Una presidenta muy generosa

Aunque los ingresos de los trabajadores dependen de factores netamente económicos, en todas partes los políticos quieren hacer pensar que, si aumentan, es debido casi exclusivamente a su propia generosidad, mientras que los sindicalistas lo atribuyen a su capacidad para presionar tanto a los empresarios como a las autoridades de turno. Era de prever, pues, que al acercarse la ronda primaria de las elecciones legislativas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaría medidas destinadas a difundir la impresión de que, merced a lo que califica de “un esfuerzo importante para el Estado”, muchos percibirán salarios menos magros en adelante, ya que subirá el mínimo en dos tramos, primero a 3.300 pesos mensuales y, a partir de enero del año que viene, hasta 3.600, mientras que se eximirá de Ganancias el medio aguinaldo de junio pasado. Puesto que el costo de vida sube a un ritmo de aproximadamente el 25% anual, la incidencia de las medidas decretadas en el poder adquisitivo de quienes ganan muy poco será escasa, pero puede que sirvan para tranquilizar a los sindicatos oficialistas, si bien en esta ocasión el opositor Hugo Moyano y sus compañeros pudieron celebrar “la devolución” de Ganancias del medio aguinaldo como “un triunfo de la lucha de Camioneros”. Sea como fuere, si en última instancia el nivel de los salarios se viera determinado por negociaciones entre políticos y sindicalistas, nadie tendría motivos para quejarse, ya que sería del interés de quienes participan de las paritarias que todos ganaran muchísimo más, pero por desgracia el estado de la economía los obliga a respetar ciertos límites. Los obreros del norte de Europa, además de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Japón, no deben su prosperidad relativa a la magnanimidad de sus gobernantes o la agresividad de los sindicalistas sino a las proezas de los empresarios. Para que los trabajadores argentinos, que hace sesenta años ganaban tanto como sus equivalentes de muchos países de lo que, andando el tiempo, se llamaría el Primer Mundo pero que en la actualidad perciben una mera fracción, lograran reducir la brecha enorme que se ha producido, los políticos y sindicalistas tendrían que concentrarse en mejorar el clima de negocios con el propósito de estimular a los empresarios a emular a sus homólogos de otras latitudes, pero son reacios a hacerlo, acaso por temor a verse calificados de “neoliberales”. En cuanto a los empresarios mismos, están tan acostumbrados a los arreglos corporativos inherentes a la cultura económica nacional que a muchos les parecería absurdo suponer que deberían ser plenamente capaces de competir con los mejores del resto del mundo. Si bien a esta altura nadie ignora que la inflación perjudica a todos los trabajadores, en especial a los peor remunerados, entraña ciertas ventajas para los funcionarios del gobierno y los dirigentes sindicales. Aquéllos pueden anunciar aumentos salariales que, en términos de porcentaje, parecen importantes; éstos participan dos o tres veces por año en negociaciones bipartitas o tripartitas que les dan oportunidades para destacarse. Por el mismo motivo, la inflación también puede ayudar a empresarios que están más interesados en desempeñar un papel político como voceros de una asociación sectorial que en producir bienes de calidad internacional a precios accesibles. Se trata de otra consecuencia negativa de la inflación que, además de provocar un sinfín de distorsiones, estimula el dirigismo de políticos que se ven obligados a intervenir con el propósito sin duda sincero de atenuar el impacto del aumento constante del costo de vida, postergando todavía más la posibilidad de que se forme un consenso a favor de reformas para que los obreros argentinos puedan disfrutar de ingresos equiparables con los habituales en otros países. Es verdad que en nuestro país los salarios suelen ser superiores a los del resto de la región, pero así y todo son tan bajos que, en términos de poder adquisitivo, la mayoría abrumadora se encontrarían por debajo de la línea de pobreza de Estados Unidos, país que, a juicio de algunos militantes oficialistas, está experimentando una crisis económica tan grave que al presidente Barack Obama le convendría adoptar el “modelo” patentado por Cristina.