Los mapuches acusan por “animosidad” al fiscal general de Neuquén

Pedirán que le hagan juicio político por el allanamiento que ordenó en Tratayén a una familia, luego de que un Tribunal de Impugnación anulara el procedimiento. En esa ocasión se desalojó a personas y se secuestraron armas, bombas molotov y drogas.

El werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, anunció que pedirá el juicio político del fiscal general José Gerez, luego de que el lunes pasado se conociera la decisión del Tribunal de Impugnación (TI) de declarar la nulidad de los secuestros realizados durante el allanamiento a una comunidad.

“A nosotros lo que nos alarma no es tanto el hecho que ocurrió ese momento, sino el posterior show que montó Gerez acompañado del fiscal jefe Vignaroli (Pablo), afirmó ayer Nahuel en una conferencia de prensa que brindó en las escaleras de la Ciudad Judicial.

Añadió: “Nos parece que ese show que montaron demuestra que hay una animosidad y un acto de discriminación y de promover el odio racial de parte del ministerio público fiscal que se merece sanciones, porque sino nos generan un acto de violencia, de humillación a las autoridades mapuches”.

El 19 de septiembre se desplegó un operativo policial en cercanías a la ciudad de Añelo: se desalojó a una comunidad mapuche (lof Fvta Xayen) y se encontraron armas, drogas y bombas molotov.

Tres personas fueron acusadas por tenencia ilegal de armas, en el contexto de un caso de flagrancia en la justicia provincial pues el resto era competencia federal. La Confederación indicó que todo el material había sido “plantado”.

El TI sostuvo el lunes pasado, en una resolución unánime, que la fiscalía allanó un lugar, que era una morada, sin la orden de un juez, por lo que los secuestros eran nulos.

Las tierras que habita la comunidad están en disputa con quienes aseguran ser sus propietarios, pero en esta causa en particular no se discute si existe o no usurpación.

“A ellos no les importa violar la ley con tal de aplicar una política persecutoria contra el pueblo mapuche, eso es lo grave. Porque si la fiscalía es el primer órgano que actúa ante un delito, actúa violando las leyes, estamos en peligro, estamos amenazados por la fiscalía”, remarcó Nahuel.

El juicio político es el mecanismo que prevé la Constitución provincial para juzgar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, al fiscal y al defensor general.

La denuncia se presenta en la Legislatura a efectos de que se promueva la acusación. El caso más reciente de un vocal removido de su cargo fue Eduardo Badano en 2008.

El jurado de enjuiciamiento se aplica para los restantes integrantes del poder judicial por la causal de mal desempeño o comisión de delito.

Nahuel manifestó que podría pedir, además del juicio político contra Gerez , el jury contra Vignaroli.

El fiscal jefe enfrentó una denuncia en su contra que fue declarada por mayoría inadmisible el 23 de marzo de 2010.

El operativo en Añelo se hizo en el marco de un conflicto por la tierras que ocupa la comunidad, reclamadas como propias por particulares.

Hay una actitud de persecución, de criminalizar lo que es la demanda justa de territorio de lo que son las comunidades mapuches. Y en esa tarea está el Ministerio Fiscal en pleno”.

Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén

Datos

El operativo en Añelo se hizo en el marco de un conflicto por la tierras que ocupa la comunidad, reclamadas como propias por particulares.

Con menos de dos semanas de diferencia el Ministerio Público Fiscal de Neuquén llevó a audiencias para imputación a más de una veintena de integrantes de dos comunidades mapuches y tiene en carpeta otras dos causas penales en contra de otros grupos, en todos los casos por supuestas usurpaciones violentas de terrenos en la zona caliente de Vaca Muerta.

“Río Negro” dialogó con el fiscal general de Neuquén, José Gerez, quien remarcó que “todo tiene un límite, el límite es el delito y la ley. Cuando los conflictos perduran y no se resuelven a través del diálogo, el derecho procesal penal tiene que actuar porque no puede dejar ese conflicto librado al azar de manera indefinida. Esto es lo que hemos decidido hacer”.

Gerez aseguró que “es un cambio firme en la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, privilegiando primero el diálogo pero si no es la herramienta elegida, se aplican políticas de persecución penal”. Y detalló que “hemos tenido tolerancia para resolver los conflictos de otra forma pero como no se resuelven comenzamos a través de la persecución penal a lograr el restablecimiento del orden legal”.

Para el funcionario se trata de una nueva política que se aplica a todo conflicto social gravitante, entre los que señaló además los incidentes armados entre integrantes de la Uocra, los conflictos gremiales, los cortes de ruta y las tomas de terrenos.

“La Uocra llegó al límite con el uso de armas de fuego en sus conflictos internos por eso resolvimos allanarlos para quitarles las armas”, detalló y agregó que “con los cortes de rutas el protocolo se inicia con tratar de resolverlo por medio del diálogo, luego se los intima para que desalojen por su voluntad y si no lo hacen, está la posibilidad de acudir a la fuerza pública. Y es exactamente igual con las tomas”.

Gerez aseguró que “la política de persecución penal no puede estar ajena a los intereses productivos y económicos del Estado, tiene que acompañarlos. Son señales que debemos dar como organismo que fija las políticas de persecución penal, señales que uno debe dar también hacia la sociedad y fundamentalmente hacia el inversor, que sigue con preocupación el desarrollo de los conflictos sociales en Neuquén”.

Remarcó que “este es el momento oportuno de Neuquén para que todos los dirigentes gremiales y sociales y también las empresas tomen conciencia de que hay que cuidar y garantizar la paz social para procurar el desarrollo”.

Mediaciones

Gerez explicó que “desde el 2014 hacemos todo el tiempo gestión de la conflictividad. Ante cada caso hacemos un análisis de los resortes del Estado para tratar de resolverlo a través del diálogo. Lo hacemos siempre, es proteger la paz social”.

Y señaló que “tenemos un área de Mediación Penal que es inédita en el país y en la cual hemos resuelto un montón de conflictos, muchos con comunidades mapuches, de forma satisfactoria”.

Entre los casos abordados recordó las mediaciones realizadas con los trabajadores de la minera Andacollo Gold, con las obreras de Textil Neuquén y los transportistas de Corfone. Pero también con vecinos de Villa Traful tras que un perro atacara a una persona, con la comunidad educativa de Rincón de los Sauces tras la agresión a un docente y una toma de terrenos en Chos Malal.

“La política de persecución penal no puede estar ajena a los intereses productivos y económicos del Estado. Es una señal para la sociedad y fundamentalmente hacia el inversor”.

José Gerez, fiscal general del Poder Judicial neuquino.

Cuatro causas por

pedido de tierras

Seis integrantes de la comunidad Campos Maripe están a punto de ser acusados de usurpar un campo de la familia Vela en la zona norte de Añelo.

Veintidós personas fueron imputadas por los delitos de usurpación de tierras en Tratayén. Se trata de un grupo vinculado a la familia Mardones.

Una denuncia de usurpación de una chacra en la zona cercana a Tratayén está siendo investigada por la fiscalía.

Marcelo Rocco, un vecino de Añelo que dice ser el lonco de la comunidad mapuche en creación Peñihuen, fue condenado días atrás por los daños que causó en una propiedad que ocupa y por la cual hay una acción civil en marcha.

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“La política de persecución penal no puede estar ajena a los intereses productivos y económicos del Estado. Es una señal para la sociedad y fundamentalmente hacia el inversor”.

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