -lo repetimos una vez más- no nos compromete a tratar los combustibles australianos en el país y que prevé que la totalidad del material radiactivo será reenviada a Australia desde donde fuera que se traten.

Por último, una reflexión que ya he hecho en otras ocasiones: la tecnología nuclear es una de las pocas tecnologías de alta complejidad que la Argentina maneja al mismo nivel que los países más desarrollados, que frecuentemente consultan a nuestros especialistas. Además, es la actividad a partir de la cual se están desarrollando nuevas habilidades tecnológicas que tienen demanda en el mundo. Por último, es una tecnología que ante la implacable gravedad del cambio climático está volviendo a ganar el favor de los que se interesan seriamente en que nuestra Tierra sea conservada para las generaciones futuras en un estado habitable.