Una piedra en el camino

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Si el presidente venezolano Hugo Chávez fuera un dirigente democrático común, se sentiría más que conforme con los resultados de las elecciones legislativas que se celebraron el domingo. A pesar de la inflación rampante, una recesión económica prolongada que ha agravado la pobreza extrema en que vive una proporción muy alta de los venezolanos, la corrupción de la “boliburguesía” que lo acompaña y la transformación de Caracas en una ciudad plagada de delincuentes desalmados que es aún más violenta que Bagdad, todavía cuenta con el apoyo de casi la mitad de sus compatriotas, lo que puede considerarse una proeza política notable. Asimismo, aunque según los primeros cómputos, la heterogénea Mesa de Unidad Democrática opositora consiguió el 52% del voto popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela oficialista disfrutará de una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, con al menos 90 escaños de los 165, si bien no alcanzará los dos tercios necesarios para la aprobación de leyes destinadas a profundizar el programa ambicioso que el caudillo llama “el socialismo del siglo XXI”. Claro, el dominio parlamentario del chavismo puede atribuirse en buena medida a la reforma de circunscripciones del año pasado que perjudicó a los distritos más poblados en que la oposición es más fuerte que en el resto del país y privilegió a las zonas chavistas, pero la anomalía así supuesta no se limita a Venezuela: en Estados Unidos y el Reino Unido es frecuente que el partido con más votos populares consiga menos diputados o senadores que su rival. Con todo, para los venezolanos se trata de una situación inédita. Puesto que Chávez no es un político habituado a buscar consensos, le está resultando difícil ocultar la preocupación que siente ante el avance de la oposición. Lo que para cualquier mandatario de un país de tradiciones democráticas consolidadas sí hubiera sido, como afirmó, “una victoria sólida” fue un retroceso, ya que de haber sido cuestión de elecciones presidenciales hubiera perdido frente a un candidato apoyado por todo el “rejunte” opositor de la Mesa de Unidad Democrática que se ve aglutinada por la voluntad compartida de frenar a Chávez para que deje de actuar como si fuera el dueño del país y por lo tanto con derecho a usar caprichosamente sus recursos sin tener que rendir cuentas ante nadie. Aunque Chávez sigue siendo el protagonista virtualmente exclusivo de la política venezolana, el saber que la mayoría de sus compatriotas acaba de votar por candidatos legislativos resueltos a controlarlo le supone el mismo dilema que han enfrentado los Kirchner a partir de las elecciones de mediados del año pasado: si, como es probable, opta por asumir una postura agresiva, correrá el riesgo de ayudar a sus adversarios; si decide intentar dialogar con la oposición, podría brindar la impresión de estar batiéndose en retirada, algo que no convendría en absoluto al caudillo de un movimiento de pretensiones revolucionarias. Parecería que la mayoría de los venezolanos da por descontado que continuará procurando profundizar el “modelo bolivariano”, razón por la que, según se informa, se instaló un clima de “fuerte tensión” en Caracas al demorarse la difusión de los resultados de la jornada electoral, ya que se teme que los chavistas más exaltados los tomen por un desafío a la hegemonía de su jefe. En vísperas de la elección, Chávez había arengado a sus militantes exhortándolos a avanzar “a paso redoblado, esto significa acelerar el arrollamiento y la demolición”, de suerte que es comprensible que los opositores se sientan amenazados. Cuando un personaje como Chávez se convence de que es legítimo subordinar todo al proyecto que cree encarnar, un revés parcial como el que acaba de experimentar sólo significa que para impulsarlo tendrá que obrar con más vigor, y con más autoritarismo, que antes. Para él, la democracia será buena mientras le asegure una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional, pero será un arma en manos de gente inescrupulosa –sujetos comprometidos con “las corporaciones”, idénticas a las que aquí se ven denunciadas periódicamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– en el caso de que sus propios simpatizantes no estén en condiciones de someterla a su voluntad, lo que desde su punto de vista la convertiría en un obstáculo que le correspondería demoler.