Verdades inútiles
Muchos políticos opositores atribuyen la voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de proteger al juez federal Norberto Oyarbide –según se informa, desde Francia ordenó a sus seguidores cuidarlo al sesionar el Consejo de la Magistratura el jueves pasado– a que, como dijo la diputada Elisa Carrió, “si Oyarbide habla, caen todos”. De ser la Argentina otro país, uno en el que la mera sospecha de complicidad con un acto de corrupción resultaría más que suficiente para terminar la carrera de un dirigente popular, quienes piensan así estarían en lo cierto, pero sucede que el eventual impacto de las denuncias que podría formular el juez en el caso de que le soltaran la mano los kirchneristas dependería más de las circunstancias que de su verosimilitud. Puesto que la mayoría de los opositores y, hay que suponerlo, todos los oficialistas rezan para que transcurran tranquilamente el año y los nueve meses que, según el calendario constitucional, quedan del mandato presidencial de Cristina, Oyarbide tendría que hacer revelaciones de gravedad realmente extraordinaria para que como consecuencia de ellas cayeran “todos”. Aun cuando afirmara que siempre entendió que el aumento vertiginoso del patrimonio del matrimonio Kirchner se debió a procedimientos claramente ilícitos pero que optó por sobreseerlo a cambio de algo, la reacción general sería de resignación. El grueso de la ciudadanía se acostumbró hace mucho tiempo a minimizar la importancia de la corrupción gubernamental cuando predominaba la sensación de que la economía iba viento en popa y a indignarse al darse cuenta de que estaba por precipitarse en una nueva crisis. Cristina fue reelegida con el 54% de los votos a pesar de que fuera vox populi que su gobierno era “el más corrupto de la historia”, superando en dicho ámbito al encabezado por el compañero Carlos Menem. En aquel entonces muchos creían que sería insensato correr el riesgo de provocar una gran crisis institucional que con toda seguridad incidiría de manera muy negativa en la marcha de la economía. En la actualidad, opositores de casi todas las agrupaciones quieren que los kirchneristas se hagan cargo del ajuste que apenas ha comenzado y que se profundizará mucho en los próximos meses, razón por la que defienden con tanta pasión la estabilidad institucional, actitud que, según parece, es compartida por el papa Francisco. Así, pues, la presidenta y sus colaboradores se han visto beneficiados tanto por el presunto éxito del “modelo” kirchnerista como por su fracaso evidente. Al igual que la inflación, la corrupción es un mal que, andando el tiempo, afecta a tantos sectores que combatirla es sumamente difícil. Reducirla a un nivel equiparable con el de los países del norte de Europa, digamos, requeriría un conjunto de medidas tan antipáticas como las del operativo “mani pulite” o manos limpias impulsado por el juez Antonio Di Pietro que, en los años noventa del siglo pasado, provocaron una convulsión en Italia pero no produjeron cambios permanentes en la cultura política de aquel país. Por cierto, a esta altura escasearían los miembros de la clase política argentina que, por motivos acaso comprensibles, no hayan actuado como cómplices de malhechores, aunque sólo fuera por lealtad hacia su propio partido o un amigo personal. También se verían perjudicados por una campaña decidida contra la corrupción miles de funcionarios, magistrados, jefes policiales, empresarios y otros. Parecería que tanto en nuestro país como en otros de características similares como Italia, la actitud mayoritaria frente a la corrupción es ambigua; si bien todos, incluyendo a los corruptos mismos, coinciden en que la sociedad debería movilizarse para luchar contra un mal que está en la raíz de una proporción sustancial de los problemas nacionales, también temen que cualquier intento de eliminarlo tendría consecuencias tan dolorosas que sería mejor dejar las cosas como están. Por lo tanto, es legítimo prever que la lucha contra la corrupción siga siendo retórica y que toda vez que la indignación pública se haga sentir la clase política reaccione sacrificando a algunos “emblemáticos” que, por los motivos que fueran, carecen del apoyo de dirigentes que están en condiciones de asegurarles la protección que creerían merecer.
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