Violencia familiar en la región: Cuando los casos “en espera” desbordan

Una trabajadora del SENAF y una jueza relataron su experiencia cotidiana. Explicaron por qué cuesta tanto acercar soluciones.



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Foto: Archivo.

“Tengo más de 160 situaciones en lista de espera, incluso del 2017”, se lamentó una de las operadoras comunitarias que atiende casos de violencia familiar en el Alto Valle.

Falta presupuesto, necesitaría más compañeros que recorran los barrios, vehículos siempre disponibles (y con combustible) para acortar distancias, refugios donde proteger a quienes están en riesgo. Pero hoy debe seguir “con lo que hay”, afirma, acudir a lo más grave.

El día a día que relata esta profesional, a quien se nombrará como “Estela”, para resguardar su identidad, representa el comienzo de la cadena que atraviesan las denuncias.

Del otro lado del proceso, la jueza de Familia, Moira Revsin, relata un panorama similar. Ella es una de las que determina las actuaciones, cuando hacen falta medidas cautelares, restringir el contacto con quien agrede, ordenar una custodia policial y realizar el control de legalidad, cuando se toman las “medidas de protección excepcional”. La magistrada accedió a relatar en primera persona lo que implica su labor.

“Así no se llega a salvar a nadie”

“Urgente” es un calificativo que puertas adentro de la violencia podría encajar en todos los casos, pero no es así para quienes deben intervenir. “‘Urgentes’ se les dice a las denuncias de abusos y los hechos que involucran a niños menores de 5 años”, explica Estela y reconoce que “así no se llega a salvar a nadie (…) Deberíamos estar haciendo trabajo preventivo promocional, no atendiendo la muerte”.

Para la magistrada los expedientes rebalsan ya en los primeros pasos dentro del sistema. “Todo lo que tiene que ver con niñez va a la SENAF (Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia). Explicó que en Roca, por ejemplo, se reúnen los agentes a analizarlos y definir prioridades. Pero las necesidades son demasiadas: llegan a través de actuaciones judiciales, denuncias en comisaría, alertas espontáneos en la oficina, informes de los ETAP y de Salud, entre otros.

Presupuesto y manos disponibles

La reducción de los fondos asignados, desde Nación hacia adentro de las áreas, se siente y no va a mejorar, teniendo en cuenta la línea presupuestaria que ya se definió para este año. Repercute en lo necesario para garantizar derechos, pero también en los sueldos de los agentes que deben salir a la calle. “Por más que te gastes haciendo miles de notas de reclamo, no se contrata más personal”, cuenta Estela. Incluso si se abren convocatorias, los bajos sueldos los vuelven empleos poco rentables y atractivos para quienes se forman en Trabajo Social. No se condicen con la dedicación “full time” que requiere y el desgaste emocional, al conocer los detalles de cada familia.

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Estela conoce la situación de otras zonas de la provincia y allí la desazón crece. “En Valle Medio es imposible: una trabajadora social para tres pueblos”, grafica. Sin embargo, el contraste con una gran ciudad como Bariloche, es grande. Allí el organismo cuenta con 75 operadores (50 en los Centros de Atención Integral y otros 25, en territorio). Allí reclamaron por que se había ordenado quitar un franco en la semana, para sumar más horas de dedicación.

Factores

La violencia no es una problemática nueva, pero los tiempos de crisis la agravan. Tres factores identificó la jueza en los últimos tres años: lo económico, como ya se vio en los años 90 cuando aumentaron los índices de desempleo, hoy de la mano con el aumento en el consumo de drogas y alcohol. A ese escenario se le agregó la resistencia a la lucha por los derechos de la mujer, donde los golpes se vuelven casi una venganza frente al empoderamiento, tal como lo afirman los especialistas en género.

A pesar de ser el foco a tratar, quienes ejercen el daño quedan directamente fuera del circuito de asistencia. El SENAF no está obligado a brindarles tratamiento, sino que la responsabilidad es de Salud Pública, desde el área de Salud Mental. Pero ese sector también denuncia el colapso.

Viedma logró armar un equipo para ofrecer tratamiento, en el hospital Artémides Zatti. Cipolletti también, en el centro Ruca Quimei. El anhelo es que se replique al resto de las localidades.

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Medidas a futuro

Frente a todo esto, distintas acciones, como el fallo que resultó tras el amparo que presentó la ex defensora de menores Alicia Terraza, en 2015, obligaron a ejecutar medidas concretas, recordó Revsin. Pero aún falta.

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Según la jueza, la expectativa está puesta en la designación de la figura de “Defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, desde Nación, que ejercería el control sobre las tareas conjuntas de la SENAF y los demás sectores estatales. El rol fue creado por la ley 26061, en el 2005.

Se espera que esa oficina comience a funcionar en 2019 y sea imitada por las provincias.


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