Unir sociedad y política

COLUMNISTAS

La realidad política argentina actual se gestó en el siglo XX, durante el cual se desarrollaron tres grandes corrientes políticas populares con diferentes sustentos sociales y grados de desarrollo: el radicalismo, surgido de la revolución del Parque en 1890 en representación de la creciente clase media; el socialismo, nacido de movimientos sindicales y sociales de izquierda en 1896, y el peronismo emergente de la movilización de nuevos sectores obreros en 1945. El radicalismo y el peronismo llegaron varias veces al gobierno nacional y el socialismo obtuvo logros parlamentarios y municipales sin alcanzar la misma trascendencia nacional. Las tres lo hicieron en democracia, contribuyendo al progreso social, y de las tres surgieron otros espacios políticos, algunos ya agotados y otros en vigencia. Los sectores oligárquicos, aliados a los intereses extranjeros, constituyen una cuarta corriente política que, por su origen y objetivos antipopulares, accedió varias veces al gobierno a través de los golpes de Estado hasta 1983.

Ese año el pueblo argentino recuperó la democracia con entusiasmo luego de la larga y terrible noche dictatorial. El gobierno del radical Raúl Alfonsín impulsó cambios en materia económica, llevó a juicio a las Juntas Militares, intentó democratizar el movimiento obrero y planteó una idea de soberanía territorial y poblamiento a través del traslado de la capital a Viedma.

Una combinación entre sus propias limitaciones, la despiadada oposición sindical y política peronista y el poder económico concentrado conspiró contra la continuidad de esa idea de cambio, desalentó el entusiasmo popular y nos arrojó (golpe de Estado económico de por medio) al neoliberalismo sin anestesia que aplicó el peronista Menem. Su gobierno profundizó el camino de entrega iniciado por la dictadura, desmantelando el Estado de bienestar que equilibraba a favor de los más débiles frente al imperio de los poderosos. Generó una sociedad muy desigual, con sectores marginados del trabajo y de los derechos más elementales. Los trabajadores en blanco y sindicalizados disminuyeron en cantidad y calidad de organización. Las capas medias se estratificaron según sus ingresos y capacidad de consumo, perdiendo su tradicional homogeneidad. Las mafias, nacidas de la impunidad de la dictadura, encontraron espacio para multiplicar sus negocios de piratería del asfalto, tráfico de drogas y de personas y todo ilícito posible ante el retiro del Estado.

La euforia de participación política comenzaba a mermar y los actos políticos dejaron de ser masivos para pasar a ser reuniones de afiliados con algún compromiso directo partidario.

El radicalismo comenzó a sentir los efectos de la disgregación de la clase media y entró en una pendiente cada vez más acelerada de representatividad que empezó con el 17,1% de los votos a presidente en 1995 y llegó al 11,14% en el 2011. Electoralmente, le fue mejor cuando se plantó por izquierda (Alfonsín con la socialdemocracia y De la Rúa con el Frepaso) que cuando lo hizo por derecha del posicionamiento ideológico (Lavagna en el 2007 y De Narváez en el 2011) y hoy debate su identidad entre simpatías por el socialismo, el Pro y sectores del peronismo.

El peronismo, que en su origen elevó la condición material de la clase obrera contribuyendo al Estado de bienestar, terminó destruyéndolo y generando la Argentina de las grandes diferencias sociales. No obstante, conserva representatividad porque maneja a la perfección la política clientelar, que consiste en hacer favores personales con el dinero y los instrumentos del Estado a cambio del voto. El clientelismo, que desprecia al ciudadano y lo reduce a la condición de un objeto, está asociado a la corrupción, pues para ejercerlo se violan los procedimientos y los controles del dinero público.

El clientelismo pasó a ser la manera generalizada de hacer política y, lamentablemente, la adoptaron también algunos radicales, como ocurrió en Río Negro, lo que les permitió gobernar durante 28 años al costo de alejarse paulatinamente de los ciudadanos, de sus propios afiliados y de sus principios ideológicos fundacionales.

Estos dos grandes partidos tradicionales retrocedieron, traicionando sus orígenes; se debilitaron y sufrieron escisiones. Llevaron la política de ser una herramienta para poner el Estado al servicio del pueblo a ser un negocio personal al más puro estilo de los caudillos conservadores de principios del siglo XX que ellos mismos combatieron.

Degradaron la política y en esto reside su cada vez mayor distancia con la sociedad. Ya no asiste nadie a las reuniones políticas. El cliente sólo es convocado (acarreado) para el voto y, salvo excepciones, los locales partidarios se transformaron en oficinas de funcionarios a sueldo o simplemente salones cerrados y vacíos.

Así las cosas, la política no la definen los partidos y sus afiliados y mucho menos el conjunto social con su participación: la ejercen los grupos de poder que financian políticos para que ganen elecciones y, a cambio, les den las herramientas (leyes y concesiones) para hacer negocios con los bienes del Estado y con los bienes naturales. La soja, que es el negocio de los Monsanto; la minería, que es el negocio de las Barrick Gold; los hidrocarburos, que son el negocio de las Chevron.

Hoy en la provincia de Río Negro es casi un detalle decorativo si se está con los peronistas que gobiernan o con los que pasaron a la oposición. Todos coincidieron y coinciden en derogar el uso de cianuro en minería, en poner a los empleados públicos en disponibilidad, en degradar la salud pública y en consentir el avance de la especulación inmobiliaria y la extracción de hidrocarburos no convencionales en pleno valle productivo con consecuencias a mediano y largo plazo impredecibles en materia social y ambiental.

La otra corriente política tradicional, el socialismo, que cobró mayor relevancia en los últimos años, tiene la gran responsabilidad de crecer sin caer en los mismos errores. Para ello debe proponer, entre otros objetivos, volver a unir sociedad y política para transformar la lógica del Estado capitalista al servicio de una elite y ponerlo al servicio de la igualdad social. En esta tarea coincide con sus aliados, que en el caso de Río Negro integran el Frente Progresista, y seguramente contará con muchas voluntades de las otras fuerzas populares e independientes.

Es la lucha de siempre. Los intereses del pueblo por un lado y los de las multinacionales y sus aliados nativos por otro. Estamos ante el sistema capitalista en su más brutal etapa. Es imprescindible reorientar las políticas públicas, profundizar la democracia y la participación popular en las decisiones del gobierno para revertir el retroceso en las conquistas populares y construir una sociedad más igualitaria.

JUAN JOSÉ TEALDI

Presidente del Partido Socialista en el Frente Progresista, Río Negro

JUAN JOSÉ TEALDI