Un modelo alternativo

Por Mario Teijeiro (*)

Frente a la enorme crisis económica, está tomando cada vez más fuerza la apelación que «hay que abandonar el modelo». Esta visión no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Es una visión compartida por los partidos mayoritarios. Hoy prácticamente no hay diferencias entre las propuestas del «peronismo de los gobernadores», el radicalismo «opositor», el Frepaso y el ARI. El común denominador de esta dirigencia política es que cree que se debe y se puede cambiar este «modelo concentrador». Todos comparten que el modelo está agotado y que la clave pasa por una política que redistribuya ingresos, ya que esto permitiría rehacer el mercado interno y lograr así el impulso de demanda para reiniciar el crecimiento.

Su esquema conceptual es el del modelo de la CEPAL, que en distintas versiones hemos adoptado desde la década del «30. Este modelo requería un instrumento inicial de redistribución de ingresos. En la época de Prebish, se intentó tímidamente con la creación del Impuesto a las Ganancias. En la época de Perón se lo hizo agresivamente a través de la redistribución de la renta a la tierra y el aumento del gasto público. Cuando la renta a la tierra se agotó, empezaron los desequilibrios públicos financiados monetariamente, hasta que la hiperinflación terminó con el intento. En la última década tratamos de recrear el modelo de crecimiento basado en la demanda interna, duplicando el gasto público con la venta de las joyas de la abuela y al endeudamiento externo.

Ahora, que nos quedamos sin activos por vender y la fórmula del endeudamiento externo también se agotó, el mismo esquema conceptual busca nuevas formas. ¿Cómo reactivar el mercado interno? La versión 2001 incluye una moratoria sobre la deuda pública, especulando que al no pagar habrá más margen para gastos sociales. Incluye nuevos impuestos a los servicios y a la renta financiera, que fueron «los ganadores del modelo». Incluye un drástico ataque a la evasión de los grandes grupos económicos.

¿Cómo gastar los mayores recursos que se generarían? Un subsidio al desempleo para los jefes de hogar es la primera prioridad. Los aumentos de las remuneraciones y las jubilaciones más bajas sería otra. El apoyo a las pymes también está en la agenda. ¿Cómo lograr que el mayor gasto público recupere la actividad económica y el empleo? Aquí la coincidencia es que hay que cerrar la economía, para evitar que la mayor capacidad de gasto que se crea, termine en mayores importaciones… «Hay que privilegiar la producción nacional», afirma Duhalde, haciéndose eco de las viejas ideas proteccionistas de la UIA. Se trata en definitiva de una nueva versión del modelo tradicional del estatismo y la economía cerrada.

¿Es posible reactivar con la vieja fórmula de la redistribución y el proteccionismo? Hasta el 2000 la Argentina no tuvo que «ajustarse» para pagar los (crecientes) intereses de la deuda. Lo que hacía era contraer nuevas deudas para pagarlos. Una vez que el financiamiento externo se cerró, se echó primero mano a las reservas internacionales. Pero como éstas no son infinitas, a partir de julio se tuvo que cortar el gasto interno para seguir pagando los intereses. La economía entró en una decidida implosión. La alternativa de dejar de pagar los intereses permitiría en principio mantener el gasto público interno y (en el mejor de los casos) evitar que la economía siga cayendo. Pero nunca sería un factor de rápida reactivación.

Por el contrario, el «default» en sí mismo traería consecuencias nefastas sobre la actividad privada. El default pondría en la picota la solvencia de los bancos. Los depositantes preocupados huirían y el crédito al sector privado acentuaría su caída. El congelamiento de los depósitos pronto se transformaría en una necesidad ineludible para evitar un corte masivo del crédito bancario y la iliquidez de los bancos. La cadena de pagos se cortaría y la implosión económica llegaría así por el lado privado. El default permitiría en principio que el gasto público interno pueda mantenerse, pero provocaría una implosión del gasto privado. En una segunda vuelta la caída de la actividad económica afectaría a la recaudación impositiva y tampoco el gasto público podría sostenerse. Una vez que se pierde el crédito público, no hay manera de evitar una brusca caída de la actividad económica.

Con una economía en implosión y fuga de capitales, pretender cobrar más impuestos a empresas descapitalizadas y a la renta financiera es una mera ilusión. El modelo distribucionista no aportaría ninguna solución en el corto plazo. Pero, lo que es peor, afectaría seriamente las perspectivas de mediano plazo. En el afán de recuperar rápidamente a la economía, volvería a utilizar la expansión monetaria para financiar los déficit fiscales. El retorno de la hiperinflación sería una perspectiva cierta. El problema de la deuda en dólares aglutinaría rápidamente los intereses de políticos preocupados por el «voto cuota» y empresarios prebendarios. «Hay que estatizar la deuda privada», dijo Franco Macri, con una franqueza que evita cualquier comentario. La factura la pagarían obviamente los depositantes, lo que nos condenaría por muchos años a una fuga permanente de los ahorros al exterior. Pero las consecuencias nefastas para un crecimiento sostenible no paran aquí. Una economía que se cierra a las importaciones significa optar por el achicamiento, no por el crecimiento exportador. Es la señal contraria a la que se necesita para incentivar inversiones orientadas a generar exportaciones con valor agregado e ingresos por turismo.

Si el modelo de la Convertibilidad está colapsando y el modelo distribucionista no es solución para el corto ni menos aún para el largo plazo, ¿entonces qué? En el corto plazo no hay solución que permita reactivar la economía. Salvo que ocurra un milagro, una reprogramación de la deuda es inevitable y sus consecuencias también. Al igual que en una convocatoria de acreedores, lo que queda por delante es una penosa administración de la crisis. Los márgenes de maniobra serán estrechísimos y la única opción disponible será elegir entre soluciones de emergencia que son coherentes con un crecimiento sostenible en el largo plazo y otras que no lo son. Será posible optar entre la monetización de los déficit o un respeto por la estabilidad monetaria. Será posible optar entre licuaciones traumáticas y soluciones que minimicen (aunque no eviten totalmente) los daños a los derechos de propiedad. Será posible optar entre un cierre de la economía o dar muestras ciertas de una apertura comercial en serio, con un arancel bajo y uniforme y un tipo de cambio realista. Será posible optar por una administración fiscal que mantenga gastos ineficientes y tasas impositivas elevadas o, por el contrario, optar por un gasto público austero y tasas impositivas moderadas. Ninguna de estas opciones permitirá recuperar rápidamente la actividad económica, pero sí harán una enorme diferencia en cuanto a dar confianza y horizonte para incentivar un proceso de inversión productiva coherente con un crecimiento sostenible.

Desafortunadamente todo indica que la balanza se inclinará para el lado de los que creen que la alternativa es volver a las viejas fórmulas fracasadas. Si esto es así, habrá que esperar que los fracasos nos convenzan de lo contrario.

(*) Presidente del Centro de Estudios Públicos.

Artículo publicado en «Nuevo Siglo».


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