Una campaña muy peligrosa
Sería de suponer que a esta altura, a base de varios milenios de experiencia, hasta los populistas más rabiosos entenderían que carece de sentido atribuir la inflación a nada más que la codicia de los comerciantes, pero para políticos en apuros tales detalles son lo de menos. En un esfuerzo por amortiguar el impacto de las consecuencias de sus propios errores, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus militantes han convocado a los empobrecidos por la inflación a participar de una especie de guerra santa contra los empresarios que, según ellos, son los únicos responsables del aumento del costo de vida que, en los meses últimos, se ha acelerado de manera alarmante. Aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “la remarcación de precios por comerciantes inescrupulosos” y las maniobras de otros de actitudes similares “no tienen absolutamente nada que ver con el comportamiento de las variables económicas”, el chaqueño es claramente reacio a desentonar, de ahí la abundancia de epítetos insultantes que usa para descalificar a quienes hacen subir los precios “de modo absolutamente desmesurado”. De todas formas, luego de estimular durante años el consumo porque lo ayudaba a cosechar más votos, el gobierno, con el apoyo de los militantes, está procurando desalentarlo. Mientras que algunas agrupaciones kirchneristas promueven lo que llaman un “apagón al consumo”, otras acusan directamente, con nombre, apellido y foto, a empresarios determinados de “robarles el sueldo” a los trabajadores. Lo que se han propuesto los autores intelectuales de esta campaña peligrosísima es desviar la ira popular por el desastre socioeconómico que está sufriendo el país desde el gobierno responsable hacia los ejecutivos de cadenas de supermercados y otros negocios. ¿Quieren que “el pueblo” los linche? En vista de los antecedentes de los kirchneristas más beligerantes, no extrañaría que algunos sintieran tanta nostalgia por la década de los setenta del siglo pasado que les encantaría que algo así sucediera. Ya se ha hecho dolorosamente evidente que el gobierno de Cristina es incapaz de manejar la economía con un mínimo de cordura, razón por la que sus estrategas han optado por politizar la crisis ocasionada por su propia inoperancia a pesar de que la metodología elegida sólo servirá para profundizarla. Por cierto, si creen que los empresarios, debidamente intimidados por grupos de mentalidad neofascista como La Cámpora, Unidos y Organizados y otros del mismo tipo, invertirán más para que haya más puestos de trabajo, o que harán un esfuerzo denodado por hacerse más eficaces, están pidiendo peras al olmo. Lo único que lograrán estos militantes que están envenenando un clima de negocios ya tóxico es asegurar que haya desabastecimiento, una caída pronunciada de la inversión y, huelga decirlo, menos fuentes de trabajo. Por lo demás, convertir el comercio interior en un campo de batalla no beneficiaría en absoluto a quienes ya han visto achicarse su poder adquisitivo. Lo mismo que el gobierno chavista de Venezuela, el kirchnerista ha entrado en una fase destructiva. Puesto que no está en condiciones de frenar la inflación sin tomar medidas que de ser otras las circunstancias denunciaría por “neoliberales”, quiere cambiar el escenario para aprovechar mejor su capacidad notable para movilizar el rencor de quienes no tienen la menor idea de cómo funcionan las economías modernas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro instigó a la gente a saquear supermercados y negocios de electrodomésticos, sin preocuparse del todo por las consecuencias de la ola de salvajismo que desataba. ¿Está decidida Cristina a emular al amigo bolivariano? Es de esperar que no, que, antes de que sea demasiado tarde, la presidenta ordene a sus seguidores dejar de actuar como si creyeran que ayudaría a reducir el costo de vida hacer de distintos empresarios los blancos de una campaña de persecución que acaso sería apropiada para una dictadura primitiva pero que no lo es para una democracia civilizada. Caso contrario, la tensión social que el gobierno está tratando de agravar, por suponer que le permitiría recuperar la iniciativa política, podría tener consecuencias luctuosas no sólo para los chivos expiatorios sino también para algunos que han elegido ensañarse con ellos.
Sería de suponer que a esta altura, a base de varios milenios de experiencia, hasta los populistas más rabiosos entenderían que carece de sentido atribuir la inflación a nada más que la codicia de los comerciantes, pero para políticos en apuros tales detalles son lo de menos. En un esfuerzo por amortiguar el impacto de las consecuencias de sus propios errores, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus militantes han convocado a los empobrecidos por la inflación a participar de una especie de guerra santa contra los empresarios que, según ellos, son los únicos responsables del aumento del costo de vida que, en los meses últimos, se ha acelerado de manera alarmante. Aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “la remarcación de precios por comerciantes inescrupulosos” y las maniobras de otros de actitudes similares “no tienen absolutamente nada que ver con el comportamiento de las variables económicas”, el chaqueño es claramente reacio a desentonar, de ahí la abundancia de epítetos insultantes que usa para descalificar a quienes hacen subir los precios “de modo absolutamente desmesurado”. De todas formas, luego de estimular durante años el consumo porque lo ayudaba a cosechar más votos, el gobierno, con el apoyo de los militantes, está procurando desalentarlo. Mientras que algunas agrupaciones kirchneristas promueven lo que llaman un “apagón al consumo”, otras acusan directamente, con nombre, apellido y foto, a empresarios determinados de “robarles el sueldo” a los trabajadores. Lo que se han propuesto los autores intelectuales de esta campaña peligrosísima es desviar la ira popular por el desastre socioeconómico que está sufriendo el país desde el gobierno responsable hacia los ejecutivos de cadenas de supermercados y otros negocios. ¿Quieren que “el pueblo” los linche? En vista de los antecedentes de los kirchneristas más beligerantes, no extrañaría que algunos sintieran tanta nostalgia por la década de los setenta del siglo pasado que les encantaría que algo así sucediera. Ya se ha hecho dolorosamente evidente que el gobierno de Cristina es incapaz de manejar la economía con un mínimo de cordura, razón por la que sus estrategas han optado por politizar la crisis ocasionada por su propia inoperancia a pesar de que la metodología elegida sólo servirá para profundizarla. Por cierto, si creen que los empresarios, debidamente intimidados por grupos de mentalidad neofascista como La Cámpora, Unidos y Organizados y otros del mismo tipo, invertirán más para que haya más puestos de trabajo, o que harán un esfuerzo denodado por hacerse más eficaces, están pidiendo peras al olmo. Lo único que lograrán estos militantes que están envenenando un clima de negocios ya tóxico es asegurar que haya desabastecimiento, una caída pronunciada de la inversión y, huelga decirlo, menos fuentes de trabajo. Por lo demás, convertir el comercio interior en un campo de batalla no beneficiaría en absoluto a quienes ya han visto achicarse su poder adquisitivo. Lo mismo que el gobierno chavista de Venezuela, el kirchnerista ha entrado en una fase destructiva. Puesto que no está en condiciones de frenar la inflación sin tomar medidas que de ser otras las circunstancias denunciaría por “neoliberales”, quiere cambiar el escenario para aprovechar mejor su capacidad notable para movilizar el rencor de quienes no tienen la menor idea de cómo funcionan las economías modernas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro instigó a la gente a saquear supermercados y negocios de electrodomésticos, sin preocuparse del todo por las consecuencias de la ola de salvajismo que desataba. ¿Está decidida Cristina a emular al amigo bolivariano? Es de esperar que no, que, antes de que sea demasiado tarde, la presidenta ordene a sus seguidores dejar de actuar como si creyeran que ayudaría a reducir el costo de vida hacer de distintos empresarios los blancos de una campaña de persecución que acaso sería apropiada para una dictadura primitiva pero que no lo es para una democracia civilizada. Caso contrario, la tensión social que el gobierno está tratando de agravar, por suponer que le permitiría recuperar la iniciativa política, podría tener consecuencias luctuosas no sólo para los chivos expiatorios sino también para algunos que han elegido ensañarse con ellos.
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