Un papa opositor

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Como jefe supremo de la Iglesia Católica, una organización de pretensiones universales, el papa Francisco tiene que preocuparse por el destino no sólo espiritual sino también físico de aproximadamente 1,2 mil millones de fieles que viven en casi dos centenares de países, pero así y todo sigue siendo Jorge Bergoglio, un hombre que durante décadas desempeñó un papel activo en la política argentina, razón por la cual una proporción sorprendente de los actos que celebra y las declaraciones que formula refleja su preocupación por lo que está ocurriendo en su país natal. Además de criticar con vigor excepcional la corrupción que muchos estragos ha provocado tanto aquí como en el sur de Europa, y recibir al líder del pueblo qom, de tal modo enviando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un mensaje nada ambiguo, ya que por no querer molestar al gobernador de Formosa la mandataria se había negado a hablar con él, Bergoglio puede expresarse a través de los documentos de entidades eclesiásticas como la Comisión de Pastoral Social, la que acaba de subrayar la necesidad de “afianzar la calidad institucional” y respetar “la división de poderes”, oponiéndose así frontalmente a un gobierno que, de tomarse en serio la retórica oficial, se las ha ingeniado para convencerse de que sería más democrático que todo el poder se viera concentrado en un solo par de manos, las de Cristina. Es notorio que a la presidenta y sus incondicionales no les gustó en absoluto la consagración de Bergoglio como papa Francisco, contratiempo que procuraron minimizar tratándolo como un compañero más, pero si bien no se han producido enfrentamientos públicos, la relación del kirchnerismo con el Vaticano sigue siendo tensa. El papa argentino es plenamente consciente de la gravedad de las amenazas planteadas al sistema democrático por un gobierno sectario cuyos militantes no ocultan su voluntad de “ir por todo” y que se caracterizan por su falta de escrúpulos. Si bien hasta hace poco la Iglesia Católica nunca se había destacado por la “aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos” que Pastoral Social está reclamando, parecería que Francisco ha llegado a la conclusión de que, de todos los sistemas que se han ensayado, el democrático es el mejor y que por lo tanto le corresponde defenderlo contra los esfuerzos por desvirtuarlo de personajes ambiciosos de mentalidad autoritaria. Huelga decir que sabe muy bien que en la Argentina, como en otros países de la región, la democracia, socavada día tras día por caudillos populistas que ven en ella un obstáculo a sus propios proyectos, está luchando por sobrevivir, de ahí la decisión de apoyar a quienes se aferran a las reglas previstas por la Constitución nacional, una postura que, desde luego, es idéntica a la asumida por buena parte de la oposición. ¿Incidirá la intervención de la Iglesia Católica, encabezada por un argentino que tanto aquí como en el resto del mundo es considerado un renovador resuelto a defender los intereses del hombre común contra aquellas fuerzas poderosas que están procurando sojuzgarlo, en la evolución de la política local? Puede que sí, aunque sólo fuera porque parecería que una mayoría ya entiende que hay algo más en juego que ciertos principios abstractos. Por cierto, el que la brutal ofensiva kirchnerista contra la Corte Suprema y otros representantes del Poder Judicial haya coincidido con una catarata de denuncias acerca de la forma corrupta en que Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina, lograron adquirir un patrimonio personal multimillonario, ha impresionado negativamente a muchos que de otro modo hubieran estado dispuestos a darle al gobierno el beneficio de la duda, puesto que nadie ignora que, merced en buena medida a la conducta de jueces habituados a fallar siempre a favor de sus padrinos políticos, en nuestro país la Justicia funciona de manera muy deficiente. Por lo demás, aunque sólo una minoría de especialistas insiste en que hay una relación estrecha entre la calidad institucional y el desarrollo socioeconómico, son cada vez más los empresarios y sindicalistas que, alarmados por el agotamiento ya palpable del “modelo” kirchnerista, se han dado cuenta de que sin inversiones, que no vendrán a menos que haya más seguridad jurídica, el país no podrá progresar.