Una carga cada vez más pesada

En algunos países, como Dinamarca, Suecia y Francia, la presión impositiva es altísima, pero también lo es la calidad de los servicios públicos, razón por la que los contribuyentes entienden que es de su interés soportarla. En la Argentina, los impuestos ya son equiparables con los habituales en Escandinavia, pero los servicios públicos son llamativamente inferiores, de suerte que no es sorprendente que muchos se rebelen evadiéndolos. Aun cuando exageren quienes comparan los servicios públicos locales con los brindados por el Estado haitiano, es innegable que se asemejan más a los de un típico país tercermundista que a los considerados normales en la mayor parte de Europa occidental. Es por lo tanto natural que haya tenido un impacto muy fuerte el informe que acaba de difundir el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), según el cual los asalariados que trabajan en la economía formal entregan al Estado entre el 47% y el 62% de sus ingresos totales y, año tras año, la proporción aumenta. Significa que en muchos casos una persona tiene que trabajar seis o siete meses para satisfacer a los recaudadores de impuestos. Puede que algunas reparticiones públicas hayan mejorado su desempeño merced al incremento de los fondos que reciben, pero se trataría de excepciones, ya que a juicio de la mayoría muy poco ha cambiado últimamente en dicho ámbito. Antes bien, la sensación imperante es que los servicios públicos más importantes se han deteriorado mientras que el gobierno kirchnerista ha aprovechado el dinero procedente de la recaudación para “hacer política” al invertir cantidades enormes en propaganda partidaria, en subsidios para que la electricidad, gas y transporte sean más baratos en ciertos centros urbanos, en empresas pésimamente administradas como Aerolíneas Argentinas, en el inmenso aparato clientelista que ha construido, en crear puestos de trabajo bien remunerados para militantes de La Cámpora y organizaciones afines y, desde luego, en programas sociales costosos; además de ayudar a enriquecer a corruptos que, como es notorio, son expertos consumados en el arte de privatizar lo que en teoría debería ser público. También han logrado apropiarse de tajadas sustanciales de los fondos aportados aquellos empresarios que saben aprovechar las oportunidades brindadas por gobiernos al parecer convencidos de los méritos del llamado “capitalismo de los amigos”. La muy pesada carga tributaria que soporta el país podría justificarse si el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hiciera un esfuerzo auténtico por reconstruir el sector público para que se asemeje más al dinamarqués o sueco, pero es evidente que nunca se le ha ocurrido intentarlo. Aunque, lo mismo que muchos radicales, peronistas, izquierdistas y presuntos progresistas, los kirchneristas reivindican el estatismo, insistiendo en que para prosperar y garantizar el mínimo imprescindible de justicia social el país tendría que contar con un Estado bien fuerte capaz de intervenir en todos los ámbitos, no parece tener interés alguno en que sea más eficiente. En lugar de procurar profesionalizar la administración pública para que funcione como sus equivalentes en Europa y otras partes del mundo desarrollado, la utiliza como una especie de esponja para reducir el desempleo entre quienes nunca encontrarían trabajo en el sector privado y, claro está, para brindar oportunidades laborales a militantes oficialistas que de otro modo tendrían que depender de subsidios. Asimismo, frente al sector privado, la postura del gobierno es, por motivos ideológicos, indisimuladamente punitiva; lejos de tratar de estimularlo, aunque sólo fuera por querer contar con más recursos para gastar según criterios políticos, se ha dedicado a provocarle dificultades. Hasta hace poco, los empresarios se sentían tan intimidados que ni siquiera las medidas más insensatas, como las improvisadas por Guillermo Moreno cuando era secretario de Comercio Interior, motivaban protestas; pero como resultado de la recesión y la proximidad de elecciones presidenciales han adoptado una actitud decididamente crítica hacia un gobierno que actúa como si tanto la industria como el campo fueran fenómenos naturales, “yuyos” que no le sería necesario cuidar para que produjeran los fondos sin los cuales el “proyecto” moriría de inanición.

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