Un índice menos fantasioso

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Luego de haber intentado inútilmente, por siete años, convencer al mundo de que en la Argentina la inflación era en verdad un problema menor, el gobierno kirchnerista ha optado por reconocer que los precios están subiendo a una velocidad que en otras latitudes sería considerada catastrófica, ya que en un solo mes aumentaron más aquí que en un año en Europa o Estados Unidos. Según el nuevo índice del Indec, en enero el costo de vida subió el 3,7%, una cifra, si bien inferior a la supuesta por el “mamarracho”, del 4,6%, que fue confeccionado por el Congreso, que es mucho más verosímil que las de la serie anterior que no guardaban relación alguna con lo que sucedía en el país real. Aunque al introducir el índice el ministro de Economía Axel Kicillof se abstuvo de pronunciar la palabra prohibida, “inflación”, sustituyéndola por el eufemismo “corrimiento”, entenderá que ningún modelo puede mantenerse a flote por mucho tiempo con una tasa mensual del 3,7%, sobre todo si los sindicatos se movilizan en un esfuerzo, previsiblemente vano, por defender el poder de compra de los asalariados. Como tantos otros funcionarios que han ocupado el cargo cuando les tocaba minimizar la importancia de una suba abrupta, Kicillof espera que en adelante los precios se estabilicen, pero para que ello ocurra le sería forzoso tomar medidas que tendrían un fuerte impacto económico, social y político. Asimismo, tendría que convencer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que, dadas las circunstancias, cualquier alternativa sería peor. Si fuera posible frenar la inflación con decretos, discursos y aprietes destinados a intimidar a los empresarios, como quieren hacer tanto la presidenta como el ministro, todos los países del mundo se hubieran librado del mal hace mucho tiempo. La mayoría abrumadora de los gobiernos lo entiende muy bien; entre los pocos que siguen resistiéndose a aprender algo de la larga experiencia internacional en la materia están el venezolano y, por desgracia, el nuestro. La razón por la que el gobierno de Cristina optó por dejar de difundir estadísticas tan fraudulentas como las inventadas por el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, con la ayuda sin duda valiosa de Ana Edwin y Norberto Itzcovich –los funcionarios que, para sorpresa de muchos, flanqueaban a Kicillof cuando estrenó el novedoso Índice de Precios Nacional Urbano–, es sencilla. Parecería que por fin la presidenta ha comprendido que, además de hacerla un hazmerreír internacional, la mentira institucionalizada le ha impedido acceder al financiamiento externo. Por motivos comprensibles, los tentados a arriesgarse prestando dinero a un país de trayectoria tan excéntrica como el nuestro, o invirtiendo en él, quieren contar con información fidedigna, no con un “relato” que acaso sea emocionante pero que así y todo es claramente ficticio. Si bien es muy positiva la decisión de reformar el Indec para que las estadísticas oficiales se acerquen a las producidas por las consultoras privadas, tendrá que transcurrir cierto tiempo antes de que los inversores más importantes confíen en los números confeccionados por un gobierno que se ha hecho mundialmente célebre por su voluntad de engañar a los demás. Para que ello suceda, será necesario que convalide las reformas el Fondo Monetario Internacional, la institución elegida por los kirchneristas para encabezar su lista negra de enemigos ideológicos foráneos. Aunque el FMI ha reaccionado “tomando nota” del cambio, el que el gobierno kirchnerista no parezca tener la más mínima intención de permitir que se revisen los números oficiales anteriores constituirá un obstáculo tal vez insuperable. No se trata de un detalle menor. A través de los años, la adulteración de cifras vinculadas con el costo de vida ha distorsionado casi todas las demás, poniendo en duda las “tasas chinas” de crecimiento que festejó el oficialismo y que lo ayudó a acumular un capital político importante, además de los datos relacionados con la pobreza e indigencia que, conforme al Indec, sólo afectan a una minoría pequeña de los habitantes del país. Asimismo, a esta altura nadie está en condiciones de medir con cierta precisión el producto bruto nacional que, según los colombianos, ya es menor que el alcanzado por su país.

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