Aborto: un debate social urgente

El debate por el aborto legal, seguro y gratuito retomó fuerzas en la agenda pública y política y por séptima vez en casi 100 años se presentará el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La presentación en el Congreso de la Nación tendrá una lógica transversal ya que legisladores de distintos signos políticos adherirán al proyecto. Río Negro no es la excepción y se han pronunciado a favor del mismo legisladores de distinto signo político como Lorena Matzen o Silvia Horne. Como marco, una movilización política y social a favor del presente proyecto que se expresa en las redes sociales con el hashtag #AbortoLegalYa y en las calles con una manifestación frente al Congreso el 19 de febrero previa a la movilización del Paro Internacional de Mujeres del 8M.

En la Argentina, desde 1921 está plasmado en el artículo 86º del Código Penal el aborto por causales y desde 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia clarificó medidas que los poderes ejecutivos deben seguir adhiriendo al concepto de salud integral (físico, psíquico y social) que define la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad, sólo 9 de 24 provincias legislaron y adoptaron protocolos acordes al presente fallo, entre ellas Río Negro; otras 7 reglamentaron con limitaciones, entre ellas CABA y Buenos Aires, y hay 8 restantes que aún no tienen protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE). (Ver informe conjunto presentado al Comité contra la Tortura, “Situación del aborto en Argentina 2017”, en http://feim.org.ar/2017/03/30/situacion-del-aborto-en-argentina/)

Por lo tanto, lo que aquí se plantean son dos cuestiones: por un lado, la función del Estado de garantizar la accesibilidad a los derechos reproductivos vigentes (educación sexual integral, provisión de métodos anticonceptivos e ILE), y por otro lado legislar la IVE, o sea, con el sólo consentimiento manifiesto de la persona gestante. Actualmente, a pesar de la normativa y los protocolos de ILE vigentes tanto quirúrgicos como químicos, miles de mujeres al año son vulneradas en sus derechos humanos más básicos: se realizan promedio 500.000 abortos y mueren promedio 150 mujeres por año por prácticas no seguras (que habría que sumar al número de femicidios ya que también es una consecuencia de la violencia de género, en este caso institucional y obstétrica) y ha sido la primera causa de mortalidad materna por los últimos 30 años.

Desde el punto de vista sociológico, la práctica del aborto es un hecho social que tiene implicancias sociales, políticas, económicas, además de culturales. Es la práctica de las personas gestantes que, a pesar de su legalidad formal, en la vida cotidiana tiene una alta sanción social cristalizada en prejuicios sociales y violencia institucional que lleva a la mayoría de dichos agentes a tener estrategias individuales negativas como el aborto clandestino y/o inseguro o el cursar embarazos no queridos. Junto con la socialización desde la niñez discriminada por género de forma binaria (mujer-hombre) que asigna roles sociales diferenciados y jerarquizados, construye uno de los roles potenciales (la maternidad) como rol naturalizado. Este disciplinamiento social y político de los cuerpos coarta la toma de decisiones y las acciones de las personas al límite de poner en riesgo sus vidas. Además de ser una cuestión sanitaria, es evidente que es una cuestión de ampliación de los márgenes de libertad y soberanía de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

El debate del aborto es una cuestión de salud pública, justicia social, derechos humanos y libertad. Las dobles víctimas de la omisión del Estado en materia de políticas públicas y judicialización de estas prácticas son las mujeres en situación de pobreza. Se requiere transversalidad en las políticas públicas que garanticen ya la ley de Educación Sexual Integral, la provisión de anticonceptivos, la capacitación continua a los agentes de salud y de servicios sociales con respecto al protocolo ILE y el acceso al aborto legal tal cual está vigente. Finalmente, que se promueva el debate y la aprobación del proyecto de ley IVE en el Congreso a fin de fomentar una sociedad menos desigual y con más libertad.

* Licenciada en Sociología (UBA) y presidenta del Consejo Municipal de la Mujer de Viedma