Un parche más para el sistema previsional

Los repudiables hechos de violencia política que rodearon el tratamiento de la mal llamada reforma previsional en la Cámara de Diputados –finalmente aprobada por 127 votos a favor y 117 en contra– sólo contribuyeron a ocultar que se trata de un parche más para un sistema deficitario que representa más del 40% del gasto público nacional.

Una prueba de ello es que el cambio de la fórmula de movilidad automática será compensado por el pago por única vez en marzo de una asignación diferenciada sólo para los haberes inferiores a los
$ 10.000 mensuales. A partir de entonces pasará a ser indexada trimestralmente por un índice combinado de inflación (70%) y salarios registrados (30%), pero sobre una base más baja que la que hubiera correspondido en el 2018.

Sin duda una modificación de estas características, que afecta a más de 8 millones de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tendría que haber sido acompañada por muchas más explicaciones oficiales. Y este déficit de comunicación fue aprovechado por buena parte de la oposición para describir escenarios extremos tan engañosos como los que inversamente planteó el oficialismo.

Salvo escasas excepciones, el realismo estuvo ausente del debate plagado de argumentos ideológicos, emocionales o voluntaristas, al igual que el consenso sobre la compleja situación del sistema jubilatorio, que podría sintetizarse en los siguientes puntos:

• El principal problema estructural es que cuando se creó el actual sistema de reparto por cada jubilado había 3 trabajadores activos y hoy esa relación alcanza a apenas 1,3 aportantes, lo cual torna imposible pagar haberes medianamente decentes.

• La ya crónica existencia de un tercio de los trabajadores “en negro” (y, por ende, sin aportes) agrava el déficit del sistema.

• El blanqueo laboral propuesto por el gobierno (a costo cero para las empresas que adhieran en los primeros seis meses) condona deudas con la Anses. Pero su efecto sobre la recaudación de aportes será transitorio, hasta que no baje el costo extra salarial de emplear trabajadores en blanco, previsto para un período de cinco años.

• Las moratorias previsionales dispuestas durante el gobierno de Cristina Kirchner agregaron más de 2 millones de beneficiarios (sin aportes o con aportes parciales) al sistema, que pasó de un total de 5 a 7,5 millones de jubilados y pensionados.

• Otro problema estructural es que esas medidas coincidieron con una etapa de estancamiento del empleo privado y fuerte expansión del empleo público (1,3 millón de personas) desde el 2007, lo cual agudizó el déficit de la Anses.

• Durante la era K se acható además la pirámide de ingresos jubilatorios, ya que sólo se ajustaron los haberes mínimos y se congelaron los del resto, hasta que la Corte Suprema ordenó aplicar desde el 2009 la movilidad automática para todos. Luego fue extendida a los 4 millones de beneficiarios de la AUH.

• En el ínterin, una fuente extra de financiamiento había sido la estatización en el 2008 de los aportes individuales a las disueltas AFJP, que se integraron al sistema de reparto.

• No alcanzó a cubrir las prestaciones para el mayor número de beneficiarios, por lo cual parte de la recaudación de impuestos nacionales fue destinada a la Anses. Sin embargo, se mantuvo hasta fin del 2015 la retención del 15% en la coparticipación de Ganancias para las provincias.

• Según IdesA, en el 2017 el pago de jubilaciones y pensiones se cubrió en un 60% con aportes y contribuciones sobre los salarios y el 40% restante con impuestos nacionales o transferencias del Tesoro nacional.

• La ley de Reparación Histórica apuntó en el 2016 a resolver –parcialmente– el pago de juicios pendientes contra el Estado y evitar futuros reclamos, pero con un ingreso por única vez (el blanqueo) que elevó el déficit del sistema (2,5% del PBI).

• Paralelamente, la Anses y el Tesoro siguen financiando el déficit de las cajas jubilatorias de 13 provincias, muchas de las cuales pagan haberes más altos (en algunos casos superiores a los
$ 140.000 mensuales para exjueces o funcionarios). O bien mantienen regímenes especiales que permiten jubilarse a los 45 ó 50 años de edad.

• El pacto fiscal firmado por la Casa Rosada con los gobernadores de todas las provincias (salvo San Luis) prevé mantener ese financiamiento en el 2018, a cambio del compromiso de “impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio”, sin fecha taxativa.

• Aún así, sugestivamente desapareció la gradual eliminación del actual tope máximo de $ 82.000 mensuales para calcular aportes jubilatorios previsto inicialmente en la reforma. Esto beneficia a los sueldos más altos del sector privado, pero además a no pocos funcionarios, legisladores y jueces.

• A futuro, un problema sin debatir es la baja calidad –e ingresos– de la mayoría de los empleos creados en el 2017 (entre ellos, los titulares de planes de trabajo que figuran como monotributistas sociales con mínimos aportes jubilatorios).

• Y a más largo plazo habrá que considerar que la mayor expectativa de vida y la sustitución de empleos rutinarios por avances tecnológicos y robotización generará más gastos y menos ingresos que afectarán la sustentabilidad del sistema para los futuros jubilados.

El realismo estuvo ausente de un debate plagado de argumentos ideológicos, emotivos o voluntaristas, al igual que el consenso sobre la compleja situación del sistema jubilatorio.