8N: el “no” como ejercicio de ciudadanía

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LUIS RAPPOPORT (*) Publicado en “Clarín”

Soy economista y fui a la marcha del 8N. Inevitablemente en mis juicios sobre el gobierno pesa mi desacuerdo con la política económica y social. Creo que la inflación es negativa para la economía, entre otras cosas porque golpea desmedidamente a los sectores de menos recursos, no permite la creación de un mercado de ahorro y de crédito –con lo cual se corta toda posibilidad de financiamiento a la inversión– y genera un impuesto no coparticipable que usufructúa el poder central sin repartirlo a las provincias. Sostengo que el anclaje del dólar, como mecanismo antiinflacionario, sin otros mecanismos para poner en caja el aumento de los precios, compromete a las industrias y a las economías regionales –y al empleo formal– al impedir su expansión exportadora. Por otra parte creo que el déficit fiscal y el atraso cambiario se están haciendo crecientemente insostenibles y rompen con los consensos sobre los cuales se edificó el crecimiento económico de los primeros años posteriores a la crisis del 2001/2002. También estoy preocupado por el deterioro de la calidad y la equidad educativa: ese deterioro enfrenta a una cohorte de argentinos al peligro de no poder salir de la pobreza, ni aportar con su esfuerzo al destino común. Desde luego, mi lista de desacuerdos es más amplia y daría para varios artículos en la prensa. Sin embargo no fui a la marcha del 8N por esos desacuerdos. Me manifesté por tres motivos: “no a la mentira”, “no a la corrupción”, “no al avasallamiento del Poder Judicial”. Como se ve, se trata de tres negaciones. No pueden ser expresadas por una fuerza política en particular, porque deberían ser expresadas por todas las fuerzas políticas, incluido el oficialismo. Que el gobierno no mienta y acate el mandato constitucional de la publicidad de los actos de gobierno, que los funcionarios cumplan con la ley y no roben y que se respete la autonomía del Poder Judicial, que éste no sea corrompido o intimidado por el Poder Ejecutivo, son precondiciones para la convivencia democrática. Mis desacuerdos con la política económica y social son de otro orden, puedo debatirlos, puedo votar una opción electoral que me represente mejor y puedo tratar de influir con mis opiniones para crear un consenso más afín a mis ideas. Pero sin las tres precondiciones mencionadas, todo debate se ve enrarecido: ¿cómo debatir sobre los efectos de la inflación si el Indec –y la presidenta– miente?, ¿cómo discutir de economía si las cifras del PBI son deliberadamente exageradas?, ¿cómo respetar a funcionarios que otorgan inexplicables concesiones –como el regalo del 25% de YPF a un amigo–?, ¿cómo aceptar que el Poder Ejecutivo desobedezca fallos de la Corte Suprema de la Nación? Por fortuna, las tres demandas que me llevaron a la marcha del 8N se replicaron en los carteles de otros manifestantes. No fui el único. Por eso la marcha me recordó a los primeros años posteriores a la dictadura militar: lo que queríamos los argentinos era “democracia” . Y, mal que le pese al gobierno, además de las elecciones, la democracia requiere que los gobernantes cumplan con la ley, respeten la división de poderes y no mientan en la información necesaria para evaluar la marcha del país. La presidenta de la Nación manifiesta su incomprensión a las tres demandas. Y creo que, aunque las comprende, no puede hacer nada para satisfacerlas. Porque tiene miedo de enfrentar la verdad, es esclava de sus mentiras. Si deja de mentir con las estadísticas, pone en evidencia que los precios suben a un ritmo cercano al 25% anual, que el peso está más sobrevaluado que en los demonizados años de Cavallo, que ni el crecimiento ni la equidad mejoraron tanto como para valorizar un inexistente “modelo” y que la pobreza en la Argentina es lacerante. Si acata el fallo de la Corte en el caso del procurador de Santa Cruz, se ve obligada a dar cuenta de los millones de dólares que recibió esa provincia después de la privatización de YPF, con el riesgo de que se desdibuje la figura mítica de Néstor Kirchner. Y, por fin, indagar seriamente casos como el de Ciccone develaría una corrupción obscena en el riñón del poder. La pregunta sería: ¿por qué marchar defendiendo los valores de la convivencia democrática si resulta tan obvio que el gobierno se va a hacer el desentendido? Y la respuesta es sencilla: para que cueste. Para que a este gobierno y a los próximos les resulte crecientemente insoportable robar, mentir y manipular a la Justicia. Para hacer ejercicio de ciudadanía. (*) Economista. Miembro del Club Político Argentino