Una omisión de más
Por absurdo que parezca, es bien posible que los perjuicios ocasionados a Carlos Menem por su alusión a su cuenta bancaria en Suiza resulten ser decididamente mayores que los causados por la denuncia, que fue difundida por el mundo entero por The New York Times, que en cierto modo la cohonestaba, según la cual habría encubierto el supuesto rol iraní en el atentado contra la AMIA a cambio de diez millones de dólares. Sin duda por entender que le sería inútil insistir en seguir negando la existencia de una cuenta suiza a su nombre, Menem afirmó ante una cadena de noticias norteamericana que sí tenía una y que en ella había depositado los 200.000 dólares en concepto de indemnización que había recibido en 1986, monto que, «con el tiempo y los intereses», ya sumarían 600.000 dólares, detalle éste que sorprendería a muchos inversores. De todos modos, desgraciadamente para el ex presidente, dicha cuenta no se ha visto incluida en sus declaraciones juradas de bienes, razón por la que a la Oficina Anticorrupción no le quedaba otra opción que la de acusarlo de «omisión maliciosa». Si bien se trata de un delito que muchos considerarán menor -como el propio Menem dijo en una oportunidad, aquí la evasión impositiva es «el deporte nacional» y abundan los motivos para suponer que todos los que están en condiciones de hacerlo se las han arreglado para alejar sus ahorros de los políticos locales-, podría significarle el fin de su carrera política.
Aunque Menem y sus muchos simpatizantes atribuirían su eventual proscripción a una «maniobra política» muy injusta, ya debería ser evidente incluso a los dispuestos a reivindicar su gestión como presidente que las desventajas para el país de su participación en las próximas elecciones serían enormes y los hipotéticos beneficios escasos. La mera sospecha de que Menem es de la clase de personas que colaboraría con terroristas islámicos, sería de por sí más que suficiente como para impedirle volver a ser presidente de la Argentina aun cuando no hubiera basado su candidatura en su presunta condición de aliado incondicional de Estados Unidos y amigo íntimo de la familia del presidente George W. Bush. Además, la convicción casi universal de que tanto él como los integrantes de su entorno son personas muy pero muy corruptas serviría para enviar un mensaje decididamente perverso al resto del mundo, en un momento en el que la preocupación por las consecuencias políticas de la corrupción está intensificándose a raíz de los escándalos empresarios norteamericanos, mientras que la incidencia en la Argentina misma de lo que podría tomarse por un voto en favor del saqueo sería con toda seguridad devastadora. Lo comprendan o no los muchos que, sin confesarlo, suelen minimizar la importancia de la corrupción, la amoralidad de tantos políticos está entre las causas básicas del colapso económico y de la caída en desgracia de la clase dirigente nacional.
Algunos que son reacios a aceptar que Menem ya ha cumplido su ciclo y que si regresara esto significaría que la Argentina habría elegido revolcarse en su propio fracaso colectivo, parecen creer que a pesar de sus deficiencias sigue siendo el único dirigente nacional con la astucia, audacia y voluntad necesarias para defender el «modelo» capitalista. De más está decir que se equivocan. Puede que hace diez años la decisión oportunista de Menem de procurar erigirse en caudillo de una versión sudamericana de la «revolución neoconservadora» estadounidense haya contribuido a modificar la actitud de algunos sectores antes comprometidos con las recetas corporativas y clientelistas tradicionales, pero a partir de entonces su protagonismo ha servido para desprestigiar las ideas que dice querer impulsar al brindar a sus muchos adversarios un pretexto inmejorable para descalificarlas por inmorales. Por cierto, el capitalismo democrático no tendría ningún futuro en el país si dependiera de la ayuda de políticos como Menem que, es innecesario decirlo, son tan «pragmáticos» que pactarían con cualquier sistema concebible con tal de que creyeran que les resultaría personalmente provechoso, sin preocuparse en absoluto por las consecuencias a largo plazo para el país o para sus compatriotas.
Por absurdo que parezca, es bien posible que los perjuicios ocasionados a Carlos Menem por su alusión a su cuenta bancaria en Suiza resulten ser decididamente mayores que los causados por la denuncia, que fue difundida por el mundo entero por The New York Times, que en cierto modo la cohonestaba, según la cual habría encubierto el supuesto rol iraní en el atentado contra la AMIA a cambio de diez millones de dólares. Sin duda por entender que le sería inútil insistir en seguir negando la existencia de una cuenta suiza a su nombre, Menem afirmó ante una cadena de noticias norteamericana que sí tenía una y que en ella había depositado los 200.000 dólares en concepto de indemnización que había recibido en 1986, monto que, "con el tiempo y los intereses", ya sumarían 600.000 dólares, detalle éste que sorprendería a muchos inversores. De todos modos, desgraciadamente para el ex presidente, dicha cuenta no se ha visto incluida en sus declaraciones juradas de bienes, razón por la que a la Oficina Anticorrupción no le quedaba otra opción que la de acusarlo de "omisión maliciosa". Si bien se trata de un delito que muchos considerarán menor -como el propio Menem dijo en una oportunidad, aquí la evasión impositiva es "el deporte nacional" y abundan los motivos para suponer que todos los que están en condiciones de hacerlo se las han arreglado para alejar sus ahorros de los políticos locales-, podría significarle el fin de su carrera política.
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