Fruta: lanzan decreto para poner en marcha el Libro Blanco

El gobierno de Río Negro sorprendió y avanzó unilateralmente en su esquema de reconversión frutícola, creando un régimen de organización de productores para su asociación y facilitar su ingreso al circuito comercial, y programar la inversión productiva.

El decreto N° 2032 –que se publicó el lunes– aprueba el Libro Blanco de la Fruticultura. Esta determinación desconcertó porque se conoció tras la reunión del viernes en Buenos Aires con todos los actores de la actividad, en la cual, se acordó que Nación asumirá el proceso y se focalizará en los consensos que Agricultura rionegrina no logró.

Posiblemente, esta institucionalización sea producto de una decisión política anterior, pues el decreto tiene fecha del 27 de diciembre. Aun así, lo llamativo es que el ministro Alberto Diomedi nada adelantó de la existencia de la norma a los productores, empresarios y funcionarios nacionales en las reuniones posteriores. En principio, su conocimiento acarreó confusión en el sector.

La norma se compone por varias páginas, incluyendo un Anexo del documento del “Libro Blanco”. En sus fundamentos, el decreto explica que la crisis frutícola “es estructural” y lleva “más de cinco años consecutivos de falta de rentabilidad “. Esa situación explica que “una fuerte caída en el empleo de la actividad”, que se traduce en “una pérdida de 8.100 puestos de trabajo entre 2010 y 2015”.

Recordó que el gobierno provincial impulsó el 2014 el “Plan para una Fruticultura Sustentable” para “fortalecer las capacidades regionales en busca de una fruticultura competitiva con equidad social”; “abastecer el mercado nacional e internacional en condiciones de competitividad” y, entre otros, “generar un ambiente de competitividad sistémica mediante la interacción de los diversos actores, asegurando el avance tecnológico, productivo y comercial, con crecimiento de inversiones y actualización de prácticas comerciales”.

El artículo 1 del decreto aprueba “el Libro Blanco de la Fruticultura”, con “el objeto de incorporar tecnología adaptada a la realidad regional” y, entre otros, “alcanzar una mayor nivel de asociatividad” mientras el segundo punto prevé que “los beneficiarios” deberán “estructurarse en Organización de Productores (OP)” para “alcanzar economías de escala comercial basadas en esquemas asociativos”, “reducir los costos de las actividades que componen la cadena de valor frutícola”, “programar la inversión productiva”, “adaptar de manera eficiente la cantidad y calidad de fruta en función de la demanda de mercado”, “coordinar la oferta comercial con otras Organizaciones de Productores (OP)”, y otros propósitos.

El artículo tercero prevé la creación del “Registro Provincial de Organizaciones de Productores (OP)”, en el ámbito de Agricultura para “incluir a todos los agentes económicos de la cadena de valor y sus formas de organización”. Ese ministerio “evaluará las solicitudes de inscripción y otorgará un certificado de adhesión al régimen, debiendo analizar y aprobar el Plan de Negocios”.

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