Un gobierno de pocas luces
En el corto plazo, invertir en energía no suele producir muchos beneficios políticos, pero, andando el tiempo, la negativa a hacerlo sí puede resultar ser muy costosa para un gobierno considerado responsable de las deficiencias del sistema. Aunque el ministro de Planificación Julio De Vido y otros funcionarios kirchneristas tratan de hacer pensar que las empresas distribuidoras como Edenor y Edesur son culpables de privar a centenares de miles de personas de electricidad toda vez que hace mucho calor o mucho frío, al mantener congeladas durante tantos años las tarifas el gobierno nacional les ha impedido invertir lo suficiente en tareas de reparación o en abrir más subestaciones, de ahí el deterioro de un sistema que opera al límite de su capacidad. Si bien es cierto que las zonas más pobladas del país han sufrido una ola de calor y que por tal motivo el consumo ha alcanzado niveles récords, siempre fue de prever que el país necesitaría cada vez más energía al crecer no sólo la economía sino también la cantidad de habitantes. Asimismo, aunque hasta ahora el gobierno ha podido atenuar el impacto de un déficit energético colosal importando gas, petróleo y electricidad, no sirve dicha alternativa cuando el problema principal consiste en la precariedad de las empresas distribuidoras, si bien algunas personas se las han arreglado para independizarse del sistema formal comprando grupos electrógenos chinos o japoneses. La crisis energética que está experimentando el país se debe en buena medida a la decisión, que fue tomada por el gobierno kirchnerista a comienzos de “la década ganada”, de subsidiar el consumo, sin preocuparse por los demás factores. Está en lo cierto el jefe de Gabinete Jorge Capitanich cuando dice que “muchos argentinos hacen un uso irracional de la energía”, sobre todo con los aires acondicionados, pero se trata de una consecuencia previsible de la estrategia oficial. Al acostumbrarse la gente a pagar muy poco por la electricidad, el gobierno aseguró que se abriera una brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda. Para una persona determinada, no ha tenido mucho sentido procurar ahorrar energía por ser el costo tan reducido, aunque sí sería positivo que la sociedad en su conjunto entendiera que sería de su interés hacerlo. Sin embargo, puesto que el “ajuste” necesario para que el uso de la energía fuera más “racional” sería muy severo y, de todos modos, sólo brindaría sus frutos en los años próximos, es escasa la posibilidad de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner haga mucho más que ensañarse con las distribuidoras y procurar discriminar entre los usuarios relativamente acomodados por un lado y, por el otro, quienes no están en condiciones de pagar tarifas mucho más altas que las actuales, además, según Capitanich, de pensar en la conveniencia de aplicar “cortes programados y rotativos”, como hizo en su momento el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, para regocijo de los peronistas que lo criticaron con su dureza habitual. No será nada fácil superar la crisis energética que, además de perjudicar a quienes quedan días sin luz en la capital federal, el conurbano bonaerense, Rosario y otras partes del país, ha afectado mucho a la industria ya alicaída. En cierto sentido, es una suerte que la economía haya dejado hace tiempo de expandirse a “tasas chinas”, puesto que de no haber sido por el estancamiento de los años últimos la situación en que nos encontramos actualmente sería decididamente peor. Al concentrarse el gobierno en el eventual impacto electoral de virtualmente todas sus medidas, de ahí su propensión a privilegiar el consumo por encima de la producción y obras de infraestructura, ha creado una situación que no podrá sostenerse por mucho tiempo más. Si sigue resistiéndose a permitir ajustes, el sistema energético continuará deteriorándose por falta de inversiones, mientras que los cortes de luz, programados o no, se harán cada vez más frecuentes y más prolongados, lo que, huelga decirlo, intensificaría todavía más el malestar de quienes se sienten defraudados por un gobierno que, al subordinar todo a su voluntad de congraciarse con el electorado, ha despilfarrado tantos recursos políticos y económicos que corre el riesgo de agotarlos por completo antes de acercarse a la fase final de su gestión.
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