Verdades evidentes

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El secretario de Estado norteamericano Colin Powell no es el único que está convencido de que, además de una reforma económica, la Argentina tendrá que «encarar los profundos defectos políticos e institucionales que promueven el exceso en los gastos del sector público, la corrupción, sistemas judiciales politizados y ausencia de transparencia en las actividades del gobierno». Comparte plenamente su punto de vista la mayoría de los habitantes del país, de ahí la popularidad del lema despiadado y desesperado de «que se vayan todos». Por supuesto que distintos sectores gubernamentales tratarán de minimizar la importancia del mensaje que acaba de enviarnos el responsable de la diplomacia estadounidense, calificándolo de un «apriete» y atribuyéndolo a nada más que al deseo de ayudar a los banqueros y empresarios, pero sucede que el gobierno está mucho más interesado en frenar el cambio, que en manejarlo para que resulte positivo. Desafortunadamente, el presidente Eduardo Duhalde no parece tener ninguna intención de liderar una «transición» sino que, por el contrario, quiere conservar la mayor parte posible de las estructuras clientelistas políticas y sindicales propias del populismo, sobre todo las correspondientes a la provincia de Buenos Aires. Aunque no le será dado mantenerlas intactas, su actitud significa que no existe ningún motivo para suponer que tiene en mente iniciar una cruzada contra la corrupción y la politización de la Justicia. Si lo intentara, no sólo perdería en seguida el apoyo de los legisladores, sino que también tendría que enfrentar una avalancha de maniobras judiciales similares a las instrumentadas por quienes se han propuesto permitir a los pudientes salir del corralito, dejando que los ahorristas menores que quedarán atrapados en él sufran las consecuencias del colapso bancario que están procurando provocar.

Con todo, si bien han dado en el blanco Powell y otros funcionarios norteamericanos como Otto Reich, el subsecretario de Asuntos Interamericanos que afirmó que «el presidente de Estados Unidos no va a dar dinero a los países que lo desperdician, lo roban o lo hacen humo», artificio éste que nuestra clase gobernante domina con maestría asombrosa, sus esfuerzos por asegurar que la etapa actual sea una transición auténtica y no meramente el capítulo final de una historia vergonzosa no necesariamente arrojarán el saldo previsto. Lo mismo que en tantos otros países atrasados, nuestros dirigentes son expertos en el arte de aprovechar las presiones externas en beneficio propio. Puede que ningún personaje público, con la eventual excepción del sindicalista Luis Barrionuevo, estuviera dispuesto a proclamar que la corrupción es una tradición nacional que todo buen patriota debería defender, pero su forma de actuar se basa en el presupuesto de que muchos preferirían permitir que los ladrones siguieran robando a brindar la impresión de estar dispuestos a obedecer órdenes procedentes de Washington.

Al gobierno duhaldista le gusta hacer pensar que está luchando con heroísmo inédito por proteger a los pobres argentinos contra una horda de capitalistas salvajes, encabezados por el FMI y las autoridades estadounidenses, que quisieran despojarlos de lo poco que aún tienen, pero la realidad es bien distinta. Al gobierno le preocupan menos las penurias de la mitad más pobre de la población que ha sido golpeada brutalmente por las medidas tomadas en el curso de su gestión, que los «costos políticos» que le supondría un esfuerzo por llevar a cabo los cambios que todos saben necesarios. Hasta ahora, las idas y vueltas de Duhalde han sido determinadas principalmente por su voluntad de complacer a diversos lobbies y a fracciones políticas peronistas o radicales estratégicamente ubicadas, de suerte que no es del todo sorprendente que los resultados fueran tan miserables y que en el exterior, donde la defensa de las estructuras populistas no cuentan con muchos partidarios, se intensificara la impaciencia de los que por motivos comprensibles quieren que la Argentina deje de constituir un «problema» sin solución aparente para volver a ser un país «normal», relativamente estable, que sea gobernado por políticos que merezcan la tolerancia, cuando no el respeto, del grueso de sus conciudadanos.