Una crisis muy útil

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Por motivos electoralistas, en público tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como otros voceros gubernamentales han procurado minimizar los riesgos planteados a la Argentina por la desaceleración de la economía internacional prevista por quienes operan en los mercados bursátiles de Estados Unidos, Europa y Asia oriental. Si bien ya no hablan de “blindaje” –una palabra que aquí tiene connotaciones desafortunadas–, dan a entender que gracias al “modelo” el eventual impacto será reducido con tal que todos cierren filas. Así y todo, frente a los sindicalistas la actitud oficial es distinta. En los últimos días, el gobierno ha aprovechado la presunta proximidad de choques externos para advertirles que, dadas las circunstancias, sería peligroso presionar por aumentos salariales a su juicio exagerados. Es su forma de decirles que cometerían un error muy grande si se limitaran a respetar una tregua preelectoral con el propósito de redoblar las presiones una vez confirmado el triunfo es de suponer plebiscitario de Cristina, puesto que lo último que quiere la presidenta es que su segundo período en la Casa Rosada se vea agitado por conflictos gremiales. Por lo demás, no puede sino preocuparle la incertidumbre que se ha apoderado de empresarios alarmados por alusiones oficialistas a la supuesta necesidad de “radicalizar” el modelo que se ha manifestado a través de una renovada huida de capitales. Según se informa, en el año de la consagración del liderazgo de Cristina la sangría de divisas podría superar ampliamente los 20.000 millones de dólares. Por ahora, las diversas facciones que conforman la oposición política al kirchnerismo, abrumadas por los resultados de la “megaencuesta” que se celebró el mes pasado, no están en condiciones de hacer mucho más que dedicarse a la autocrítica antes de mudarse a sus cuarteles de invierno, mientras que los esfuerzos oficialistas por hacer pensar que la oposición auténtica se encuentra en una especie de partido mediático encabezado por el CEO del Grupo Clarín tienen menos que ver con la política propiamente dicha que con la vocación autoritaria y los intereses empresariales de quienes están en el poder. Sin embargo, el que el gobierno parezca “hegemónico” no quiere decir que en adelante pueda permitirse cuanto se le antoje, como suponen algunos kirchneristas fogosos. Mal que les pese a quienes se imaginan libres de controles ajenos, no les será dado tratar la realidad económica con el mismo desprecio que domina su relación con las agrupaciones políticas opositoras y la prensa independiente. Tendrán que respetarla. Así las cosas, los sindicalistas se ven ante una serie de dilemas. Conscientes de que el gobierno cuenta con el apoyo de por lo menos la mitad del electorado y de que su propia imagen difícilmente podría ser peor, no se animan a oponérsele abiertamente, de ahí la reacción débil ante la decisión de la presidenta de vetar la propuesta del jefe de la CGT, el camionero Hugo Moyano, de aumentar el 41% el salario mínimo, obligándolo a aceptar el 25%, o sea, apenas lo suficiente como para compensar lo perdido a raíz de la inflación. Asimismo, representantes del gobierno han dejado saber que en la próxima ronda de paritarias los sindicalistas tendrán que conformarse con porcentajes mucho menores que los habituales, una pretensión que enoja a los más combativos, como el líder de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) disidente, Pablo Micheli, que se han comprometido a luchar por aumentos que tomen en cuenta la tasa de inflación real más el crecimiento macroeconómico reciente. Si no fuera por la probabilidad de que la economía mundial esté por ingresar en una etapa convulsiva que al afectar las exportaciones privaría de recursos a la famosa “caja” oficial, a un gobierno “popular” comprometido con la redistribución no le sería nada fácil impedir que después de las elecciones de octubre se produjera una gran ofensiva sindical, pero el temor a que “el mundo” se las arregle para perjudicarnos le ha brindado un pretexto convincente para exigirles a los sindicalistas actuar con moderación aun cuando como resultado se vean constreñidos a cohonestar la desigualdad económica que ha sido impulsada por un modelo que supuestamente sirve para reducirla.