Consecuencias ante la falta de planificación

Editorial

Los fuertes desequilibrios que viene mostrando desde 2003 la política energética en el país impulsaron al nuevo gobierno a encarar un sinceramiento tarifario, que implicó desproporcionadas subas en las boletas de los servicios públicos. Esto impactó, por igual, en todos los hogares argentinos.

La falta de planificación que llevó a desconocer el golpe que eso significó para los presupuestos familiares hizo que el gobierno, poco tiempo después de los anuncios, diera marcha atrás en muchos de estos aumentos, aplacando los montos excesivos que trepaban hasta el 1.500%. Luego llegaron los insólitos anuncios con topes en incrementos del 400%, como para intentar sortear las continuas protestas de la ciudadanía que ya se visualizaban en las calles de las distintas localidades del país. La judicialización del tema terminó por ser la gota que rebalsó el vaso.

Desarmar la bomba de tiempo que dejaron la expresidenta, Axel Kicillof y Julio de Vido era más complicado de lo que aparentaba.

Pero también fue el mal manejo comunicacional y ejecutivo en la aplicación de la suba de tarifas por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, lo que terminó generando costos políticos y económicos para el país con consecuencias que todavía no se pueden terminar de dimensionar.

Las decisiones del flamante ministro de adjudicar meses atrás a Shell –empresa de la que fue su CEO hasta junio de 2015 y con acciones declaradas en su poder– licitaciones para importar gasoil a la Argentina o el importar gas de Chile en un precio 130% superior al que se le compra a Bolivia enturbiaron aún más este complejo escenario.

Ante la falta de definiciones por parte del gobierno de cómo sigue el conflicto por la suba de tarifas y las inconsistencias existentes sobre lo aplicado hasta ahora, todos los actores del sistema miran con preocupación el futuro al que habrán de someterse.

Desde el punto de vista económico, se podrían frenar las inversiones que ya estaban preestablecidas por las empresas concesionarias el servicio. La compañía eléctrica Edenor fue la primera en abrir el paraguas: envió esta semana una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que manifiesta su incertidumbre respecto del futuro de su actividad. Según la empresa, si se extiende la falta de definición sobre la suba de tarifas lanzada por el gobierno en febrero, se enfrentará a una “insuficiencia de fondos disponibles que pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM, la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%”. Por estos días se espera en la plaza bursátil un comunicado similar de Edesur. Ni lerdas ni perezosas, las distribuidoras vuelven a mirar al Estado, que muestra un déficit fiscal histórico, para que habilite nuevas partidas de subsidios, que en parte ya habían sido dadas de bajas para el sector, hasta que la Justicia resuelva el conflicto.

En el plano político, el escenario no es mejor. El gobierno perdió ocho meses clave para poder hacer modificaciones imprescindibles en pos de reencauzar el sistema energético nacional. La luna de miel del presidente Macri, para aplicar medidas impopulares, está llegando a su fin y el problema de las tarifas sigue sin resolverse. El primer mandatario es consciente de que el gobierno puede llegar a tener su propia 125 si este problema se traslada al Congreso. El nivel de tolerancia política, económica y social se agota y el ministro Aranguren no encuentra la forma de elaborar una retirada ordenada, sobre lo recorrido en el tema, para no generar más daño del que ya hizo.

No pocos son los que ya hablan, dentro del núcleo de poder de la Casa Rosada, de una salida digna del titular de la cartera energética para antes de fin de año. Otros mantienen su incondicional respaldo. Mucho dependerá el futuro de Aranguren de los tiempos y las formas en que la Justicia se expida sobre el tema de las tarifas. Todas las miradas ahora están puestas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.