Volar a ciegas
Para alivio del gobierno y decepción no sólo de muchos opositores sino también de empresarios preocupados por el rumbo errático que ha emprendido la economía nacional, el FMI acaba de dar al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tres meses más en que reformar el Indec para que, por fin, produzca estadísticas que sean un tanto más confiables que las confeccionadas a partir de enero del 2007. Como ya es habitual, el directorio del organismo multilateral dice que, a menos que la Argentina cumpla con sus obligaciones, se verá constreñido a “tomar medidas adicionales”, pero a esta altura entenderá muy bien que lo que está pidiendo es imposible. Además del costo político que le supondría al gobierno ceder ante una institución que ocupa un lugar destacado en su lista de enemigos mortales, el eventual sinceramiento de los datos del Indec provocaría una cantidad descomunal de problemas administrativos y legales, puesto que por lo menos algunos de los cambios resultantes tendrían que ser de aplicación retrospectiva. Por lo demás, en tal caso el gobierno se vería frente a un panorama económico muy distinto del oficialmente reivindicado, según el que el año que viene la tasa de inflación estará por debajo del 9%, puesto que según las consultoras privadas en la actualidad se aproxima al 25% y propende a acelerarse al recurrir el gobierno al expediente tradicional de imprimir más dinero a fin de atenuar las presiones políticas. Asimismo ya es evidente que, lejos de moderar las expectativas de los agentes económicos, la intervención del Indec sólo ha servido para inflarlas, por decirlo así, ya que muchos prevén que en el 2013 la tasa de inflación se acerque al 35%, nivel que, por razones patentes, entraña muchos peligros. El “modelo” kirchnerista, basado como está en estadísticas claramente falsas, se parece a una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento. No sorprende, pues, que la “sensación térmica” actual se parezca mucho a la imperante en los intervalos entre las esporádicas convulsiones hiperinflacionarias que tanto contribuyeron a la depauperación del país. No sólo se trata de lo difícil que les es a todos averiguar la auténtica tasa de inflación, sino también de la virtual imposibilidad de estimar la tasa de crecimiento real –que a juicio de los economistas del FMI ha sido inferior al anunciado por el gobierno–, el poder adquisitivo de los distintos sectores sociales y muchos otros datos que en otras latitudes son considerados fundamentales. Al optar el presidente Néstor Kirchner por mejorar los números económicos, cometió el error más nefasto de su propia gestión, uno que se ha visto agravado por la resistencia comprensible de su esposa a tomar las medidas, cada vez más drásticas, que le permitirían corregirlo. Como consecuencia de aquella decisión, el gobierno ha tenido que prestar más atención a las apariencias que a la realidad, adoptando medidas destinadas a ocultar las distorsiones aun cuando tengan un impacto económico adverso, de tal manera socavando lo que es, al fin y al cabo, su propia obra. La negativa a permitir que los técnicos del Indec hagan su trabajo como corresponde sería lamentable pero, así y todo, podría justificarse si fuera del interés del país engañar al resto del mundo. Sin embargo, aunque le ha permitido al Estado pagar menos a los tenedores –entre ellos, muchos argentinos– de bonos de deuda pública atados a la inflación, los costos globales de la maniobra han sido muy superiores a lo que se las ha arreglado para ahorrar de este modo llamativamente heterodoxo. Además de asegurar que el país se mantuviera aislado de los mercados de capitales internacionales, la manipulación de las estadísticas por parte del gobierno priva a todos, incluyendo, es de suponer, a los responsables de manejar diversas áreas de la economía nacional, de los datos que necesitan, si bien parecería que tanto los empresarios y los consumidores, como los funcionarios que de otro modo actuarían como pilotos de un avión que está volando a ciegas a través de una zona turbulenta, se han acostumbrado a pasar por alto los datos suministrados por el Indec. Por cierto, si el gobierno tomara en serio las estadísticas que los voceros oficiales juran son confiables, no se le ocurriría aprobar aumentos salariales de más del 20%.
