Uruguay bajo fuego K
De ocurrírsele al gobierno de un país vecino, como Chile, Bolivia, Paraguay o Brasil, protestar airadamente contra una decisión de una empresa argentina de aumentar la producción de algo presuntamente capaz de provocar problemas ecológicos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman estallarían de furia patriótica para entonces informarle que no están dispuestos a permitir que nadie interfiera en un asunto exclusivamente interno. Sin embargo, para asombro no sólo de los uruguayos sino también para muchos otros, la semana pasada el gobierno kirchnerista anunció que, una vez más, acudiría a la Corte Internacional de La Haya con el propósito de obligar al presidente José “Pepe” Mujica a impedir que la pastera de la empresa finlandesa UPM (ex-Botnia) eleve su producción de celulosa a 1.365.000 toneladas anuales. Y, para rematar, Timerman dice que “vamos a hacer un análisis exhaustivo, ministerio por ministerio, sobre las relaciones con Uruguay”, dando a entender así que lo que se propone es librar una especie de guerra diplomática total contra nuestro pequeño vecino. Parecería que, desde el punto de vista de los kirchneristas, los uruguayos son enemigos temibles del “proyecto” que, mal que les pese a muchos, estamos protagonizando y que por lo tanto hay que aprovechar toda oportunidad para humillarlos, enseñándoles que quien manda en su país no es Mujica sino Cristina. Cuando la empresa Botnia optó por construir una gran papelera en Fray Bentos, luego de haber abandonado la idea de instalarla en Entre Ríos por razones que nunca se han aclarado, el entonces presidente Néstor Kirchner decidió sumarse a la campaña en contra de la iniciativa de los militantes ecológicos de Gualeguaychú, afirmando que se trataba de una “causa nacional”. Con el apoyo de nuestro gobierno, los piqueteros ambientales lograron ocasionar daños considerables a la economía uruguaya con cortes de ruta que duraron tres años. Aunque resultó que la papelera finlandesa contaminaba mucho menos que sus equivalentes en la Argentina, los kirchneristas no se han dado por vencidos. Siguieron hostigando a Uruguay, prohibiendo los transbordos en los puertos de dicho país, de tal modo obstaculizando el movimiento de contenedores. Por supuesto, no ha ayudado a restaurar la normalidad el escaso respeto que siente Mujica por Cristina, quien a su juicio es “una vieja que es peor que el tuerto”, o sea, su difunto marido, pero tales deslices aparte, el extupamaro se ha esforzado tanto por congraciarse con ella que, según sus adversarios locales, ha sido demasiado blando. Antes de las elecciones presidenciales uruguayas del 2004, los Kirchner apoyaron abiertamente al candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, por suponer que les sería dado tratarlo como un socio menor. Sin embargo, para disgusto de quienes se habían creído sus padrinos, Vázquez no tardó en señalarles que siempre antepondría los intereses de su propio país a los del gobierno argentino. Se inició, pues, una etapa en la que la relación bilateral del “paisito” con su vecino mayor se pondría a prueba una y otra vez, por motivos que tendrían más que ver con el arbitrario y a menudo vengativo “estilo K” que con las inevitables divergencias concretas. A esta altura es imposible estimar cuánto han incidido en la actitud del gobierno argentino hacia Mujica los caprichos de Cristina, su presunto deseo de provocar conflictos a fin de desviar la atención de los inmanejables problemas internos que enfrenta y el enojo que le habría causado el hecho de que, en los años últimos, el “modelo” socioeconómico uruguayo haya funcionado decididamente mejor que el suyo. Sea como fuere, los uruguayos, como tantos otros, esperan que los próximos gobiernos argentinos resulten ser más “normales” conforme a las pautas imperantes en el mundo occidental y que ninguno trate de privarlos de los beneficios que les suponen un marco institucional más confiable que el de nuestro país y la falta relativa de corrupción ya que, como aseveró Mujica el mes pasado en Estados Unidos sin arriesgar comparaciones explícitas, “somos un país decente, no sólo nuestra administración, todo el país. Somos amigos de los empresarios y hacemos lo que podemos, pero no les vendemos el alma ni les compramos el bolsillo; damos gigantescas garantías”.
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