Una reforma constitucional que aún puede evitarse

Los hechos tienen una persuasión que sólo puede ser cuestionada si se guarda en la memoria el injusto origen que, en particulares circunstancias, les dieron vida.

Después de veinte años acaba de reconocerse la inconstitucionalidad de las llamadas leyes del perdón. Mientras tanto, en base a ellas funcionaron numerosos tribunales y se legalizó la impunidad. Eso constituía un hecho.

Lo curioso es que esas leyes fueron aprobadas mediante un Congreso democrático y célebres constitucionalistas fundaron y convencieron a la sociedad acerca, no sólo de su necesidad, sino de su lógica jurídica.

Si la sociedad no hubiese contado con personas que no claudicaron ante esos hechos, estos todavía estarían difundiendo sus efectos entre nosotros, con el agravio moral consiguiente.

En Neuquén está pasando algo parecido con la ley 2.471 que convoca a la Reforma de la Constitución Provincial. Como si esa ley, «ya que está», no debería perder la oportunidad de ser aplicada.

Si se procede así, se olvida que la reforma no nace de un consenso, sino de una necesidad de dominación del oficialismo gobernante. Y también se olvida que la sociedad, ni siquiera podrá pronunciarse al cabo de su redacción definitiva, porque no está previsto, posteriormente, ningún referéndum . Es más, la mayor parte de la sociedad ignora el contenido que pretende impulsar el gobierno.

Sin embargo, son algunos sectores de la oposición los que salen a defenderla y aluden a la necesidad de contar con un Concejo de la Magistratura, a acortar la duración de los recesos legislativos, a la necesidad de proteger a los consumidores y en la preservación del medio ambiente. Lo que no dicen es que también está en la agenda de esa reforma, la desregulación laboral y la desaparición del estado como beneficiario principal de los cuantiosos recursos naturales de la provincia y el achicamiento de los cuerpos representativos.

Si esa parte de la oposición conjuga con el oficialismo la misma vocación reformista, estará cambiando asuntos de baja prioridad, que se pueden incorporar adaptando la legislación vigente o con otra a crearse, por cuestiones que le interesan al gobierno, que son la desregulación laboral y la privatización irreversible de los recursos naturales de la provincia. A lo que hay que agregar la de la atención médica, según la información suministrada por diversos medios.

Como se ve una negociación absolutamente despareja en cuanto a la calidad de los logros a conseguir.

La situación pareciera plantearse de este modo: la oposición forma parte de una negociación, fijando su criterio en asuntos de menor trascendencia y el gobierno cumple con su objetivo. Este no es otro que el de dotar a la CP de nuevos paradigmas inspirados en un neoliberalismo pasado de moda y resabio de la peor decadencia que sufriera nuestro país.

Lo que se dice un buen negocio para el oficialismo que salva las formalidades y se anota un triunfo político con los colores del equipo Repsol.

Por eso hay que evitar que una vez más el pueblo sea, el convidado de piedra de la maniobra.

El propósito de la oposición, si perdiera la elección, debería ser el de restarle legitimidad a la reforma, retirándole el quórum para su funcionamiento. Y si la gana, y decide sesionar, deberá asegurarse proteger a sus integrantes de la cooptación que seguramente se intentará . Desde su minoría y en base a ese tipo de maniobras, el oficialismo puede alcanzar una mayoría no otorgada por el acto eleccionario.

Ante esos peligros es que hay que reivindicar la CP de 1957, enmendada en el '94 y proponer la sanción de leyes que mejoren la elección de los jueces y otros asuntos, que no requieren la reforma de la CP.

La firmeza de las ideas deberían estar antes que los hechos, por más consumados que éstos se presenten.

Entrar en el juego de la negociación política hará de esta reforma una capitulación deshonrosa.