Un síntoma de anarquía
Acaso sea comprensible que un político como el gobernador bonaerense Daniel Scioli interprete todo cuanto ocurre en términos políticos, pero dicha propensión no justifica el intento de achacar la violenta pueblada que devastó la localidad de Baradero a “las miserias de agitadores políticos que se expresan aprovechando el dolor y la buena fe e indignación de la gente”. Si Scioli cuenta con información cierta, tendrá que presentar una denuncia formal ante la Justicia, pero es poco probable que lo haga. Al fin y al cabo, cuesta creer que los hipotéticos “infiltrados” a los que aludía el gobernador provincial y eventual candidato presidencial fueran capaces de organizar el incendio de la Municipalidad, el Concejo Deliberante y otros edificios públicos, además de otros destrozos, a apenas dos horas del accidente de tránsito que desató la furia de los lugareños. Mientras no haya evidencia firme de la participación de “agitadores” profesionales decididos a aprovechar una oportunidad para sembrar el caos, hay que suponer que se trató de un estallido espontáneo, lo que, claro está, no hace menos grave el episodio. Por el contrario, el que en una localidad de apariencia tranquila pueda producirse algo así es alarmante. Hasta el domingo pasado Baradero era considerada una ciudad típica de la provincia de Buenos Aires, lo que hace temer que algo similar podría suceder en cualquier momento en otras partes del país, ya que los factores que se combinaron para producir la explosión pueden encontrarse en el resto del territorio nacional. Según el intendente de Baradero, Aldo Carossi, todo se debió a que “acá hay una población de delincuentes de todas las edades que tiene serios problemas con la Dirección de Tránsito, porque les secuestraban las motos y, como no tenían los papeles correspondientes, después no las podían recuperar”. En una sociedad tan permisiva como la nuestra, calificar a quienes no tienen los papeles en regla de “delincuentes” puede parecer excesivo, pero es cierto que en los últimos años se ha multiplicado la venta de motos a personas que están habituadas a despreciar las normas más básicas, con consecuencias a menudo trágicas tanto para quienes tratan de manejarlas como para otros. Si bien el gobierno nacional ha festejado la proliferación rápida de motos tomándola por un síntoma de prosperidad incipiente, los esfuerzos por obligar a quienes las manejan a respetar las leyes de tránsito han causado conflictos en muchas jurisdicciones, sobre todo en aquellas en que las autoridades han procurado ponerse a la altura de sus responsabilidades. Con frecuencia tales conflictos adquieren connotaciones políticas –en la capital federal los hay que quisieran aprovecharlos en desmedro de Mauricio Macri, mientras que en el interior les tocará a los gobernadores encargarse de los “costos políticos” ya de los accidentes fatales, ya de medidas encaminadas a hacer valer las reglas–, pero nadie puede ignorar que no es cuestión de las preferencias ideológicas o vínculos políticos del mandatario local sino de la resistencia de demasiados funcionarios a insistir en que todos, incluyendo a quienes carecen de recursos económicos, tengan que cumplir con la ley. Según se informa, la pueblada que dejó en ruinas el centro de Baradero fue desatada por la muerte, a causa de un accidente, de una pareja de adolescentes de 16 años que viajaba sin cascos sobre una moto a las seis de la mañana. No se trata de detalles menores: negarse a usar casco es casi suicida, no sólo porque en caso de sufrir un accidente aumenta el riesgo de morir sino también porque refleja un grado de despreocupación, sobre todo entre los adolescentes, que de por sí es peligroso. Los revoltosos dicen que el accidente fatal fue provocado por una camioneta municipal que perseguía a la moto, lo que, dadas las circunstancias, podría entenderse, pero parecería que en Baradero, como en tantos otros lugares del país, muchos suponen que cualquier intento de castigar a la gente por cometer infracciones es una manifestación de autoritarismo y por lo tanto es forzosamente ilegítimo. Mientras tales actitudes no cambien, continuarán produciéndose desgracias como la que les costó la vida a dos jóvenes, seguidas por estallidos de ira colectiva.
