Ya no quedan detenidos por el caso Solano

CHOELE CHOEL (AVM).- Ya no quedan detenidos por el caso Solano. Ayer, a tres años, dos meses y 16 días de haberse ordenado su detención, recuperó la libertad el último de los siete imputados. Andrés Albarrán estaba alojado en la comisaría de Chimpay y fue excarcelado luego de haber cumplido con el depósito de una caución equivalente a 250.000 pesos. Los siete policías acusados de haber hecho desaparecer en noviembre de 2011 al joven trabajador salteño Daniel Solano fueron recuperando la libertad a lo largo de las últimas semanas tras la decisión de la justicia de concederles las excarcelaciones bajo caución, por el vencimiento de la prisión preventiva, y condicionando las liberaciones a una serie de pautas de conducta entre las que figuran no acercarse a la familia Solano, a sus abogados o a los testigos de la causa. El 16 de septiembre habían sido excarcelados Juan Barrera, Diego Cuello y Pablo Bender, y el 25 de ese mes recuperaron su libertad Sandro Berthe, Diego Quidel y Héctor Martínez. Los siete policías fueron detenidos el 19 julio de 2012, acusados de hacer desaparecer y asesinar al trabajador “golondrina” oriundo de Salta. Pese a estar libres, Berthe, Barrera y Bender siguen procesados como presuntos “coautores” de los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de persona, en concurso real”. En tanto que Albarrán, Quidel y Cuello enfrentan iguales cargos pero como “partícipes primarios”. Y Martínez, el de mayor jerarquía al momento de los hechos, llegará a juicio acusado como partícipe secundario de esos tres delitos y como autor de “abuso de autoridad y falsedad ideológica”. Pese a las reiteradas advertencias de la Cámara Criminal Tercera de Roca para que se acelere el proceso de cara al juicio, el debate oral y público aún parece lejano. El expediente, que tiene alrededor de 12.000 fojas, había sido enviado en radicación para juicio a la Cámara Criminal Segunda de Roca, pero fue devuelto al juzgado N° 30 de Choele Choel por una serie de inconsistencias y desprolijidades. Además, está pendiente la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en cuanto a si la competencia para juzgar el caso se mantiene en la justicia provincial o si todo pasa al fuero federal bajo la carátula de “desaparición forzada de persona”.