Continúan en la Justicia reclamos de pagos por la visita presidencial de 2012

Cinco años después, la Justicia mantiene latente aquella costosa visita de la expresidenta Cristina Fernández a Bariloche para participar del Tedeum de 2012. La provincia, todavía, se resiste a ciertos pagos de los servicios de esa recepción y, frente a la demanda de una empresa, el Superior Tribunal de Justicia resolvió el mecanismo de cancelación.

Los servicios contratados por Río Negro totalizaron más de 2,6 millones, y fueron destinados a los actos de Cristina Fernández, en Bariloche, que evitaba así asistir al Tedeum de la Catedral de Buenos Aires y, consecuentemente, la homilia del hoy Papa Francisco, el entonces obispo Jorge Bergoglio.

Un posterior relevamiento periodístico permitió conocer el costo de esa jornada del 25 de Mayo para Río Negro y, en especial, la irregular modalidad de contratación realizada por la Secretaría General, en ese momento a cargo de Julián Goinhex. Difundida esa situación, el gobierno provincial paralizó la tramitación de pago, especialmente por reparos de los órganos de control, y los reclamos todavía persisten, incluso algunos con acciones judiciales.

Esta semana, Audiovisual Systems SA -a quién se le alquiló pantallas gigantes Led, y servicios de cámaras, proyección y sistemas de videos- logró una resolución desfavorable del Superior Tribunal de Justicia cuando pretendía cobrar sus originales 283.140 pesos por sentencia judicial, con intereses, mientras la provincia defendió su cancelación por “legitimo abono”. En votación dividida, el STJ otorgó la razón al Estado y valoró ese mecanismo de pago “extraordinario” cuando existen incumplimientos administrativos.

Esa resolución revocó un fallo de la Cámara Civil en favor de la empresa, ordenando su liquidación con un criterio ajeno a la administración pública al entender que el legítimo abono tramitado “tenía una demora o desidia” de la provincia (lo consignó “sin actividad alguna” en la Fiscalía de Estado, con ingreso en diciembre del 2012).

Ante el STJ, la Fiscalía de Estado negó “la existencia de cualquier contrato” y que “se accedió a él en forma irregular al no haberse respetado los procedimientos de contrataciones”, “no encontrarse perfeccionado” y existir para “un eventual pago la vía del Legítimo Abono”. Vale recordar que la contratación y esa opinión corresponde a la misma gestión de Alberto Weretilneck.

A su turno, el STJ priorizó la aplicación del “legitimo abono”, a pesar que el juez Enrique Mansilla votó en línea con la Cámara.

La mayoría se conformó con Ricardo Apcarian, Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto. El primero defendió aquel mecanismo de pago, pues se transformaría en letra muerta si prospera la opinión de la Cámara. En referencia a los privados, Apcarian afirmó que es obligación de quienes deseen vinculase con el Estado el deber de conocer la normativa a la que se sujetan las contrataciones y, por eso mismo, deben asumir el eventual perjuicio que les irrogue la espera de la tramitación del legítimo abono”.