Una ausencia injustificada

"Dime qué capacitación judicial tienes y te diré qué Poder Judicial tendrás" (Silvana M. Stanga, vicepresidenta de la Federación de las Escuelas de la Magistratura de las Américas)

La Escuela Judicial es un deber del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, según el artículo 206 inc. 8vo. de la Constitución y como tal fue creada por Acordada en 1995. Lamentablemente esa institución sólo existe para la organización de eventos esporádicos, discontinuos y carentes de un programa uniforme.

Otro debe ser su diseño para alcanzar mejores logros. Una traza comprometida con fines de educación y capacitación que marche hacia una nueva modalidad de asistencia a los ciudadanos desde la concepción de un mejor servicio judicial y donde los esfuerzos individuales se agrupen en uno en conjunto, cuyo común denominador sea construir una Justicia que llegue a todos en tiempo oportuno.

Hoy si un juez, funcionario o empleado judicial quiere tener una capacitación, debe lograrla por sí solo buscando el programa e institución que se acerque a sus necesidades en cuanto a costos y lugar.

Se obtendrían mejores resultados en la Escuela Judicial con la participación del Colegio de Magistrados y el de Abogados y también la colaboración de docentes universitarios.

En este ámbito es más probable que se produzca la discusión atinente a los problemas que más obstruyen la marcha ágil de la administración y el servicio de Justicia. El Poder Judicial debe someterse a testeos de eficacia y eficiencia a través de técnicas de evaluación, como cualquier otro servicio que presta el Estado.

Existen algunas carencias en nuestra formación universitaria que hoy debemos atender. Esas nuevas asignaturas son temas como la negociación, estudios de macroeconomía, finanzas y comercio, técnicas contables para la lectura de un balance, sobre los medios alternativos de resolución de conflictos, los derechos del consumidor, la informática, los derechos colectivos y legitimación activa, los derechos difusos, el derecho ambiental, la psiquiatría forense, los aspectos sociales y psicológicos de la violencia familiar y juvenil y la metodología de la investigación judicial.

En tanto que para lo funcional se debe estar más predispuesto a la temática vinculada con la tecnología administrativa, la administración de los recursos humanos y la oficina judicial.

El primer paso de esa Escuela Judicial debe ser capacitar a los jueces, funcionarios y empleados recién designados, para luego establecer programas orientados a la formación judicial y actualización para el ejercicio de la función en la administración y servicio de Justicia, con el fin de darles formación continua a sus integrantes, incluidos los peritos como auxiliares de dicho Poder.

Se puede planificar que los jueces reciban una capacitación en las cuales se los entrene para el manejo de casos (no es lo mismo la actividad de un juez en una audiencia de conciliación que en una de debate oral y público) e introducirlos en el manejo de reglas para el dictado de sentencias.

Los cursos de actualización deben ser sobre las distintas materias y especialidades detalladas para hacer más ágil la prestación del servicio.

Otro objetivo es el dictado de cursos básicos de orientación para postulantes, tanto para jóvenes abogados como para ciudadanos como futuros empleados del Poder Judicial.

Los programas, cursos, talleres y seminarios deben generar un sistema de retroalimentación, estableciendo una capacitación para quienes permitan la formación de cuadros permanentes en la Escuela. También es necesario establecer una fluida relación e intercambio con entidades públicas y/o privadas para el mejoramiento de las prestaciones que brinde la Escuela Judicial.

En resumen, es necesario contar con el funcionamiento pleno de la Escuela Judicial para la formación de su planta de magistrados, funcionarios y empleados.

MIGUEL ANGEL CARDELLA

Abogado magíster.


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