La tierra, un recurso mal cuidado

Editorial

Varias iniciativas y denuncias volvieron a poner esta semana sobre el tapete la gestión de los Estados nacional y provinciales con uno de los recursos estratégicos con que cuenta nuestra región: la tierra productiva y los recursos naturales asociados.

Río Negro y Neuquén participaron esta semana del foro denominado “mini-Davos”, organizado por el gobierno de Mauricio Macri, buscando interesar a inversores y poner en producción bajo riego unas 170.000 hectáreas, 50.000 en el caso neuquino y 130.000 en el rionegrino, mediante un sistema de corporaciones financiadas por fideicomisos que incluyan a privados, provincias y el Estado nacional para proyectos agrícolas que van desde la ganadería al forraje, fruticultura y cereales. Pero mientras se diagraman ambiciosos proyectos, en el Alto Valle más de 4.000 hectáreas, desde Vista Alegre a Villa Regina, han salido de producción por una crisis frutícola que distintos gobiernos no pueden contener, los precios de las chacras siguen bajando y las zonas urbanas absorben ricas tierras rurales mediante proyectos inmobiliarios que ni municipios ni provincias logran regular.

El gobierno de Weretilneck también anunció un proyecto para crear un nuevo código de tierras fiscales, que reemplace a leyes de 1961, 1980 y del 2013 que hoy regulan el tema para generar “un cambio de paradigma” en la gestión del recurso basado en una modernización de las previsiones legales, una unificación legislativa y la regularización de ocupaciones existentes. La iniciativa busca habilitar “nuevas formas de adjudicación de la tierra” y preservar su conservación y valor inmobiliario. Paralelamente, legisladores del FpV rionegrinos presentaron varias denuncias ante juzgados federales pidiendo la nulidad por inconstitucional del decreto nacional 820/16, que modificó la ley de tierras rurales del 2011, que básicamente imponía una serie de limitaciones a la propiedad extranjera de tierras rurales, especialmente aquellas con acceso a espejos de agua y en zonas de frontera. El decreto de Macri flexibilizó las condiciones de acceso a estas tierras con el objetivo de “facilitar inversiones” productivas en el sector.

Sin embargo, al poner el foco sobre la nacionalidad de los propietarios y el rol de las corporaciones y usos económicos se sigue soslayando un aspecto poco debatido en ambas provincias: la deficiente gestión de las tierras fiscales por parte de los Estados provinciales, que permitieron millonarios negocios inmobiliarios con maniobras de dudosa legalidad y potenciaron conflictos con productores rurales, comunidades indígenas y otros pobladores.

En los procesos judiciales que se ventilan actualmente en Río Negro y Neuquén por la enajenación de valiosas tierras fiscales, o en manos de tenedores precarios, se observa un patrón bastante similar. Inversores que se apropian a precios irrisorios de tierras antes consideradas “marginales” y hoy con considerable valor turístico o de recursos acuíferos, gracias a una mezcla de connivencia con funcionarios estatales de distinto rango, la explotación de vacíos legales y un deficiente control de auditoría sobre el destino real de los terrenos que se adjudican.

Los departamentos de catastro y registro de tierras y propiedad inmuebles suelen ser las “cenicientas” de las administraciones, con sistemas de mensura e información desactualizados, a pesar de algunos intentos por informatizar estas áreas. Además los Ejecutivos, tanto provinciales como municipales, suelen tener amplias facultades para disponer de los recursos. De esta manera, pululan “gestores” con buenos contactos políticos con el oficialismo de turno que acceden de manera privilegiada a información y expedientes de estos bienes para hacer negocios.

Es de esperar que los procesos de reformas legales en curso tengan en cuenta errores del pasado y establezcan sistemas claros de mensura y tenencia legal y recorten las facultades discrecionales de los Ejecutivos para enajenar estos bienes, dando mayor participación al control legislativo y de la sociedad civil de manera de evitar los abusos, más allá de la nacionalidad de los actores.