Un fiscal imputó a los tres jueces de la mayoría

Los tres jueces de la Corte que votaron aplicar el beneficio 2×1 a un condenado por crímenes de lesa humanidad, quedaron bajo la lupa, paradójicamente, de la Justicia. El fiscal Guillermo Marijuan imputó ayer a Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por una denuncia de prevaricato.

“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, dijo.

El fiscal pidió al juez Daniel Rafecas que abra la investigación en base a una denuncia del abogado Marcelo Parrilli, a raíz del fallo que benefició al condenado represor Luis Muiña. Parrilli denunció que los fallaron lo hicieron contrario a derecho, a sabiendas de que era injusto. La objeción apuntó al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien, además, ingresó en prisión con posterioridad a su derogación en 2001.