La Justicia reclama más fondos

El Poder Judicial necesitará un aporte de 582 millones de pesos de la Tesorería provincial para financiar su actividad durante el 2017, un 25% del total de gastos que calculó en su proyecto de presupuesto.

El Tribunal Superior de Justicia alertó que resulta “ineludible” revisar el porcentaje de coparticipación federal que tiene asignado porque aseguró que hay una “ausencia de autarquía material” que colisiona con los principios republicanos.

El texto que fue enviado el lunes a la Legislatura es de 2.337 millones de pesos, de los cuales un 91% se destinará al pago de salarios.

La coparticipación será la principal fuente de recursos, que ascenderá a 1.680 millones de pesos (97%), seguido por los 582 millones de contribuciones figurativas del Tesoro (25%). Un mínimo porcentaje (3%) será en concepto de recaudación propia por multas, tasas judiciales y honorarios de defensores oficiales.

Los vocales plantearon que el presupuesto expone “una relación de equilibrio entre recursos y gastos”, pero advirtieron sobre la “delicada situación financiera que presenta año a año el Poder Judicial” y que se refleja en el incremento de la asistencia del Poder Ejecutivo a través de contribuciones figurativas.

Ausencias

“En este contexto de ausencia de autarquía material, el presupuesto que se presenta tiende a satisfacer escasamente las mínimas necesidades de funcionamiento de este Poder Judicial para cumplir su misión institucional”, expusieron.

Los fondos, dijeron, “limitan las posibilidades de ampliar el proceso de ‘reforma penal” iniciado con la sanción del nuevo código de procedimiento”.

En el proyecto afirmaron que “resulta ineludible la revisión del porcentaje de coparticipación federal de impuestos a fin de dotarlo de una infraestructura económica financiera que permita satisfacer adecuadamente las lógicas expectativas que la sociedad exige a los organismos judiciales de la provincia”.

Actualmente, el porcentaje que fija la ley 1971 es del 18%. Desde el 2009, ese número se tornó insuficiente, por lo que la justicia debe recurrir sistemáticamente a auxilios del gobierno provincial para cumplir con sus obligaciones.

Durante la presentación del presupuesto 2017, “Río Negro” consultó al gobernador Omar Gutiérrez si estaba dispuesto a atender el llamado de atención del Poder Judicial. La respuesta fue tajante: “esas son otras leyes. Esta es la ley de presupuesto y acá están plasmados los requerimientos presupuestarios de la provincia”.

El presupuesto judicial, al igual que el provincial, no contempla subas salariales.

Cómo prevé gastar

la Justicia

$ 2.043 millones se destinarán al pago de salarios. La planta de personal se fijó en 2.397 cargos más.

$ 35 millones se asignaron a la refacción y construcción de edificios judiciales.

$ 40 millones se prevé en bienes de uso como la incorporación de tecnología, compra de vehículos y mobiliario destinado a los nuevos organismos.

$ 200 millones se destinarán a servicios para las necesidades de los organismos judiciales más los posibles aumentos tarifarios.