Una tragedia compartida

Está en lo cierto el presidente mexicano Felipe Calderón cuando dice que la atroz guerra contra los narcotraficantes que desde el 2006 ha resultado en la muerte de por lo menos 40.000 personas en su país se debe, “en gran parte, al consumo insaciable de drogas” de los habitantes de Estados Unidos y que por lo tanto les corresponde a las autoridades norteamericanas tomar medidas a fin de reducir al mínimo “las ganancias estratosféricas de los criminales”. También es razonable el reclamo de Calderón de que los norteamericanos “cierren de una vez la criminal venta de armas de alto poder y fusiles de asalto a los delincuentes que operan en México”: aunque a esta altura los narcotraficantes cuentan con recursos suficientes como para permitirles comprar las mismas armas en otras partes del mundo, no cabe duda de que el que les haya resultado muy fácil obtenerlas en Estados Unidos los ha ayudado a desafiar a las fuerzas militares. Con todo, si bien puede entenderse la indignación que siente el mandatario mexicano por la violencia salvaje que ha provocado tantos estragos en su país –hablaba poco después de la muerte de 53 personas a causa de un atentado contra el Casino Royale, en Monterrey–, es poco probable que se modifique mucho la postura de los norteamericanos que desde hace años están librando su propia guerra contra los cárteles de narcotraficantes. A juzgar por los resultados, la estrategia represiva elegida por una serie de gobiernos ha fracasado, pero los norteamericanos no parecen estar dispuestos a abandonarla a favor de otra por temor a agravar todavía más la cantidad de drogadictos y también porque merced al conflicto se ha creado una multitud de organizaciones policiales y burocráticas reacias a cambiar. No es que los norteamericanos se hayan resignado a permitir el consumo de drogas, como asevera Calderón, sino que no han encontrado la forma de combatir el mal. Con razón o sin ella, creen que las alternativas “de mercado” insinuadas por el presidente mexicano que consistirían en tratar la drogadicción como un problema médico plantearían riesgos inaceptables. En todos los países ricos, narcóticos de diverso tipo han contribuido enormemente al aumento del crimen y del número de encarcelados –en Estados Unidos más de 2,3 millones de personas están entre rejas, mucho más que en cualquier otro país–, pero en México y otros países latinoamericanos lo que para el “Primer Mundo” sigue siendo un problema policial y social acarrea amenazas que son decididamente más peligrosas. Se ha hecho tan feroz la lucha entre la policía y el ejército por un lado y los narcotraficantes por el otro que México corre peligro de degenerar en un “Estado fallido”, uno en que el gobierno formal no esté en condiciones de proteger a la ciudadanía de organizaciones criminales y, en muchas zonas, termine pactando con ellas. No exageraba Calderón cuando calificaba de “terroristas” a los autores del atentado en Monterrey, ya que las bandas de narcotraficantes se han hecho tan poderosas que están actuando como si fueran revolucionarios políticos aunque, desde luego, a ninguna persona racional se le ocurriría reivindicar la clase de sociedad que resultaría si lograran derrotar a los comprometidos con la prevista por los constitucionalistas. Las consecuencias para México y otros países latinoamericanos de la incapacidad de las autoridades norteamericanas para hacer frente al desastre humano y social supuesto por la drogadicción en su propia sociedad han sido tan nefastas que no pueden sino incidir de manera perversa en la relación entre la superpotencia rica y sus vecinos pobres. Además de impulsar la inmigración a Estados Unidos, la violencia sanguinaria en México ha intensificado la hostilidad de muchos norteamericanos hacia los recién venidos que, por supuesto, incluyen a sicarios de los cárteles. Aunque es comprensible que los norteamericanos teman que sus propias ciudades se asemejen cada vez más a las mexicanas, en cuyas calles soldados del ejército luchen contra narcotraficantes, no les será dado eliminar el peligro construyendo barreras físicas. Tampoco pueden lavarse las manos de lo que está sucediendo en México como si a su entender fuera cuestión de la debilidad del gobierno y la corrupción de una sociedad en su opinión atrasada.